Hace hoy diez años, el 8 de octubre de 2014, un juez de la Audiencia Nacional encendió el foco de la justicia sobre determinados privilegios, concretamente el uso de tarjetas opacas al fisco, de los que disfrutaban los directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia, una entidad de la que también se estaba investigando su salida a bolsa. El desarrollo de la causa y la publicación de los gastos de todo tipo que estos responsables cargaban a la entidad provocó una importante sacudida en una sociedad depauperada por la crisis financiera de 2008 y por lo que algunos consideraron la estafa de las preferentes.
Dos años después, en febrero de 2017, fueron condenados los dos principales responsables de la entidad, Miguel Blesa –quien apareció muerto en julio de ese año en una finca de su propiedad– y su sucesor en Caja Madrid y después presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por un delito de apropiación indebida. También se dictaron penas contra otros 63 beneficiarios en calidad de colaboradores.
Diez años después las penas se han cumplido y los máximos responsables de Bankia resultaron absueltos en el caso por la salida a bolsa. Los problemas con la justicia, sin embargo, no han terminado para Rato, a quien le queda pendiente conocer la sentencia por una causa judicial abierta contra él algunos años, después en relación con el origen de su patrimonio. Se enfrenta a una petición de 63 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
La causa de las black comenzó como una pieza separada en la que ya investigaba la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Los consejeros -designados por el banco pero también por partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales–cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre los años 1999 y 2012.
La publicación de los listados de un Excel que acreditaban estas salidas daban cuenta de pagos en restaurantes, viajes, tiendas de ropa, grandes superficies e incluso de compras en fruterías de lujo o descargas de música en internet, además de acreditar la disposición de altas cantidades de efectivo , en algún caso de manera diaria, usando la tarjeta opaca en los cajeros.
Información al FROB
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una documentación y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción, que decidió judicializar el asunto.
Según la documentación analizada, las tarjetas fueron emitidas «al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario» del banco, del total de lo que finalmente se acreditó como, 9,3 millones correspondieron a la etapa de Miguel Blesa al frente de la entidad (1996-2010), y otros 2,6 millones cuando el presidente era Rato. Todos los investigados fueron devolviendo las cantidades gastadas, buscando así atenuar la respuesta de la justicia.
Aunque inicialmente fueron 86 los directivos imputados, finalmente se sentaron en el banquillo 65, y tras veintiséis sesiones de juicio, la Audiencia Nacional condenó a todos ellos a penas de cárcel. Únicamente el que entonces consejero delegado de Bankia Francisco Verdú entendió que aquello no era lo normal y no hizo uso de la tarjeta, por lo que no resultó afectado por la decisión del tribunal.
Durante el juicio, Los acusados se negaron a reconocer como propios los apuntes de los cargos facilitados por Bankia, mientras que sus defensas emplearon sin éxito todo tipo de argumentos para intentar demostrar que el saldo de las visas era un complemento a sus remuneraciones. Una buena parte de las sesiones se utilizó para tratar de restar legitimidad a los apuntes de la hoja de Excel con las cantidades desembolsadas.
Finalmente, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que los 12,5 millones de los que dispusieron los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia constituyeron una práctica que dilapidaba el patrimonio de la entidad y no podría ser tenido como complemento retributivo.
Pese a que devolvió los casi 100.000 euros desembolsados con su tarjeta, Rato ingresó en prisión en octubre de 2018. Después tuvo que al proceso por la salida a Bolsa de Bankia -de la que fue absuelto- y a la causa sobre el origen de su fortuna, pendiente aún de sentencia.
En esta causa que indagó sobre el origen de su patrimonio, el hombre fuerte de la economía española durante la era Aznar, eterno aspirante a sustituirle, se enfrenta a una petición de 63 años de cárcel por utilizar «una red societaria nacional e internacional» para dejar de pagar impuestos, a lo que se suman multas que, de ser impuestas por el tribunal, superan los 42 millones de euros.
