El Gobierno mantiene intacta su intención de cumplir el calendario de cierre de las centrales nucleares pactado con las grandes eléctricas, y que contempla la clausura escalonada de todas las plantas hasta el apagón total en 2035. La primera central nuclear en echar el cierre será Almaraz, en Cáceres, y la desconexión de sus dos reactores está programada para 2027 y 2028. El proceso de cierre y desmantelamiento de la central cacereña de facto está en marcha, pero el Ejecutivo mantiene la licitación del primer gran contrato en un estado latente y así seguirá hasta 2025.
El Gobierno desoyó las voces que desde la región y desde parte del sector energético defienden prolongar la vida de la central y el pasado junio dio el primer paso formal para encarar su clausura. La sociedad pública Enresa, encargada de la gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las centrales nucleares, anunció la licitación de un concurso público para contratar por 28 millones de euros los servicios de ingeniería para el desmantelamiento de Almaraz, propiedad de Iberdrola (con un 53% del capital), Endesa (36%) y Naturgy (11%).
La empresa estatal mantiene desde entonces el concurso en una fase de ‘anuncio previo’, una figura administrativa que permite que las empresas potencialmente interesadas en acudir al proceso de licitación vayan preparando de manera anticipada y así se puede agilizar el proceso una vez que el concurso está oficialmente en marcha. Los planes de Enresa pasan por prolongar esta fase previa durante unos meses más y no lanzará la licitación de manera formal hasta los primeros meses de 2025, según confirman fuentes de Enresa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Enresa -controlada en un 80% por el estatal Ciemat y en un 20% por el holding público SEPI- busca empresas especializadas para realizar los estudios y la ingeniería de diseño, de los proyectos de obra y de preparación de la documentación para conseguir la autorización del desmantelamiento de la central de Almaraz, según se refleja en la documentación oficial vinculada a la futura licitación.
Tiempo de descuento
La central nuclear de Almaraz está ya en tiempo de descuento, con el Gobierno de Pedro Sánchez defendiendo abiertamente cumplir el programa de cierres escalonados de todas los reactores españoles. El calendario oficial establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028. El camino hasta el apagón nuclear del país arrancará con el cierre de Almaraz, que es la instalación que más electricidad ha generado en la historia de España (con una producción récord de 611.000 gigavatios hora acumulada en cuatro décadas en funcionamiento) y que todavía el año pasado concentró un 7% de toda la electricidad que se consumió en el país, aun en pleno boom de las renovables.
La patronal Foro Nuclear -que agrupa a las grandes eléctricas propietarias de las centrales, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- ha venido defendiendo prolongar la vida de Almaraz y retrasar las fechas de cierre pactadas, subrayando que la planta está preparada para seguir funcionando durante años. Pero los tiempos para una eventual revisión de las fechas de cierre previstas no son ilimitados, porque los condicionantes operativos y económicos son muchos.
El proceso previo de planificación de las inversiones necesarias para seguir funcionando, para cerrar acuerdos de formación y contratación de personal, y también para pactar las compras de combustible nuclear y otros suministros, exige tomar una decisión con unos tres años de antelación a la fecha prevista de cierre. Esto es, activar la opción de revisar las fechas previstas de apagado de Almaraz debería producirse no más allá de final de este año o muy a principios del siguiente.
Fuera de esos plazos, si se toma la decisión más allá de los primeros meses de 2025, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ése es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central. Iberdrola, Endesa y Naturgy temen que se produzca una garoñización de su central cacereña; esto es, que se quede durante años sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de recibir la autorización para volver a funcionar. Y mientras sí que se acumularían costes millonarios de mantenimiento y de personal para tenerla hibernada, como sucedió con la central de Santa María de Garoña (Burgos) por las desavenencias de Iberdrola y Endesa, dueñas a partes iguales de la instalación.
Las eléctricas dueñas de Almaraz reconocen que cuentan con equipos dobles que trabajan de manera paralela en ambos escenarios: la clausura en la fecha prevista y el alargamiento de su vida útil. Y desde Enresa también se admite que se vienen desarrollando conjuntamente con la dirección de la central de Almaraz trabajos preparatorios necesarios para avanzar labores del futuro desmantelamiento de la planta. De manera general, las grandes eléctricas han venido mostrando su preferencia por que la planta siga en marcha más allá del cierre previsto, pero admitiendo que veían ya poco probable evitar el cierre dado el rechazo frontal del Gobierno actual y por el escaso margen temporal que queda.
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece que Enresa debe iniciar las labores previas a los desmantelamientos entre tres y preferiblemente cinco años antes de la fecha de cese definitivo. Y es conforme a estos plazos por los que la compañía pública arranca las actividades para el desmantelamiento y la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización de desmontaje de Almaraz. Enresa trabaja con las propietarias de la central en la recopilación de la información necesaria para el diseño del proyecto, y ahora se dispone a activar la primera gran contratación de los servicios de ingeniería para iniciar el desmantelamiento.
“Renovación última” y «cese definitivo»
En marzo de 2019, el Ejecutivo y la empresa pública Enresa pactaron con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP un calendario de apagado escalonado entre 2027 y 2035 de todos los reactores. Endesa conseguía alargar la vida de las nucleares más allá del tope de 40 años que entonces se consideraba como referencia (de media las plantas funcionarán 46 años hasta su cierre) e Iberdrola lograba un escenario regulatorio claro y posteriormente también obtuvo garantías -pactadas por separado con Endesa- sobre las inversiones máximas que se inyectarían en algunas centrales, entre ellas Almaraz.
Durante años las dos grandes eléctricas protagonizaron un choque frontal sobre el cierre de las centrales nucleares españolas. Tras duros enfrentamientos a cuenta de la solicitud de reactivar o no la central de Garoña y de qué hacer con la renovación de licencias de otras plantas, hace cinco años se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y todo el sector. Una paz nuclear in extremis, cuando a punto estaba de expirar el plazo para poder presentar la solicitud de renovación de funcionamiento de Almaraz y también de Vandellós.
El acuerdo entre las eléctricas estableció que en la petición de la licencia de explotación de Almaraz que se presentó en 2019 se incluiría la palabra “cierre” y las fechas concretas de clausura en 2027 para la unidad I y en 2028 de la II. En la solicitud para actualizar la autorización operativa, y también en la orden ministerial que finalmente dio curso el Gobierno, se explicita que se trata de “la renovación última y definitiva de la autorización de explotación” de la planta cacereña y se confirma el “cese definitivo” de los dos reactores al expirar la licencia, con la intención entonces de despejar dudas sobre una eventual prolongación.
