La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), una de las dos principales patronales del sector, ha advertido al Gobierno de un «posible parón» en la contratación pública por las nuevas obligaciones en materia laboral, el incremento de cargas fiscales, las mayores exigencias medioambientales o los efectos de los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para evitarlo, la patronal pide poder repercutir hasta un 20% de los gastos generales sobre el presupuesto de ejecución material.
Según datos recogidos por la CNC en su primer informe para cuantificar el impacto de las nuevas exigencias laborales y medioambientales en la contratación pública, durante los últimos veinte años, los gastos generales para las constructoras se han disparado en torno al 50%. La patronal destaca que mecanismos como los sistemas de protección de datos personales, de registro de jornada o del canal de denuncias seguirá provocando un número significativo de licitaciones de obras que quedarán desiertas.
La CNC propone elevar el actual porcentaje del 13% de los gastos generales que se puede repercutir hasta el 16%-20%, que se podría llevar a cabo a través de una modificación del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987. Urge adecuar el porcentaje de los gastos generales actualmente establecidos por la norma para que resulte suficiente a la hora de cubrir el coste real, asegurando la correcta ejecución de la inversión pública, tal y como ya han hecho algunas administraciones en Extremadura o Canarias, por ejemplo», recuerdan.
De producirse esta modificación, el organismo liderado por Pedro Fernández Alén destaca que «no terminaría de solucionar los problemas, pero al menos aliviaría la situación» porque «las constructoras llevan años soportando incrementos de gastos, tanto directos e indirectos como generales, sin recibir ninguna compensación».
En riesgo la promoción pública de vivienda y los fondos europeos
La patronal destaca que esta situación está afectando ya a la ejecución de los fondos europeos asignados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Venimos alertando desde hace tiempo de la mala salud de la contratación pública como consecuencia, entre otras causas, de la escasez de trabajadores, la falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos, del abuso de los medios propios por parte de la Administración o de los problemas que genera el actual sistema de clasificación», señalan.
La CNC apunta que esto también podría afectar a la construcción de viviendas, en una crisis inédita de oferta y demanda, y a los «ambiciosos objetivos» que se ha marcado el Gobierno en esta materia. «No podrán lograrse si no se refuerza una colaboración público-privada alejada de las tensiones políticas, para lo que pide compensar la subida de gastos generales», concluyen.
