Las aseguradoras privadas que hasta ahora prestan asistencia sanitaria a los funcionarios públicos del Gobierno no quieren seguir haciéndolo. Al menos no según las condiciones actuales. Adeslas, Asisa y DKV, las tres empresas que a día de hoy prestan este servicio a la Administración Pública, ya han anunciado que no acudirán al concierto de Muface por considerar las condiciones económicas ofrecidas por la Administración como “totalmente insuficientes”.
En cifras, el Gobierno ha propuesto una subida de la prima del 14% para los dos próximos años, una mejora que queda por debajo del 24% que proponía Muface y mucho más abajo del 40% que piden las aseguradoras privadas para seguir prestando este servicio a los funcionarios españoles. Las tres aseguradoras ya han comunicado que no acudirán a la nueva licitación de este servicio tras una reunión celebraba el viernes en el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.
El departamento, ahora liderado por Óscar López, convocó el pasado viernes a su sede a los directores generales de las tres aseguradoras para comunicar las nuevas condiciones del concierto de Muface. Una reunión que parece haber terminado con la negativa de las tres aseguradoras privadas para seguir prestando asistencia sanitaria a los funcionarios.
Según las aseguradoras, las condiciones económicas actuales planteadas por el Gobierno les suponen unas pérdidas anuales de alrededor de 200 millones de euros. Así, reiteran que subir las primas con una subida del 14%, como plantea el Gobierno, llevaría consigo un aumento de los costes a asumir por estas tres compañías. Un impacto económico negativo que estas empresas justifican por la subida de la inflación y por el aumento de la siniestralidad.
Tres meses para cerrar el acuerdo
La licitación del servicio de asistencia sanitaria que a día de hoy presta Muface vence este ejercicio 2024. El Gobierno tiene de aquí al cierre del año para sacar a concurso la nueva licitación del servicio, ante la que estas tres aseguradoras han avanzado ya que no se presentarán. Muface presta servicio sanitario a alrededor de 1,5 millones de personas, tanto a funcionarios de la Administración Pública como a sus familias.
La patronal de la sanidad privada, ASPE, ya ha advertido de que una remuneración considerada “deficitaria” en el concierto de Muface provocaría un “éxodo” de estos trabajadores públicos al sistema público de salud. Un cambio que aumentaría incluso más las listas de espera de la sanidad pública, aseguran desde la patronal de la sanidad privada. En cifras, ASPE considera que el concierto de Muface con las aseguradoras privadas permite ahorrarse al Estado más de 890 millones de euros al año. No obstante, defienden que la desaparición de este concierto tendría un impacto económico negativo de más de 1.000 millones de euros para la sanidad pública.
Las críticas de la patronal de la sanidad privada, ASPE, van más allá y denuncian ahora que el Gobierno busca “de forma deliberada” responsabilizar al sector de los seguros privados del fin del concierto de Muface y, por tanto, de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios. Para la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), el aumento de la prima ofrecida por el Ejecutivo es “insuficiente” y está “muy por debajo de lo aceptable”. Es más, ASPE denuncia que la marcha de 1,5 millones de funcionarios, y sus familias, al sistema sanitario público «está firmado en los despachos del Gobierno de coalición».
“El cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios», denuncian desde la sanidad privada. Es más, alertan de que, si no se mejora la prima ofrecida a las aseguradoras del sector privado, «desaparecería el modelo mutualista de forma radical a partir del 1 de enero de 2025″.
CSIF amenaza con movilizaciones
Por parte de los sindicatos, CSIF ya ha advertido al Gobierno de la necesidad de garantizar una financiación “suficiente” para el próximo concierto de Muface. El sindicato, representativo de los trabajadores del sector público, no descarta emprender movilizaciones si no se da respuesta a las necesidades de los mutualistas. En un comunicado hecho público este miércoles, CSIF expresa su preocupación por la falta de acuerdo en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras privadas.
En cuanto a fechas, el sindicato advierte de que el concierto debería estar cerrado en este mes de octubre para poder garantizar la asistencia sanitaria a los funcionarios desde el arranque del año 2025. «No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición«, ha advertido el sindicato en su amenaza de movilizaciones.
