El Partido Popular acusa al Gobierno de haber presentado ante la Comisión Europea un Plan Fiscal y Estructural a medio plazo que «es un plan de ajuste fiscal en toda regla» y que deja para la próxima legislatura la parte más dura de la contención del gasto. Así se lo ha trasladado este miércoles la diputada del Grupo Popular Milagros Marcos al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la comparecencia de este en la Comisión Mixta para la Unión Europea, en el Senado. Marcos ha exigido al Gobierno la «presentación formal en el Parlamento» del Plan Fiscal y Estructural ya que, según ha dicho, «es un documento que condiciona los Presupuestos de los siete próximos años«, y, por ende, las decisiones del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales.
En el Plan Fiscal negociado con Bruselas, España se ha comprometido a que el gasto del conjunto de las administraciones públicas (en términos de ‘gasto primario neto de medidas fiscales‘) crezca solo a un promedio del 3% en cada uno de los siete próximos años (frente al 5,3% de 2024 y a un promedio del 4,1% desde 2014). En la práctica, esto equivale a encajar en las cuentas de las administraciones públicas un ajuste presupuestario anual medio equivalente al 0,42% del PIB (unos 6.300 millones de hoy) hasta 2031, según detalla el documento del Gobierno.
Sin embargo, el gasto promedio del 3% se reparte de forma desigual en cada uno de los siete años en los que se distribuirá el ajuste previsto en el Plan Fiscal. En concreto se prevé que el crecimiento del gasto será mayor en los primeros años (el 3,7% en 2025; el 3,5% en 2026 y 3,2% en 2027); en los años 2028 y 2029 será del 3% y en los dos últimos ejercicios será algo inferior (2,5% en 2030 y 2,4% en 2031). Si se adoptan subidas de impuestos adicionales, el gasto podrá ser más elevado (en la misma medida).
Cuerpo: «No se está dejando ningún ajuste para el final»
La diputada del PP ha afeado que el Gobierno haya dejado para los cuatro últimos ejercicios (2028-2031) la parte más exigente de la regla de gasto a pesar de que la Comisión Europea había planteado una distribución más uniforme del ajuste a lo largo del periodo de siete años. «Están aplazando los ajustes al final del periodo. El que venga detrás que lo resuelva. Nada que ver con el reparto lineal que ha propuesto la Comisión Europea», ha dicho Milagros Marcos, que también ha criticado la previsión del Gobierno de nuevas subidas de impuestos en los próximos años.
«No se está dejando ningún ajuste para el final. El reparto del esfuerzo es lineal. Es un esfuerzo de 0,4 puntos de PIB cada uno de los siete años», ha respondido el ministro a la diputada. Cuerpo ha explicado que el tope de crecimiento del gasto para cada año guarda relación con el crecimiento del PIB previsto para cada ejercicio, y este es mayor en los primeros años del plan. «Cuanto más estemos creciendo, más capacidad de gasto podremos generar para realizar un mismo esfuerzo [del 0,4 del PIB]. Eso es lo que hay detrás de esta senda. Aunque usted vea detrás de ese gasto que va decreciendo a lo largo de los años, no hay otra razón que la previsión de un crecimiento más fuerte y robusto en los primeros años y, por tanto, un incremento de los ingresos que permitirá un aumento medio del gasto del 3,4% en los cuatro primeros años», ha dicho Cuerpo a la diputada.
Colaboración de autonomías y ayuntamientos
En el documento de 68 páginas remitido a Bruselas, del Gobierno deja claro que espera la colaboración de comunidades autónomas y de ayuntamientos para que España pueda cumplir los compromisos asumidos con la Unión Europea. El texto da por hecho que «el firme compromiso de las comunidades autónomas con los objetivos del Plan de medio plazo contribuirá a garantizar el respeto a la senda de gasto neto» (promedio del 3% hasta 2031). No obstante se apunta que, para reforzar el compromiso, «se implementarán medidas que aseguren una gestión responsable de los recursos». Aunque no se concreta qué tipo de medidas serán estas sí se apunta que, en todo caso, «se dará prioridad a inversiones que generen un impacto positivo en el bienestar de la ciudadanía y en el crecimiento económico».
En cuanto a los ayuntamientos, el documento remitido a Bruselas sostiene que «la aplicación de los límites derivados de la regla de gasto favorecerá la vuelta a posiciones de superávit presupuestario», después de los déficits anotados en 2022 y 2023.
Aunque el Plan Fiscal fija el aumento máximo del gasto público computable para cada uno de los siete ejercicios en los que se reparte el ajuste, no detalla cómo se repartirá ese tope entre cada uno de los diferentes niveles de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales). Este reparto está pendiente de las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios (en particular, con Junts) para la aprobación de la senda de objetivos de déficit y de deuda 2025-2027.
