La oferta se hace llegar esta semana a mandos militares y policiales con una dirección de correo electrónico para contestar en caso de que les interese. Se ofrecen puestos de director en cinco de los centros de acogida de extranjeros que en esta etapa se han convertido en estratégicos para el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, y de forma lateral también para Interior, además de en objetivos de campañas vecinales xenófobas. El Gobierno busca a oficiales que quieran asumir el mando en los centros madrileños de Carabanchel y Alcalá de Henares, el murciano de Cartagena, el extremeño de Mérida o el de La Laguna, en Tenerife, este último a menudo foco de polémicas en la isla canaria por sus episodios de saturación.
Se encarga de esta búsqueda el subdirector general de Centros del Sistema de Acogida, el coronel del Ejército Rafael Núñez. Dada la dificultad para cubrir puestos tan delicados, la oferta se ha extendido a profesionales de la Seguridad del Estado en situación de reserva. No importa su graduación ni si están o no en activo.
Las plazas se ofrecen a oficiales que, de aceptar, pasarían a estar cubriendo una vacante del tipo A5. En la Administración General del Estado, esa clasificación responde a puestos aptos para militares, guardias civiles y policías nacionales.
Servicio especial
Inclusión ha añadido atractivo a la oferta ofreciendo a quienes la acepten trabajar clasificados en un nivel 29 del funcionariado, en la práctica de subdirector adjunto. Es una franja en la que los salarios oscilan entre los 65.000 y los 75.000 euros. Un mensaje que ha distribuido el Sistema de Acogida del Estado entre posibles candidatos les especifica que, de aceptar la oferta, estarían «en situación administrativa de Servicios Especiales».
En la Dirección General de Atención Humanitaria y Centros de Acogida del Ministerio de Inclusión está fijado un complemento específico de 23.482,06 euros anuales para los puestos de director de centro de extranjeros. Ese complemento se une al complemento de destino, que en la AGE está fijado para el nivel 29, que suma 14.554 euros.
Los puestos ofrecidos no implican trabajos ordinarios. El centro de extranjeros de Carabanchel arrancó hace un año con 420 plazas habilitadas, pero ya tiene 1.200. Este centro, colocado en el acuartelamiento en desuso General Arteaga, cedido por Defensa, formó parte el año pasado de un plan urgente de extensión de plazas para la acogida de extranjeros en la península, después de un verano de intensa crisis migratoria en Canarias.
Parte de ese plan fue también la obtención por Inclusión, gracias a una cesión municipal, del albergue de Mérida, y dos aportaciones más de Defensa: instalaciones del viejo Hospital Naval de Cartagena y en la base Primo de Rivera, en Alcalá de Henares, que fue de paracaidistas. Las cuatro adquisiciones permitieron ampliar la red de alojamientos del Sistema de Acogida del Estado en 3.700 plazas.
Polémicas
Las polémicas políticas suelen rodear a estos centros, utilizados como palanca de campañas xenófobas. En el caso del de Carabanchel, porque Ayuntamiento y Comunidad de Madrid denunciaron en su día -invierno de 2023- que el Gobierno no había contado con ellos para decidir la ubicación de los extranjeros que duermen bajo su techo, y por que Vox Madrid usa el lugar como base de su argumentario sobre migrantes y seguridad. En el caso de Mérida, la última polémica es más reciente: el consistorio cedió el edificio, pero ahora ha sido denunciado públicamente por negarse a empadronar a 18 de sus alrededor de 400 inquilinos de origen africano.
En el caso de Alcalá de Henares, entidades vecinales y oenegés llevan difundiendo desde enero pasado que los migrantes llegados a esa ciudad viven condiciones de precariedad. El Ayuntamiento ha denunciado a través de su concejalía de Seguridad que, una vez que cumplen el periodo de acogida fijado por el Estado, numerosos migrantes subsaharianos se quedan en los alrededores del centro pernoctando a la intemperie.
En Cartagena las turbulencias políticas no son menores. La rama local de Vox habla en los plenos consistoriales de «invasión». Inclusión va a aumentar hasta 1.000 las plazas de acogida, cuyos dormitorios se distribuyen en barracones y carpas instaladas en terrenos de lo que fue campamento del hospital de la Armada.
