La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto resolver este lunes dos recursos -uno interpuesto por el fiscal y otro por la defensa de Begoña Gómez- de los que depende el futuro de la investigación abierta a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La defensa de Gómez reclama el archivo del procedimiento. El abogado Antonio Camacho acudió directamente en apelación a la Audiencia contra la resolución que dictó el juez instructor, Juan Carlos Peinado, el pasado 2 de julio en respuesta a una petición del defensor para que le dijera qué se está investigando en las diligencias abiertas a finales del pasado abril por una denuncia del sindicato Manos Limpias.
La contestación del juez fue que se investigan «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial».
Una parte de la denuncia de Manos Limpias ya fue descartada como objeto de investigación por la Audiencia el pasado 29 de mayo, en contestación a un temprano recurso del fiscal. Esa parte recogía una noticia falsa sobre el cobro de una subvención por la mujer del presidente del Gobierno, subvención que realmente había percibido una empresaria cántabra también llamada Begoña Gómez.
Otra parte de la denuncia se refería a dos cartas de recomendación que la esposa de Pedro Sánchez firmó en apoyo a los proyectos presentados a dos concursos de Red.es por una compañía ligada al empresario Carlos Barrabés, que fue profesor del máster que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid sobre transformación social competitiva.
En esta parte la Sección 23 sí vio una «base probatoria suficiente» para investigar a Gómez. Pero el juez Peinado se inhibió el pasado 7 de junio en favor de la Fiscalía Europea respecto a la investigación de esos contratos, al estar financiados con fondos de la UE.
La tercera parte de la denuncia versaba sobre el rescate de la aerolínea Air Europa tras la pandemia de la Covid-19. La compañía pertenece a Globalia y la denuncia de Manos Limpias reseñaba vínculos de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, ex-CEO del grupo empresarial.
La defensa sostiene que la Audiencia ya excluyó en mayo del procedimiento el rescate de Air Europa porque, ciertamente, los magistrados afirmaron que la relación de Gómez con esa decisión del Gobierno era una «simple conjetura«.
Sin embargo, la resolución de los magistrados añadía una mención a las «llamativas coincidencias temporales y personales [entre Gómez e Hidalgo] que, en su momento, puedan deparar nuevos datos«, lo que no corroboraría esa exclusión. Y así lo ha entendido Peinado, que encargó a la Intervención General del Estado un informe sobre ese expediente de rescate.
Ampliación de las pesquisas
Más allá de la denuncia inicial, el instructor está practicando diligencias sobre variadas cuestiones: desde otros seis contratos adjudicados a Barrabés («en los que no existe ningún elemento que vincule a Begoña Gómez con los mismos», subraya la defensa) hasta la actividad de la empresaria en el IE Africa Center, su contratación por la UCM o el funcionamiento del máster y la cátedra extraordinaria que Gómez ha codirigido en esa universidad.
Recientemente, además, la Sección Tercera de la Audiencia madrileña ha considerado correcto el envío a Peinado de una denuncia recaída en otro Juzgado sobre la supuesta apropiación por Gómez de un software de la Universidad Complutense.
A juicio del defensor, todo ello pone de manifiesto que el instructor «pretende extender la investigación más allá de lo que falló la Audiencia Provincial», abriendo «una investigación prospectiva» e «indagando en la vida y obra» de la investigada.
Investigación compleja
Distintos magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consultados por este periódico descartan que sus compañeros de la Sección 23 vayan a dar ‘carpetazo’ a la investigación abierta a Begoña Gómez.
«Cuando las diligencias están en un estado incipiente e inicialmente hemos visto materia para investigar, como es el caso, no es usual que decretemos el archivo», coinciden estas fuentes.
La resolución dictada en mayo por la Sección 23 abonaría la tesis de que es necesario seguir investigando. En aquel momento, los mismos magistrados que van a pronunciarse ahora reprendieron al fiscal por su «pretensión de impedir toda investigación» en el «delicado campo» de los delitos de tráfico de influencias.
En este sentido, indicaron que no investigar los indicios existentes «podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y donde la obtención de fuentes de prueba es compleja».
Las fuentes consultadas consideran que, aunque sea un factor extraprocesal, los ataques que se están dirigiendo al instructor -particularmente los que provienen del PSOE y los propios miembros del Gobierno- generan un sentimiento de solidaridad con él y «alejan la posibilidad de un varapalo», afirman.
Señalan, a este respecto, que en amplios sectores de la Audiencia Provincial se considera «desproporcionada» la reacción del Gobierno a la investigación sobre la mujer del presidente, hasta el punto de que éste se ha querellado contra Peinado.
En este sentido, consideran que una desautorización del instructor en la resolución de los recursos dejaría la instructor «a los pies de los caballos» de cara a esa querella, cuya admisión o no a trámite está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El objeto de la instrucción
Otra cosa, añaden, es que la Sección exija a Peinado una determinación más precisa del objeto de las diligencias y la notificación tempestiva de los nuevos hechos que vaya incorporando a las diligencias.
Éste es el sentido del recurso del fiscal, que se ha quejado ante la Audiencia que el objeto de la investigación «está resultando genérico y carente de concreción«, por lo que «puede parecer una causa general».
«No existan resoluciones judiciales que dirijan ni concreten el procedimiento», afirma el recurso del Ministerio Público.
«Se está pretendiendo ampliar la instrucción a tiempos y escenarios amplísimos, cuya relación con la finalidad que se perseguía no acabamos de comprender», afirma.
Por ello, solicita a la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid que «delimite la causa»; excluya de la misma «los hechos relativos a Globalia», en los que no aprecia ningún indicio delictivo, y «determine» qué hechos puede seguir indagando el juez y cuáles no.
En el contexto de estas quejas, es significativo que la Audiencia haya querido examinar la totalidad de las diligencias que tramita Peinado. La elevación a la Sección de la integridad del procedimiento fue una petición de la defensa en su recurso. Los magistrados la reclamaron el pasado día 12.
