El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva un año sin pagar el plus de transporte a los trabajadores de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que recoge a los profesionales de residencias de mayores, de centros de menores o de personas con discapacidad.
ElPlural.com ha podido comprobar que de aproximadamente 365 días a esta parte la región no cubre un solo euro de la consolidada ayuda, pero es que desde que el Ejecutivo Central anunciara que iba a subvencionar el 50% del abono transporte -de cara al años 2023- la autonomía venía pagando la mitad de ese plus. O lo que es lo mismo: el dinero que llegaba desde Moncloa se quedaba en Sol, cuando la sede de la autonomía debería haber sido una mera intermediaria entre emisor (el Estado) y destinatario (los trabajadores).
En números, y para que quede todavía más claro. Una persona que se desplazaba a un centro ubicado en la zona C1 de Madrid viene pagando desde la entrada en vigor de la bajada 45 euros en vez de 90; pues bien, en aquel momento la Comunidad dejaba de pagar la parte que subvencionaba el Ejecutivo de coalición. Pero es que desde hace un año, directamente no paga nada, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes, que se corresponden con las nóminas de un trabajador.
Nóminas de un trabajador de una residencia. A la izquierda, cuando percibía la totalidad del plus del transporte; a la derecha, cuando esta cantidad pasa a la mitad.
Nómina de un trabajador de una residencia en la que se aprecia que recibe cero euros de plus de transporte.
“Al final nos lo pagarán, pero no es justo que llevemos un año sin cobrarlo. Y encima nuestros sueldos son los que son”, lamenta uno de los damnificados por el escenario aquí explicado. Esta persona, que de ahora en adelante se incluirá en este artículo bajo las siglas A.F. para mantener su anonimato, condena que la Comunidad de Madrid “se embolse” el dinero que le da el Estado, “pero no pague”.
La Comunidad de Madrid se embolsa el dinero que le da el Estado, pero no nos paga
Para más inri, recuerda que tanto él como la mayoría de sus compañeros acuden a su puesto en transporte privado porque “el 90% de los centros están lejos” y o no llega el transporte, o lo hace a cuentagotas. “Donde yo trabajo pasan dos autobuses en todo el día”, emite A.F. “Ya de por sí venir a trabajar a estos sitios en transporte es complicado, y aún sabiendo esto nos paga el plus de transporte según cuesta el bono (…) Lleguemos como lleguemos, es una ayuda”, refleja.
Desde los sindicatos, siguen presionando -así lo trasladan fuentes de UGT a este periódico- pero la Comunidad “pasa olímpicamente”.
El PP de Ayuso, suma y sigue en materia de residencias
La oposición ha clamado contra el ‘modus operandi’ que el gobierno de Ayuso lleva más de un año llevando a cabo. Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M) y una de las personas que lleva años peleando por la justicia de los mayores en los centros en los que residen lamenta el trato que “los y las profesionales importan lo mismo que sus usuarios, absolutamente nada”.
“Además de salarios más bajos que en otros sitios como en sanidad, y de unas condiciones de trabajo que les rompen el cuerpo y el alma. Ahora les roba su complemento de transporte con el agravante de que la Comunidad de Madrid sí percibe fondos desde el Gobierno de España (…) Una vergüenza más en su gestión de residencias”, emite.
La región habla de «demoras puntuales»
La Consejería de Educación asegura que el «abono transporte se da a todos los empleados» y se refiere a «demoras puntuales» en algunos supuestos. Casos aislados, por así decirlo, que los profesionales, sin embargo, no aprecian como tal.
Fuentes del departamento aseguran en declaraciones a este medio que a los trabajadores que solicitan la cuantía «se les abona en nómina en lugar de darles el abono», pero que esto «lleva un trámite al ser un pago que requiere fiscalización previa con control por parte de la intervención». «Pero todos lo cobran, aunque a veces se pueda demorar puntualmente», refrendan.
Cuando la presidenta negaba la bonificación del abono transporte
El abono transporte ha sido históricamente un tema candente, más si cabe en la Comunidad de Madrid, donde el Metro y la Renfe especialmente (aunque también los buses) son el día a día de miles de personas.
Sobre todo, desde enero de 2023 la tarjeta que permite el libre movimiento por la región -sin entrar a valorar tramos- cuesta menos gracias al acuerdo entre Gobierno Central y regiones, pero precisamente la de Ayuso se negaba a la bonificación.
De hecho, no fue hasta finales de año cuando la presidenta cedió, no sin colgarse galones. Es más, anunciaba que no solo prorrogaría la ayuda, sino que la aumentaría del 20 al 30%, con lo que la autonomía contaría con una bonificación del 60% para todos los usuarios del transporte público. Antes de intentar llevarse el mérito, la líder del PP en la Comunidad Madrid hablaba de «chequevotos». Sin embargo, terminó sumándose a la iniciativa del Ejecutivo.
La cuestión venía de un año antes. En resumen, entre 2022 y 2023 la autonomía aplicó varios descuentes al precio de los abonos para paliar la crisis económica. A partir de septiembre del primer año, con vistas a reducir el impacto de la subida del precio de combustibles derivado de la invasión a Ucrania, el coste del transporte público se redujo a la mitad.
A partir de febrero de 2023, el Gobierno de Ayuso aumentó el descuento hasta el 60%, tal y como se ha explicado. Las ayudas, y aquí lo más reseñable para comprender la gravedad de lo expuesto en estas líneas, están financiadas por subvenciones del Ejecutivo de Sánchez.
