Cuatro días después de que el primer ministro, Michel Barnier, diera su primer discurso frente a la Asamblea Nacional, en el que detalló la hoja de ruta política del nuevo gobierno, la izquierda ha presentado una moción de censura contra él
El Nuevo Frente Popular, la unión de izquierdas creada para derrocar a la ultraderecha en las pasadas elecciones legislativas, anunció a través de un comunicado este viernes que han presentado su primera moción de censura, que será defendida por el secretario general del Partido Socialista, Olivier Faure, el próximo martes en la Asamblea Nacional.
La moción, firmada por 192 diputados, denuncia la «negación de Michel Barnier del resultado de las últimas elecciones legislativas» al formar un Ejecutivo sin la presencia del Nuevo Frente Popular, agrupación que ganó los comicios legislativos. «El primer ministro no pidió un voto de confianza, por lo que se trata de una especie de moción de censura contra él», afirma el presidente del grupo socialista, Boris Vallaud.
El comunicado da un motivo más contra Barnier: las «orientaciones políticas del Gobierno», al negarse a eliminar por completo la reforma de las pensiones y presentar unos presupuestos que pretenden ser «los más austeros de los últimos 25 años», afirman.
Necesitarán a la ultraderecha
Para que esta moción de censura prospere, la izquierda necesita el apoyo de al menos 289 diputados, entre ellos, de la ultraderecha de Marine Le Pen o de los miembros de la agrupación LIOT. Sin embargo, Reagrupamiento Nacional ya ha descartado de momento su voto favorable, aunque «se mantiene vigilante». Así lo afirmó Le Pen hace unos días: «Solo por tus acciones te juzgaremos y, a diferencia de otros, nunca por posturas infantiles (…). Pretendemos más que nunca ser una fuerza de construcción».
Aunque esta moción de censura tiene poco recorrido ante la falta de apoyos necesarios, es posible que cuente con el voto de ciertos diputados del campo macronista, o incluso de Los Republicanos. Algo que demostraría una vez más la fractura en la Asamblea Nacional. «Existe un entendimiento entre RN y el primer ministro, una alianza tácita entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. En última instancia, el Gobierno se beneficia del apoyo sin participación de la extrema derecha», critica la ecologista Cyrielle Chatelain.
Después de que el presidente Emmanuel Macron disolviera la Asamblea Nacional y convocase elecciones legislativas adelantadas con el fin de combatir a la extrema derecha, que había obtenido sus mejores resultados en las elecciones europeas, Francia se vio sumida en un bloqueo político durante más de dos meses. Aunque esas elecciones adelantadas también tenían el objetivo de proporcionar estabilidad al país, la Asamblea Nacional está más fracturada de nunca. Ningún partido obtuvo mayoría absoluta, y sin mayorías claras, el Parlamento francés se encuentra dividido en tres grandes bloques: la izquierda, la ultraderecha y la mayoría presidencial.
Ante esta división, a Macron se le complica tirar adelante reformas o incluso los propios presupuestos. Barnier ya ha dejado claro que, ante la «situación presupuestaria catastrófica» en la que se encuentra Francia, no dudará en recurrir al artículo 49.3 de la Constitución francesa para aprobar las cuentas, sin necesidad de votación y pese a las discrepancias entre sus propios partidarios.
Presupuestos «inaceptables»
Para el exministro del Interior Gérald Darmanin, el proyecto de presupuestos presentado por el nuevo Gobierno de Barnier es «inaceptable». Darmanin, que ahora es diputado en la Asamblea Nacional pero que fue ministro de cuentas públicas entre 2017 y 2020, afirma que no votará uas cuentas que impliquen una subida de impuestos: «Por el momento, el presupuesto tal y como se ha anunciado me parece inaceptable».
También ha criticado la contribución excepcional para los hogares más ricos, la revisión de las desgravaciones fiscales para las empresas y el aumento del impuesto de sociedades, puesto que cree estas medidas provocaran «un aumento del costo laboral» y, como consecuencia, el aumento del desempleo del país.
El ministro de Presupuesto y Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, ha querido rebajar las tensiones afirmando que la contribución «excepcional» al saneamiento de las finanzas públicas que se pedirá a los ciudadanos «más ricos», solo afectará al «0,3%» de los hogares.
