La reforma de la ‘ley Mordaza’ parece estar más cerca que nunca. Un año y medio después de que ERC y EH Bildu echaran por tierra un acuerdo para acabar con los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el PP en 2015, los abertzales han alcanzado un acuerdo con el Gobierno al que también se suman los republicanos catalanes. Aunque aún no están atados todos los apoyos necesarios –Junts y Podemos no han confirmado su respaldo- la norma incluiría ahora cambios en cuatro asuntos que fueron el motivo de choque en la pasada legislatura. Así quedaría ahora el futuro texto:
ERC y EH Bildu exigieron en marzo del año pasado que la norma recogiera que «queda prohibido expresamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma». Finalmente, esta redacción será más laxa: «Se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos». Además, se desarrollarán los protocolos específicos «de acuerdo con los estándares internacionales» y «en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables». De facto, supondrá la desaparición del uso de las pelotas de goma, aunque es el Gobierno quien marcará el calendario para ello.
La norma que aprobó el PP en 2015 recoge en su disposición final primera que los migrantes que sean detectados intentando cruzar de manera ilegal la frontera de Ceuta y Melilla «podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Nuevamente, ERC y EH Bildu querían la prohibición total de estas prácticas, algo que el PSOE no aceptó en su momento.
Ahora, el acuerdo establece que en el plazo de seis meses se reformará la Ley de Extranjería para «reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional». En la práctica, ha explicado el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, «se acuerda que aquellas personas que estén en territorio español, antes de una posible expulsión, deban pasar por uno de los puestos en frontera […] para analizar y evaluar si esa persona es un posible solicitante de asilo».
Otro de los acuerdos pasa por objetivizar la infracción leve relativa a los insultos o injurias a los agentes del orden. La nueva redacción introduce que para entender que se ha cometido dicha infracción debe de tratarse de «insultos o injurias» a los agentes de las autoridades y que sean «expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo». Además, se introduce que las sanciones quedarán sin efectos cuando el sancionado acceda a retractarse o disculparse.
Se rebaja también la gravedad de tres infracciones relacionadas con la desobediencia a los agentes de la autoridad. En concreto, pasan de considerarse graves a leves los siguientes casos:
- La desobediencia manifiesta y clara a la autoridad cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad, y cuando no sea constitutiva de infracción penal.
- La resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad, y cuando no sea constitutiva de infracción penal.
- La negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procedimientos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal.
Más allá de estos acuerdos, se mantendrán todas las modificaciones que ya se pactaron en la pasada legislatura. Entre ellas está la reducción del tiempo de identificación en comisaría de seis a dos horas; el refuerzo de los criterios objetivos para realizar registros corporales; la garantía del derecho a manifestación sin comunicación previa siempre que fuera pacífica; la rebaja de las sanciones por consumo de cannabis u otras sustancias; la eliminación de las sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones de los agentes y la reducción de la cuantía de las multas en función de la capacidad económica del sancionado.
