Un intenso debate se ha abierto desde que el Ministerio de Defensa tomara la decisión de ceder cuarteles para la acogida de migrantes en lo que consideran que es una «crisis migratoria sin precedentes». Las condiciones de las instalaciones cedidas, su función original y, especialmente, las responsabilidades adicionales que se imponen a las Fuerzas Armadas, están en el punto de mira.
«No somos guardias de seguridad ni trabajadores sociales. El Ejército tiene una función específica, y la cesión de estos espacios nos obliga a asumir responsabilidades para las que no estamos preparados», sostiene Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropas y Marinería (ATME), en una conversación con EL ESPAÑOL.
El contexto actual es especialmente crítico en regiones como Ceuta, Canarias y Madrid, donde, según los gobiernos regionales, la llegada de migrantes ha desbordado las capacidades de los sistemas de acogida.Datos recientes del Ministerio de Defensa demuestran que se han destinado más de 426.000 metros cuadrados para la instalación de campamentos y centros de acogida de migrantes. Estos espacios incluyen terrenos, hospitales y cuarteles militares que, en muchos casos, estaban en desuso o necesitaban urgentemente reformas.
Vista de los exteriores de la base Primo de Rivera de Alcalá de Henares, a 28 de noviembre de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España)
Más de 2.000.000€
Uno de los ejemplos más visibles es el de los cuarteles General Arteaga y Primo de Rivera en la Comunidad de Madrid. Estas instalaciones fueron reformadas con un coste total de 2,3 millones de euros, aprobados por el Consejo de Ministros entre noviembre de 2023 y enero de 2024, con el objetivo de crear centros de acogida para migrantes.
Desde entonces, más de 1.200 personas han sido trasladadas a estos cuarteles desde las Islas Canarias, donde la crisis migratoria alcanza constantemente cifras récord. Sólo en lo que vamos de año, casi 40.000 migrantes han llegado a Canarias y Ceuta y, de estos, aproximadamente mil han fallecido en su intento de llegada.
Gómez, que es además cabo primero del ejército de tierra, destaca que las instalaciones militares ya presentaban deficiencias significativas antes de su cesión. «Muchos de estos cuarteles no tienen agua caliente, presentan problemas estructurales o directamente están en un estado de abandono», explica.
Imagen del campamento para inmigrantes levantado en el antiguo cuartel del Regimiento Canarias 50.
Para él, la preocupación no radica únicamente en la adecuación de estos espacios para la acogida de migrantes, sino también en el impacto que estas decisiones tienen sobre las condiciones de vida y trabajo de los militares. Uno de los puntos críticos que subraya la ATME es la falta de recursos y presupuesto destinados a mejorar las infraestructuras militares.
«Es frustrante que no haya fondos para mantener nuestros cuarteles en buen estado, pero que de repente se encuentren millones para adaptarlos como centros de acogida», lamenta Gómez.
Uso de cuarteles
Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas sostienen que los cuarteles no están diseñados para cumplir funciones de asistencia social o humanitaria. «Los militares están formados para la defensa y la seguridad, no para gestionar la acogida de migrantes, que requiere de personal especializado, tanto en términos de atención psicológica como de comunicación intercultural», señala Gómez.
Una de las habitaciones del acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares.
En algunos casos, las instalaciones militares no están equipadas para garantizar la coexistencia segura entre el personal militar y los migrantes. Gómez menciona que en algunos cuarteles, como el General Arteaga en Madrid, donde se almacenan equipos sensibles y armamento, la presencia de civiles ha generado una sensación de inseguridad entre los soldados.
Sin embargo, el uso de cuarteles militares como centros de acogida no es un fenómeno nuevo en España, aunque sí ha cobrado una mayor relevancia en los últimos años debido al aumento de la llegada de migrantes, particularmente menores no acompañados. El caso de Canarias es emblemático. Con más de 5.000 menores bajo tutela, el archipiélago ha tenido que recurrir a medidas extraordinarias, como la instalación de campamentos temporales y la cesión de estos cuarteles para aliviar la saturación en los centros de acogida.
Allí, entre las instalaciones cedidas se encuentran la base militar General Alemán Ramírez en Gran Canaria, con 38.587 metros cuadrados; el campamento militar Teniente Coronel Valenzuela en Fuerteventura, que abarca 53.283 metros cuadrados; y tres instalaciones en Tenerife: el cuartel de Las Canteras (87.428 metros cuadrados), el cuartel de Las Raíces (76.820 metros cuadrados), y otros espacios en La Cancela, El Hierro, con 23.734 metros cuadrados.
Situación de emergencia
El Ministerio de Defensa, por su parte, ha defendido la cesión de cuarteles como una medida necesaria ante «la emergencia migratoria que vive el país». Fuentes del ministerio han señalado a EL ESPAÑOL que se están realizando esfuerzos coordinados con otras instituciones para garantizar que los cuarteles cedidos cumplan con las condiciones mínimas de dignidad para las personas acogidas.
Asimismo, destacan que las reformas realizadas en estos espacios no sólo benefician a los migrantes, sino también a los militares que los utilizan, ya que muchas de estas instalaciones estaban en desuso o necesitaban mantenimiento urgente. Sin embargo, estas justificaciones no han sido suficientes para calmar las preocupaciones dentro de las Fuerzas Armadas.
Militares españoles vigilan el paso fronterizo de la barriada de Benzu tras un intento de salto de valla por alrededor de 200 migrantes, a 30 de octubre de 2023, en Ceuta (España).
Para muchos militares, el problema de fondo es la falta de recursos y la percepción de que sus necesidades son ignoradas en favor de prioridades políticas. Según Gómez, «el ejército español es una de las instituciones peor retribuidas del país. Los soldados ganan en promedio 1.100 euros al mes, una cifra que no se corresponde con las responsabilidades que se les asignan«.
Además, la ATME ha denunciado en varias ocasiones que las condiciones de vida en muchos cuarteles son precarias, con alojamientos en mal estado y falta de servicios básicos, como agua caliente o calefacción.
