1. En el punto de mira desde los cinco días de reflexión
  2. Financiación de los medios
  3. Cortar el dinero a digitales cercanos a Putin
  4. Nuevo recuento de lectores
  5. El origen de los pseudomedios
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de septiembre de 2024, en Madrid.

El Gobierno dará prioridad a la reforma de la ley de publicidad institucional. El PSOE y Sumar coinciden en la urgencia de endurecer la normativa, con el fin de evitar que “los gobiernos del Partido Popular concedan más fondos a los medios afines”, según ha podido escuchar Confidencial Digital de fuentes gubernamentales.

En las próximas semanas, los dos partidos cerrarán reuniones para concretar qué normas constituirán las tripas del plan de medios que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 17 de septiembre.

El Ejecutivo redactará varios proyectos de ley durante los próximos tres años, pero aún queda por detallar, no solo cuándo impulsará esas medidas, sino también los detalles de cada iniciativa legislativa.

Moncloa considera crucial meter mano a los fondos públicos que reciben los medios de comunicación, porque argumenta que son la principal fuentes de ingresos de lo que el presidente, Pedro Sánchez, ha denominado “pseudomedios”.

En el punto de mira desde los cinco días de reflexión

El Gobierno ya fijó como objetivo principal atacar la financiación discrecional de los medios de comunicación, en el plan de medios anunciado por Sánchez tras los cinco días de reflexión iniciados después de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.

El juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite la querella del sindicato Manos Limpias, basado, precisamente, en informaciones de varios digitales, como El Confidencial o  The Objective. Entonces, el presidente tomó la decisión de poner fin a lo que consideró “informaciones falsas” y “bulos” contra él provocadas por el cargo que ostenta y como secretario general de los socialistas.

Financiación de los medios

Ya en aquellos días, altos cargos de Moncloa, reticentes a dar detalles sobre qué medidas pensaba a desarrollar el Ejecutivo, deslizaban que la financiación de esos medios estaría en el punto de mira.

“Las comunidades del PP están incumpliendo la ley de publicidad institucional, para dar fondos a medios afines”, aseguraban dirigentes del Gobierno. Y se acogían a la normativa europea que el Parlamento en Bruselas había aprobado pocos meses después: “Es un buen espejo al que mirarse”.

Dicha legislación ahonda en la transparencia mediática, porque obliga a todos los medios a hacer público quiénes son sus dueños y de dónde procede la financiación. Dos medidas que el Ejecutivo incluirá en su plan de medios.

Cortar el dinero a digitales cercanos a Putin

Sin embargo, el espíritu de la ley europea no apunta a la financiación de los medios por partidos políticos, sino que fija su atención en los que pueden estar a las órdenes y bajo el argumentario de Vladímir Putin.

A pesar de ello, el Gobierno ha utilizado ese aspecto para apuntar directamente al PP, y acusar a sus gobiernos autonómicos —Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Galicia, Baleares, Aragón, Extremadura, Andalucía y La Rioja— de regar con dinero público a los diarios cercanos ideológicamente, independientemente del número de lectores que tienen.

No obstante, Moncloa no se ha atrevido a nombrar, ni en público ni en privado, a qué medios se refiere.

Nuevo recuento de lectores

Aunque el Ejecutivo no ha elaborado la ley, y no ha explicado cómo pondrá coto al reparto de dinero por las instituciones públicas, sí considera necesario realizar un recuento de audiencia al margen de la que ahora se utiliza, elaborada por la empresa GFK Dam desde 2022; o, al menos, auditar las cifras aportadas.

Algunos medios publican sus propios datos, pero el Ejecutivo quiere eludir que las cifras sean alteradas por los propios digitales con el fin de conseguir mejores contratos publicitarios y más fondos públicos.

La idea de Moncloa —aún por aterrizar— pasa por que el reparto se corresponda, por ley, al número de lectores. Hasta ahora, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y el propio Gobierno han repartido dinero sin filtro alguno en forma de publicidad institucional. Una práctica que ha llevado a que, tanto los gobiernos del PSOE como los del PP, inviertan más en las cabeceras con una línea editorial próxima a sus postulados.

Los socialistas y Sumar se reunirán en las próximas semanas para aterrizar estas ideas y darles forma; fuentes de ambos partidos aseguran a ECD que aún no han trabajado en ninguna de las medidas del plan de medios.

El origen de los pseudomedios

La preocupación por las posibles “informaciones falsas” viene de atrás. Los socialistas llevan mucho tiempo preocupados por la difusión que tienen las publicaciones que critican y afectan a la imagen del presidente.

Ferraz apunta, principalmente, a las redes sociales. “Estas noticias circulan rapidísimo por WhatsApp. No nos preocupa el número de lectores de esos medios, sino el recorrido posterior que sus informaciones tiene  por otras vías”, afirmaba un alto cargo del PSOE a ECD a principios de 2023.

La parte socialista del Gobierno considera que las nuevas tecnologías permiten crear un portal web casi a cualquier ciudadano, y que eso ha deteriorado el periodismo. Y La financiación institucional resulta clave para que dichos portales pasen del anonimato a tener recursos suficientes para ejercer la profesión, argumentan en el Ejecutivo.

Se trata de un temor que resumen en una frase ya extendida en el periodismo y compartida en el seno del Ejecutivo: “Cuando una noticia se está atando los cordones, el bulo ya ha dado tres vueltas”.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2024, en Madrid.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (d), en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2024, en Madrid.

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