Las adicciones representan un serio problema social en Argentina. Al concluir el siglo XX, una de cada 10 personas había consumido alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en su vida y un 2,9% en el último mes. En 2017 se habían duplicado ambas tasas. La pandemia las agravó. En la actualidad, un 3,08% de la población presenta trastornos de consumo, lo que supera la tasa de prevalencia global del 2,17%, según datos del último estudio internacional Global Burden of Disease. A pesar de los datos, el Gobierno de Javier Milei se ha propuesto cerrar el hospital psiquiátrico Laura Bonaparte, el único establecimiento público del país especializado en salud mental y tratamientos de adicciones. La decisión tomada por el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, como brazo ejecutor de la política de choque del presidente, conocida como la «motosierra», ha provocado una nueva ola de perplejidad. Unos 700 trabajadores fueron despedidos.
Ante el impacto que ha provocado la medida, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, cambió la palabra «cierre», pronunciada de modo despreocupado horas atrás, por «reestructuración«. Esa sutileza no ha aventado los riesgos. «Esto es arbitrario e intempestivo, un golpe al corazón de la institución», dijo la psicóloga y delegada sindical Soledad Rivas. «No tenemos otra alternativa más que la permanencia en el interior del hospital a fin de resguardar las fuentes de trabajo y los tratamientos en curso de miles de pacientes».
Nadia Jausken, jefa de la sección de demanda espontánea del hospital puso el acento en el papel que desempeña frente los sectores más castigados de la sociedad. El Laura Bonaparte atiende especialmente a «personas con derechos totalmente vulnerados» y, desde que ha asumido Milei y se incrementó la pobreza 11 puntos, a «muchas personas de clase media que ya no pueden acudir a la salud privada». Un informe de la Universidad Católica (UCA) es elocuente al respecto: el consumo de drogas es más dominante en los sectores de nivel socioeconómico más alto, pero los trastornos de consumo impactan mucho más en los argentinos de menores ingresos y, en especial, aquellos que viven en barrios vulnerables atravesados a la par por la presencia territorial del narcotráfico.
Las instalaciones del hospital se inauguraron en 1889. En principio dependieron del Ejército. En 1973, el edificio pasó a ser parte del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), especializado en salud mental. Ocho años atrás fue rebautizado como Laura Bonaparte, psicóloga y madre de Plaza de Mayo, fallecida en 2013. «Hoy más personas que ayer saben quién fue Laura Bonaparte. Porque defender el hospital es defender su nombre y su memoria. Hoy más personas dicen ‘no’ al cierre. Lo que sobra no es el hospital: es la crueldad de este Gobierno», dijo el colectivo de hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-83).
Escalada de conflictividad
Las universidades y el sistema sanitario son para el Gobierno una fuente derroches injustificables. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que «la desidia y la incompetencia del Gobierno en materia de salud es alarmante» y genera una «escalada de la conflictividad» de la cual es responsable el Ejecutivo. El hospital pediátrico Garrahan, un centro de alta complejidad reconocido a nivel regional, es otro de los campos de batalla contra el ajuste económico. Los médicos y trabajadores de una institución donde se llevan a cabo el 50% de los trasplantes a niños y adolescentes de este país han iniciado este martes huelga de 48 horas. La crisis se desencadenó después de que Lugones echara a la dirección del hospital donde se realizan al año unas 10.000 cirugías por haber otorgado un bono de 500 dólares a su personal para compensar la pérdida de sus salarios como consecuencia de la devaluación de la moneda de un 118% y una inflación de casi el 120% desde que gobierna el anarcocapitalista.
«Lugones no nos sorprende: es un representante de la salud privada, su concepción es la salud como negocio y por eso le espanta que el personal del Garrahan reciba un bono por única vez. Él va a cobrar como funcionario varios millones de pesos por mes, y no vive con un salario por debajo de la canasta de pobreza como los que sostenemos todos los días el hospital pediátrico de alta complejidad más importante de Sudamérica», dijo Norma Lezama, de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).
La «motosierra» deja sus marcas en todas las estructuras estatales. Desde el pasado 10 de diciembre han sido despedidos unos 40.000 empleados. Días atrás perdieron sus puestos 1.400 personas vinculadas a la empresa de ferrocarriles. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en tanto el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) por considerarlo «un antro de corrupción». Los trabajadores del sector repudiaron sus palabras y advirtieron que peligran las obras de acceso a cloacas y agua potable en todo el país.
