El negocio de la trama Koldo en las Islas no se limitó al suministro de mascarillas y las pruebas de PCR durante la pandemia. La compraventa de hidrocarburos fue otra de las actividades con que el líder de la presunta red delictiva, el empresario Víctor de Aldama, extendió sus tentáculos hasta el Archipiélago. De Aldama y su socio Claudio Rivas idearon un entramado de sociedades pantalla superpuestas con el que defraudaron 182,5 millones de euros y que operaba en la región con la firma Canary Islands Fuel Company SL.
Tras la información aportada por la Guardia Civil en su último informe sobre la investigación del caso Koldo, en el que se detalla cómo la trama se valió del expresidente del Gobierno autonómico y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para hacerse con contratos públicos para el suministro de mascarillas al Servicio Canario de la Salud (SCS) y la realización de pruebas de PCR, ahora son los autos de prisión de De Aldama y Rivas los que ofrecen nuevos datos sobre los tejemanejes de la red.
Javier Serrano, César Moreno, Ignacio Díaz Tapia y el propio Víctor de Aldama son los cuatro empresarios investigados en el caso Koldo, que debe su nombre a Koldo García, que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte. La trama hizo dos negocios millonarios en las Islas: a través de la firma Soluciones de Gestión logró una serie de contratos para el suministro de mascarillas por un montante de 12,3 millones; y mediante Eurofins Megalab –otra de las empresas relacionadas con la red– consiguió tres adjudicaciones más por un global de casi 5,4 millones.
Fue para este último negocio para el que Koldo y Díaz Tapia contactaron con el expresidente Torres en varias ocasiones, quien incluso les facilitó las credenciales de su entonces –agosto de 2020– consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y medió ante el ministro del ramo, Salvador Illa, para que se aprobase el protocolo de pruebas PCR que le había vendido la trama, según relata la Guardia Civil en el informe de su Unidad Central Operativa (UCO). Sin embargo, la red no solo tenía intereses en Canarias en el ámbito sanitario, sino también en el sector de los hidrocarburos.
De hecho es este último caso, bautizado ya como la trama del fuel, el que ha llevado a De Aldama a la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó la semana pasada el ingreso en prisión del empresario, a quien la UCO señala como el verdadero conseguidor de la trama Koldo. En sendos autos, el juez atribuye a De Aldama y Rivas –a quien también ha enviado a prisión– delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Los autos de la Audiencia Nacional destapan un complejísimo y tupido entramado societario, auténtica ingeniería empresarial, gracias al cual la red no solo defraudaba las sumas que debía ingresar por el Impuesto sobre el Valor Añadido –el IVA, el gemelo del IGIC en la Península– sino que además lavaba los fondos obtenidos de forma ilícita dentro del mismo entramado. La pata canaria de la red delictiva era Canary Islands Fuel.
Siempre de acuerdo con el relato del auto de prisión, la «organización criminal» tenía una estructura piramidal en cuya cúspide estaban Víctor de Aldama y Claudio Rivas como «codirectores». Como «subdirectora» figuraba María Luisa Rivas, hermana de Claudio y a quien el juez Pedraz achaca los mismos delitos que a los cerebros de la trama, aunque esta se ha librado de ir a la cárcel y permanece en prisión provisional sin fianza. Y la pirámide se completaba con un grupo de cooperadores necesarios y una serie de testaferros a quienes se situaba al frente de las sociedades pantalla, entre ellas Canary Islands Fuel.
La «compleja estructura societaria», como ocurría con la organización de sus cabecillas o presuntos cabecillas, también tenía forma de pirámide. En la cima estaba la sociedad limitada Still Growing, y luego una larga lista de firmas vinculadas al negocio de los hidrocarburos encabezada por la también SL Villafuel. Esta última actuaba como operadora, es decir, como una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo para su posterior distribución al por menor.
Y tras ella había hasta siete firmas instrumentales que en apariencia operaban como suministradoras finales: Salamanca Fuel Center, Carburantes Jalón-Plaza, Obaoil 3000, Casmar Hidrocarburos, Espaeventos, Skyward Tech y la isleña Canary Islands Fuel, que tenía su sede en la avenida Juan Carlos I de la localidad turística de Playa San Juan, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Pues bien, con esta telaraña societaria, y en solo dos años –entre 2022 y 2024–, De Aldama y su socio «desarrollaron una operativa comercial que les permitió perfeccionar delitos contra la Hacienda pública cuyo fraude ha sido cuantificado inicialmente en 182.513.923,15 euros».
«La organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados», reza el auto de ingreso en prisión. Las suministradoras se utilizaban de forma instrumental para bajar los precios de los hidrocarburos gracias a las cuotas de IVA que no abonaban. Estas empresas se constituían con el objeto social de vender el combustible comercializado por Villafuel y con la misma entraban en concurso de acreedores o directamente desaparecían del mapa, y con ellas desaparecía también toda posibilidad de que Hacienda cobrase el IVA impagado. Luego el dinero salía desde las suministradoras hacia cuentas bancarias relacionadas con la trama. De momento ya se han descubierto transferencias a cuentas domiciliadas en Portugal, Colombia y China por importe de 73,9 millones de euros.
El auto de la Audiencia Nacional hace hincapié en cómo toda esa estructura delictiva se estableció «de manera que Claudio Rivas y Víctor de Aldama, con poder general sobre ella, quedaran velados y aparentemente desvinculados de la misma». Por eso Rivas puso a su hermana María Luisa al frente de Still Growing, que a su vez actuaría como empresa matriz de Villafuel. Y luego constituían o se hacían con pequeñas empresas suministradoras en las que colocaban a testaferros a quienes dictaban y ordenaban qué hacer y qué no hacer. Una operativa que dejó al descubierto la administradora de Canary Islands Fuel, que declaró que había constituido esta sociedad para operar en el mercado de los hidrocarburos con Villafuel y que recibía órdenes directas de María Rivas.
Es más, la que fuera administradora de esta firma instrumental –que entró en situación de insolvencia a finales de 2023 tras haberse fundado en mayo de 2022– admitió que los clientes se los facilitaba el mismo De Aldama a través de una empresa portuguesa –Atmosferaudaz Unipessoal– con la que firmó un contrato «por el cual debía pagarle dos millones de euros». Según publicó ayer El Mundo, la trama tenía planeado convertir a Canary Islands Fuel en la receptora del petróleo que importarían desde Venezuela gracias a los contactos de Víctor de Aldama en aquel país. Incluso viajaron a Tenerife, siempre según este periódico, para ver las posibilidades de un depósito fiscal que les permitiera almacenar el crudo sin pagar impuestos.
De Aldama ha pedido la anulación de su ingreso en prisión porque, supuestamente, su detención se prolongó más allá de las 72 horas que como máximo permite la ley.
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