La Comisión Europea ha lanzado este jueves un procedimiento sancionador contra España por no pagar adecuadamente el permiso parental para el cuidado de hijos menores de ocho años, lo que supone una vulneración de la directiva de la UE sobre conciliación de la vida familiar y profesional.
La norma en cuestión establece una serie de requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando la conciliación de los trabajadores que sean padres o cuidadores.
La directiva exige garantizar que cada trabajador tenga un derecho individual a disfrutar de un permiso parental de cuatro meses, que debe disfrutarse antes de que el hijo alcance una determinada edad, como máximo ocho años. Los Estados miembros deben asegurarse de que dos de los meses de permiso parental no puedan ser transferidos de un progenitor a otro.
Estos dos meses no transferibles deben ser remunerados, aunque la directiva deja total libertad a los Gobiernos para fijar el nivel de pago.
La norma entró en vigor en julio de 2019, con dos plazos de transposición distintos. Los Estados miembros tenían hasta el 2 de agosto de 2022 para incorporar la mayoría de las disposiciones de la directiva a su Derecho nacional, por ejemplo la disposición que establece el derecho a dos meses de permiso parental no transferible y adecuadamente remunerado.
Por su parte, la disposición relativa al pago de las dos últimas semanas de permiso parental debía ser transpuesta por los Estados miembros a más tardar el 2 de agosto de 2024.
Sin embargo, hasta el día de hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha comunicado a la Comisión la transposición completa de esta disposición sobre el pago de las dos últimas semanas del permiso parental a su legislación nacional.
Por ello, la Comisión ha decidido este jueves enviar una carta de emplazamiento a España, lo que supone la apertura formal de un procedimiento de infracción. El Gobierno de Sánchez dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado exigiendo las modificaciones legales pertinentes y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
