El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado este miércoles a la familia del militante anarquista Salvador Puig Antich una declaración de reconocimiento y reparación como víctima del franquismo, rubricando la nulidad de la sentencia y el tribunal que lo juzgó. Puig Antich fue el último preso ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974 a manos del régimen franquista.
«Nuestra democracia tiene entre sus funciones y obligaciones reparar a quienes fueron víctimas de la dictadura. Nuestra democracia no es completa si no se reconoce y repara el daño», ha proclamado el ministro Torres durante este acto con la familia de Puig Antich.
Coincidiendo con el 50º aniversario de su ejecución, se han realizado múltiples actos conmemorativos en Catalunya para rendir homenaje a la figura de Puig Antich, entre ellos, los organizados en la misma prisión en la que fue ejecutado, La Model, o el Ayuntamiento de Barcelona.
Con su hermana presente
Una de las hermanas de Salvador, Inmaculada Puig Antich se ha mostrado «muy emocionada» en el acto, al que también han acudido sus hermanas Montserrat, Carme y Merçona. Inmaculada ha afirmado que llevan 50 años luchando «por la dignidad» de su hermano Salvador. El ministro, dirigiéndose a ellas, ha afirmado que la familia «también es víctima, por haberle perdido desde tan joven» y que las sensaciones, al recuperar la dignidad de su hermano quizá son «agridulces», porque, «por un lado, llevan demasiado tiempo esperando, pero, por otro, las cosas se han colocado en su sitio».
Durante el acto, se ha dado lectura a la Declaración de Reconocimiento y Reparación, que indica que se entrega el documento por la condición de víctima de Puig Antich, «por haber sido condenado a pena de muerte en la causa 106/73 seguida en el Consejo de Guerra celebrado el 8 de enero de 1974 en Barcelona, y ejecutado por el régimen franquista el 2 de marzo de 1974«.
Y continúa diciendo que, bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática, «declara la ilegalidad y la ilegitimidad de los tribunales, jurados o cualesquiera otros órganos penales y administrativos, como los Consejos de Guerra, constituidos para imponer condenas o sanciones de carácter personal, así como la nulidad de las sentencias y resoluciones que dictaron, por ser contrarias a derecho y vulnerar las más elementales exigencias a un juicio justo».
