La información remitida a finales del pasado mes de julio por Hacienda a la jueza Beatriz Biedma, que investiga por presunta corrupción a David Sánchez, hermano del Presidente del Gobierno –y que veía fiscalmente compatible su residencia en Portugal con su puesto de alto cargo en la Diputación de Badajoz- no es fruto de una investigación formal sobre la posible comisión de delitos fiscales por parte del músico y se limitó a una simple consulta en las bases de datos de la Agencia Tributaria.
Así se lo ha aclarado Clara Isabel Santos, delegada Especial de la AEAT de Extremadura a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz después de que ésta exigiera conocer a los autores de ese primer informe, que exoneraba a Sánchez de cualquier irregularidad fiscal y que fue remitido sin que constara la firma de ningún funcionario. En esta causa se investiga al alto cargo en la Diputación extremeña por presuntos delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su puesto como coordinador de conservatorios y responsable del programa Ópera Joven.
Simple cesión de información
En su respuesta, que tiene fecha del pasado 5 de septiembre y a la que ha tenido acceso este diario, la principal responsable extremeña de Hacienda atribuye a la propia jueza la responsabilidad sobre el alcance de la información solicitada, pues el requerimiento de Biedma no se encuadraba «ni como informe de delito fiscal, ni como auxilio judicial». Fue tramitado como «una petición de cesión de información no estructurada» que se regula en un Convenio que firmaron en 2010 la Agencia Tributaria con el Ministerio de Justicia en materia de traslado de datos fiscales.
Es decir, la información carecía de profundidad y se limitó a una consulta de los datos que constan en las bases de Hacienda. En virtud del citado convenio, este tipo de consultas tiene como consecuencia la generación de un expediente electrónico que se pone a disposición del Consejo General del Poder Judicial a través del denominado Punto Neutro Judicial «que garantiza su inalterabilidad». Por este motivo, no es preciso que el documento vaya firmado por ningún funcionario.
Aun así, y tras la pregunta de la jueza, Santos le responde que la consulta de los datos, el análisis de los mismos y las conclusiones recogidas en la información que fue remitida al juzgado fueron realizados de forma conjunta por la Inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas; y por el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, correspondiendo la coordinación a ella misma.
Bronca en el Senado
La naturaleza y profundidad de este informe realizado inicialmente por Hacienda sobre la situación fiscal del hermano del presidente del Gobierno fue motivo de bronca durante la sesión de control del Senado de este martes donde la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido inquirida al respecto por la oposición.
En respuesta a una pregunta formulada por el senador del PP, Luis Santamaría, que acusaba al Gobierno de tratar de «esconder la corrupción» de David Sánchez, al que se ha referido como «hermanísimo», Montero replicó –en consonancia con el contenido el escrito remitido a la jueza de Badajoz–que el citado informe se llevó a cabo en virtud de un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria y el Consejo General del Poder Judicial. «No es una tarea de inspección, sino de asesoramiento», dijo la vicepresidenta.
Montero acusó también al senador del PP de hacerse eco de «informaciones falsas de organizaciones de ultraderecha» que acuden a los tribunales con «recortes periodísticos». «Como no hay caso, tienen que estirar los bulos y mentiras», afirmó durante la última sesión de control en el Senado. Según el PP, se había encargado el informe sobre David Sánchez a un departamento «que no tiene competencias de inspección».
El informe cuestionado concluía que el domicilio fiscal de David Sánchez en Elvas (Portugal) no entra en conflicto con ser empleado público en España y que se resuelve con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Lo hacía tras acreditar que el hermano del presidente del Gobierno no ha estado en territorio español durante más de 183 días en 2021, 2022 y 2023, por lo que no es residente fiscal desde hace cuatro años.
También hacía mención dicha al convenio para evitar la doble imposición que tienen suscrito España y Portugal «prevé que las remuneraciones pagadas por un Estado contratante o una de sus entidades locales a una persona física por razón de servicios prestados a ese Estado o Entidad, solo pueden someterse a imposición en ese Estado, aunque fuera residente en el otro Estado». Por esta razón, su residencia fiscal en el país vecino sería compatible con su condición de empleado de la Administración pública.
