- Vehículos de combate de infantería y de caballería
- Lugar de entrega
- Distribución: Ceuta, Melilla, Gerona…
- Sorpresa, pero menor alarma
- Preocupa la información de las licitaciones
Transparencia en los contratos públicos o protección de la información sensible que afecta a la defensa y la seguridad: la tensión entre estos dos principios le está jugando algunas malas pasadas a las Fuerzas Armadas y a organismos vinculados con la industria militar.
Confidencial Digital ha contado varios casos en los últimos meses. Navantia tuvo que retirar de varias licitaciones públicas en la Plataforma de Contratación del Sector Público unos documentos, los pliegos de prescripciones técnicas, que ofrecían planos y datos técnicos excesivamente detallados del interior de los submarinos que están en proceso de construcción: S-82 ‘Narciso Monturiol’, S-83 ‘Cosme García’ y S-84 ‘Mateo García de los Reyes’.
Mayor polvareda provocó que un macro contrato de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra para adquirir uniformes por casi 300 millones de euros revelara el número de militares que tiene cada unidad del Ejército, detallado por cuarteles generales, regimientos, batallones, agrupaciones… prácticamente lo que se conoce como el orden de batalla.
También en ese caso el órgano de contratación rectificó y retiró los documentos, para que dejaran de estar accesibles a cualquier internauta; eso sí, después de que cualquiera hubiera podido descargarlo, y de que circularan recortes de las tablas con las cifras de efectivos. El asunto llegó incluso al Congreso de los Diputados, por una pregunta parlamentaria que registró el Partido Popular.
Hasta sorprendió que se especificara en otra licitación de la plataforma de Contratación del Estado que tres todoterrenos blindados, cuya compra había tramitado el Ejército de Tierra, van destinados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De nuevo, un documento accesible permitía conocer detalles sobre las medidas de protección y seguridad de esos vehículos para el CNI.
ECD ha podido saber que entre militares y buenos conocedores de la actividad licitadora del Ministerio de Defensa no ha pasado inadvertido, en fechas recientes, otro contrato que revela ciertos datos que no suelen ser accesibles, información que oficialmente no se facilita para hacerla pública.
Vehículos de combate de infantería y de caballería
El órgano de contratación de este caso es la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Si bien el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen capacidad de comprar materiales (armas, vehículos, materiales de protección, municiones…), ciertos programas especialmente importantes, también por volumen de inversión económica, son competencia del Ministerio de Defensa, de esa Dirección General de Armamento y Material (conocida por las siglas DGAM) que es uno de los órganos más relevantes de la estructura ministerial.
La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material lanzó el 10 de septiembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público una licitación de “Suministro y Montaje de Cámaras de Ayuda a la Conducción para Pizarro VCI/C”.
En los pliegos se explica que el contrato “incluye la adquisición de ciento cuarenta y dos (142) cámaras de ayuda a la conducción para los VCI/C Pizarro fase II”, vehículos de combate de infantería y de caballería que operan en distintas unidades del Ejército de Tierra.
Son vehículos blindados sobre orugas, de 26 toneladas de peso, que transportan personal en el campo de batalla y le proporcionan fuego de apoyo. Disponen de un cañón de 30 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros. En las unidades de infantería mecanizada y de caballería son complementarios de los carros de combate Leopardo, que tienen una potencia de fuego mucho mayor, con proyectiles de mayor calibre, pero que no transportan personal desembarcable.
Defensa va a adquirir unas cámaras que “constituyen una tecnología ampliamente implantada en los vehículos de cadenas actuales, mejorando considerablemente su operatividad”.
La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material indica que “uno de los requerimientos exigidos al VCI/C Pizarro y a los vehículos que de él se derivan en el documento “Requerimientos Operativos para el VCI/C Pizarro”, elaborado por la División de Logística del EME, es el de disponer de la misma movilidad que las unidades acorazadas”.
“Teniendo en cuenta que los Carros de Combate Leopardo cuentan con esta tecnología, que es determinante en la mejora de su movilidad”, continúa este órgano del Ministerio de Defensa, “la adquisición de estas cámaras de ayuda a la conducción supone dar cumplimiento al citado requisito. Además, con la instalación de estos sistemas se mejorará los niveles de seguridad y protección tanto de la tripulación como del personal embarcado ya que aumentará la capacidad de conducción todo tiempo y en cualquier tipo de condición atmosférica, así como la conciencia situacional”.
Para justificar la necesidad de invertir más de 5 millones de euros en esta compra, el órgano de contratación subraya que “este tipo de sistemas constituyen una tecnología ampliamente implantada en los vehículos de cadenas actuales, mejorando considerablemente su operatividad”.
Y apunta un dato relevante: “Tras la puesta en servicio de estos sistemas en parte de la flota de los VCI/C Pizarro, el Ejército de Tierra ha manifestado la necesidad de incorporar estos sistemas a otros vehículos de la familia Pizarro”.
Eso quiere decir que ya algunos Pizarro tienen estas cámaras, y el Ejército de Tierra planteó la conveniencia de extenderlas a más vehículos de combate de infantería y caballería de este tipo.
Lugar de entrega
Hasta aquí, la información facilitada es la habitual en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares, en cualquier licitación del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire o del órgano central del Ministerio de Defensa, para adquirir vehículos militares o cualquier otro material.
La información más delicada se reflejó en un punto dedicado a informar a las empresas interesadas sobre el lugar de entrega del suministro: es decir, dónde tendrían que entregar esas cámaras de ayuda a la conducción para los VCI/C Pizarro.
“El lugar de la entrega y recepción de los bienes objeto del contrato serán las UCO,s [unidades, centros y organismos] que determinará el responsable del contrato dentro de las bases o acuartelamientos del ET [Ejército de Tierra] en España, incluyendo Ceuta, Melilla; además se realizará el suministro e instalación de un lote de sistemas en los vehículos desplegados en Letonia. La distribución geográfica orientativa de los vehículos está recogida en el PPT [pliego de prescripciones técnicas”, se puede leer en la ‘Cláusula 40: Entrega’ del pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el pliego de prescripciones técnicas, por su parte, se indica que “el plazo de entrega y el lugar de entrega e instalación serán especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)”.
Distribución: Ceuta, Melilla, Gerona…
Pero se añade a continuación: “De forma orientativa, se establecen la siguiente distribución de los vehículos por ubicaciones”.
Se incluye ahí una tabla que detalla la distribución física de los vehículos Pizarro, por provincias y ciudades autónomas.
Aparece citadas siete provincias, donde hay regimientos o unidades de menor entidad del Ejército de Tierra que disponen de VCI/C Pizarro: Madrid, Zaragoza, Gerona, Valladolid, Toledo, Badajoz y Córdoba.
Se suman Ceuta y Melilla, donde hay dos regimientos de caballería (el ‘Montesa’ nº 3 y el ‘Alcántara’ nº 10), dotados tanto de carros de combate Leopardo como de vehículos de combate de infantería/caballería Pizarro.
La tabla con la distribución “orientativa” de los Pizarro también menciona Letonia. El contingente español que se integra en el Batallón Multinacional de la OTAN, como disuasión frente a Rusia en este país báltico, cuenta con vehículos Pizarro en la base de Adazi.
Las cifras oscilan entre un Pizarro, en alguna provincia, y en torno al medio centenar en otra, con cifras muy dispares. Suman 142 vehículos.
Sorpresa, pero menor alarma
A diferencia de casos anteriores ya citados, en este caso se ha publicado noticias con estos detalles y no han provocado la retirada de los pliegos. El diario La Razón publicó una pieza sobre la compra de cámaras para los Pizarro, y desgranó la distribución geográfica orientativa de estos vehículos del Ejército de Tierra.
Pero de nuevo circularon comentarios de asombro, en algunos círculos, por el hecho de que una licitación del Ministerio de Defensa ofreciera en un documento público el detalle de dónde se encuentran ubicados los vehículos de combate de infantería/caballería del Ejército de Tierra.
Algunos oficiales del Ejército de Tierra expresaron, en conversación con ECD, su preocupación por los datos que reflejaba esa tabla, y por el hecho de que se hubieran difundido. El motivo eran las cifras, asombrosamente bajas, de vehículos Pizarro en ciertas provincias.
En esas ubicaciones existen unidades militares, batallones, dotados de VCI/C Pizarro: si sólo contaban con el número de vehículos que recogía la tabla del pliego, esas unidades mecanizadas estarían “inoperativas”, porque cada batallón debe tener muchos más Pizarros que los que reflejaba ese papel.
Pero realmente el Ejército de Tierra dispone de un número mayor de Pizarro que los 142 a los que se va a incorporar las cámaras objeto de la licitación. Noticias publicadas en 2022 y 2023 coincidían en la cifra de 261 vehículos Pizarro, que tienen distintas configuraciones y modelos.
Eso encaja con una frase de los pliegos de la licitación en cuestión: “Tras la puesta en servicio de estos sistemas en parte de la flota de los VCI/C Pizarro, el Ejército de Tierra ha manifestado la necesidad de incorporar estos sistemas a otros vehículos de la familia Pizarro”.
Por tanto, la compra de cámaras es para 142 Pizarro que aún no tiene cámara, del total de 261 vehículos de este tipo que están en servicio en el Ejército de Tierra (en caso de que esa cifra siga siendo vigente a día de hoy).
Así que la información desvelada en el pliego no afecta a todos los vehículos Pizarro. Que la lista indique un número bajo de unidades en una provincia o ciudad autónoma no significa que la unidad o unidades con base en esa provincia o ciudad tengan sólo esos Pizarro: pueden tener más, que ya estén dotados de las cámaras, de las que se van a comprar más unidades.
Pero aún así, facilita cierta información orientativa del despliegue geográfico de los Pizarro, con cifras sobre las que se podrían hacer estimaciones o extrapolaciones para valorar la ubicación de todos los vehículos.
Sobre todo, este caso revela de nuevo que algo en apariencia tan inocente como el lugar de entrega de unas piezas de unos vehículos puede dar pistas sobre la disposición de la estructura militar.
No hay que olvidar que el error que condujo a difundir cifras concretas de militares en cada unidad del Ejército de Tierra tuvo su origen en un documento que también trataba de orientar a las empresas interesadas sobre dónde tendrían que enviar las prendas de uniformidad, y en qué cantidades según el personal destinado en cada cuartel general, brigada, regimiento, batallón…
Preocupa la información de las licitaciones
ECD tiene constancia de que la información que se recoge en los documentos de las licitaciones públicas lleva tiempo preocupando en algunos ámbitos de las Fuerzas Armadas.
En no pocas ocasiones, esos documentos revelan más información de la que es deseable. A veces desvelan que el perímetro de seguridad de una base militar tiene un punto vulnerable; otras, facilitan excesivos detalles de los sistemas de vigilancia de un cuartel, o de cierta tecnología utilizada por los servicios de inteligencia y contrainteligencia; incluso se ha visto con preocupación que aparezcan, como firmantes de los pliegos, los nombres, apellidos, correos electrónicos y cargos de responsabilidad de algunos oficiales destinados en unidades especialmente sensibles.
Por eso, algunas voces llevan tiempo reclamando que se tenga más cuidado en revisar qué información se plasma en los pliegos, memorias y demás documentos de las licitaciones públicas.
Pese a los errores de seguridad cometidos en algunos contratos, en otros se adoptan medidas. Por ejemplo, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra publicó hace unos días una licitación de “adquisición de uniforme de combate”.
Se trata de una compra puntual, al margen del gran contrato millonario: son sólo 100.000 euros de presupuesto base de licitación sin impuestos.
Si se pincha para acceder al pliego de prescripciones técnicas, se llega a un documento en el que sólo se puede leer lo siguiente:
— “PPT USO OFICIAL
En caso de ser requerido, ruego se pongan en contacto con la MESA DE CONTRATACIÓN DE JAEMALE, para coordinar entrega. Correo electrónico: [email protected]”.
De esta forma, sólo podrán acceder al pliego las empresas acreditadas, que estén interesadas en venden uniformes al Ejército de Tierra. Se corta así la posibilidad de que cualquier internauta lo consulte, y que la información acabe incluso circulando por Twitter, Telegram u otras redes sociales, que es lo que ha pasado en polémicas anteriores.
