La Junta de Fiscales de Sala ha conocido este jueves las razones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, para permanecer en el cargo pese a que la Sala Penal del Tribunal Supremo va a investigarle por la supuesta revelación de datos reservados relativos a la denuncia por delitos fiscales interpuesta contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El más sensible de esos datos era el reconocimiento por parte de la defensa del empresario Alberto González Amador de que había cometido dos delitos fiscales, respecto a los que quería llegar a un pacto con el fiscal autor de la denuncia, Julián Salto.
El ofrecimiento de ese pacto con la admisión del delito fue expresado por la defensa de González Amador en un correo electrónico dirigido a Salto que se filtró a la Prensa. Primero, de forma manipulada, en algunos medios (que dijeron que el pacto había sido planteado por la Fiscalía y después retirado con el fin de llevar a juicio a la pareja de Ayuso) y luego de forma íntegra en otros medios.
García Ortiz ha sostenido que ni él ni su entorno filtraron ningún correo y, por ello, tiene la confianza en que el procedimiento penal acabe sin un resultado negativo para él.
Durante la reunión, que se ha prolongado durante tres horas, se ha puesto de manifiesto que el Ministerio Público siempre ha sostenido que no había ninguna revelación indebida en la nota informativa -cuya difusión asumió en primera persona el fiscal general- en la que se desmentían las noticias falsas sobre el ofrecimiento del pacto.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sí vio indicios de revelación de secretos en esa nota de prensa y elevó una exposición al Tribunal Supremo en la que no mencionaba ningún indicio delictivo en relación con la filtración de los correos.
El Tribunal Supremo ha descartado que la difusión de la nota de prensa autorizada por el fiscal general sea delictiva, dado que los datos que dio a conocer fueron publicados con anterioridad por los medios, por lo que, estrictamente, ninguna revelación se produjo.
La mayoría de los fiscales de Sala han compartido que García Ortiz siga en su puesto en espera de la evolución de la investigación del Supremo. De los 30 presentes (cinco no han podido asistir), han intervenido 23 y, de ellos, ocho han defendido abiertamente que el fiscal general tendría que dimitir en beneficio de la imagen y la credibilidad de la institución.
Esta postura ha sido defendida con claridad -otros lo han sugerido de forma más matizada- por Javier Huete, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Consuelo Madrigal, Antonio Narváez, Elvira Tejada y Javier Zaragoza.
Pero la mayoría de la cúpula fiscal sostiene que García Ortiz tiene que aguantar. Algunos de los intervinientes han defendido que, si se marcha, se sentaría un «precedente peligroso»: cualquier querella bien redactada que sea admitida a trámite bastaría para apartar al fiscal general del cargo.
Aunque no ha habido votación, las fuentes consultadas han indicado que la mayoría de los intervinientes han expresado su respaldo a García Ortiz, en ocasiones con críticas al Tribunal Supremo. En una de las intervenciones se ha hablado de la «frivolidad» de la Sala Penal abriendo una causa al fiscal general por la difusión de los correos electrónicos.
El resultado de la Junta no es sorprendente si se tiene en cuenta que la mayoría de los ‘generales’ de la carrera han sido nombrados por García Ortiz o por su antecesora, Dolores Delgado.
Pero entre los que han respaldado la postura de García Ortiz también se encuentran fiscales de Sala nombrados por fiscales generales anteriores, como el jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, o el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Este último, no obstante, ha advertido que la situación puede complicarse en función de la evolución del proceso abierto por el Tribunal Supremo.
