El Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a deshacer en 2018 la dispersión de presos de ETA, pero más allá de los hechos se evitó defender en público esta política. Hasta que se puso fin a esta excepción penitenciaria el pasado año se justificaron los acercamientos individualizados dentro del estricto cumplimiento de la legalidad sin entrar a defender el fondo de esta decisión. Con la reforma legal que permitirá reducir las penas a presos etarras que hayan cumplido condena cárceles fuera de España se vuelve a seguir la misma lógica. El Ejecutivo evita a toda costa hacer una defensa política de esta modificación, reivindicada históricamente por la izquierda abertzale, para centrar su justificación en que responde a la “trasposición de una directiva europea”. Los socialistas dejan así solos en su defensa a Sumar. Los de Yolanda Díaz ya fueron los autores de la polémica enmienda que permitirá conmutar las penas para acabar con la excepción de este cómputo más beneficioso a los condenados antes de 2010.

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