El único ex alto cargo de Adif investigado por el momento en el caso Koldo, Michaux Miranda, ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional un total de 25 documentos en los que trata de desvincularse de la trama de compra de mascarillas para el Ministerio de Transportes y que apuntan directamente a la expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, como una de las responsables de la elección de Soluciones de Gestión, que fue la empresa que finalmente obtuvo con esta institución un contrato para adquirir 5 millones de mascarillas por las que se pagaron 12,5 millones de euros.
En un escrito remitido el pasado 4 de octubre al juez Ismael Moreno por la defensa de Miranda, que ejerce el abogado Jesús Santos, se hace entrega de diferentes capturas de WhatsApp, correos electrónicos, actas de reuniones del Consejo de Administración y burofax, amén de borradores y textos definitivos de declaraciones de emergencia, con las que el que fuera director general de Gestión de Personas de Adif durante la gestión de compra de mascarillas trata de eludir su responsabilidad penal.
Entre lo aportado figura la captura de un mensaje de Pardo de Vera de fecha de 26 de marzo de 2020 en el que ésta le remite a Miranda los contactos del que fuera secretario general de Puertos del Estado, el también imputado Álvaro Sánchez Manzanares y de «Iñigo DG Soluciones Hospitales, Energía», que parece responder al responsable de Soluciones de Gestión Íñigo Rotaeche.
La declaración el pasado 19 de septiembre de Michaux Miranda ya puso en el punto de mira de las acusaciones populares a la expresidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera, cuya imputación ha sido reclamada por Hazte Oír. La propia Pardo de Vera reconoció haber dado al director de Personas el contacto del responsable de Soluciones de Gestión, un extremo que queda confirmado ahora con el documento aportado por éste.
Otras ofertas
Por otra parte, la defensa de Miranda aporta otras evidencias para tratar de demostrar que la dirección de Adif valoró ofertas diferentes a la de la trama impulsada por Koldo García, asesor del entonces exministro de Transportes José Luis Ábalos. Así, aporta un correo de fecha de 18 de marzo de 2020 –anterior a la orden de compra de mascarillas que se adjudicó a Soluciones de Gestión–en el que el entonces subdirector de Prevención de Riesgos Laborales, Jesús Ángel Díaz Muñoz le informa de la oferta de un distribuidor de 20.000 mascarillas con un precio unitario de 2,8 euros. Las ofrecidas por la trama presuntamente corrupta fueron más baratas, un total de 2,5 la unidad.
Dos días después, el mismo cargo de Prevención remitió a Michaux Miranda la oferta de otra empresa, Serlomed, para el suministro de mascarillas con un precio unitario de 3,15 euros y entrega en un plazo de 3 a 4 semanas. En la misma línea se aportan también a la Audiencia Nacional otros correos con las ofertas de Injoo Tecnologies, para el suministro de 5 millones de mascarillas FFP2 con precio unitario de 2,1 euros. Esta empresa fue inicialmente elegida para una de las compras, aunque después solicitó actualización del precio de los EPI y de los plazos de entrega, según acredita la documentación aportada, y el contrato se anuló.
No fue hasta el 26 de marzo, el mismo día que el mensaje de Pardo de Vera, cuando le fue remitida a Miranda una comunicación de adjuntando la oferta de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas correspondiente al suministro de 5 millones de mascarillas KN95/FFP2 con precio unitario de 2,5 euros, según la documentación aportada al Juzgado Central de Instrucción número 2 a la que ha tenido acceso este diario.
En la cadena de correos aportados también consta el remitido ese mismo 26 de marzo por el secretario general de ADIF, Guillermo Martínez de Simón, resumiendo su conversación con la Secretaria General Técnica del Ministerio de Transportes sobre la admisibilidad de anticipos en la Orden ministerial para la adquisición de las mascarillas, «habiéndole indicado la Secretaria General Técnica que la Orden no excluye anticipos» como el que solicitó la empresa de la trama Koldo.
Tribunal de Cuentas
Finalmente, se aportan documentos del Tribunal de Cuentas, en respuesta al requerimiento realizado en enero de 2021 por un ciudadano particular, en los que el órgano fiscalizador concluye que la necesidad de contratar los suministros sanitarios por la vía de emergencia no solo se ajustó a las Órdenes que acaban de mencionarse sino también a los requisitos que, para la contratación de emergencia, se preveían la ley de Contratos del Sector Público, «ya que la situación de pandemia existente en el momento de la contratación suponía un grave peligro sanitario para toda la ciudadanía».
El tribunal contable concluyó entonces, según la documentación aportada al juez, que los contratos examinados se ajustaron a la normativa excepcional entonces aplicable, «por lo que las operaciones articuladas a través de los mismos no vulneraron la normativa reguladora de la gestión de fondos públicos en general, ni la de contratación pública en particular». Este criterio destaca la defensa de Miranda, fue compartido en dicho momento tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado, «que se opusieron a la admisión de la acción pública ejercitada».
