El Gobierno explora ya medidas concretas para atajar el problema de la vivienda y desincentivar el negocio dedicado al alquiler. En los últimos días PSOE y Sumar han acercado posiciones en esta materia y han acordado trabajar en un «pack fiscal contra la especulación inmobiliaria» para dotar de más impuestos a las sociedades dedicadas a la gestión de alquileres y a los pisos turísticos.
Los socios del Gobierno de coalición cumplen este miércoles una semana desde que se sentaron por primera vez a negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2025, y comienzan a encontrar puntos de acuerdo en materia de vivienda, una de las prioridades Sumar se ha fijado esta legislatura.
Este mismo martes se produjo una situación inesperada en la Comisión de Vivienda del Congreso, donde Sumar retiró antes de su votación una iniciativa que incluía medidas para castigar fiscalmente a las sociedades inmobiliarias. Era una de las peticiones que se habían trasladado en la negociación, donde se pidió evitar «interferencias» a nivel parlamentario sobre vivienda a cambio del compromiso de ambas partes de llegar a un acuerdo sobre su fiscalidad.
Los de Yolanda Díaz y el Ministerio de Hacienda han acordado elaborar un paquete de medidas para desincentivar la especulación inmobiliaria. La propuesta iría por dos vías: reducir los beneficios fiscales de las sociedades inmobiliarias y hacer una reforma fiscal para gravar más a los pisos turísticos.
Reforma del IVA
En la actualidad este tipo de arrendamientos soporta el 10% del IVA frente al 21% de los hoteles, y el principio de acuerdo iría encaminado a igualar su tributación, incrementando el IVA de los pisos turísticos hasta el 21%. Además, se ha avanzado también entre PSOE y Sumar en la bajada del IVA al 4% para las viviendas públicas destinadas al alquiler social.
En el ala socialista del Gobierno ven viable una reforma del IVA en este sentido y apelan al marco regulatorio europeo, donde aseguran que existe consenso para hacerlo. Bruselas está trabajando en una directiva europea sobre el IVA precisamente encaminada a incrementar el IVA de alquileres turísticos en zonas tensionadas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria / Alberto Ortega – Europa Press
Ya en verano, Montero pospuso la eventual puesta en marcha de esta medida, reclamada por Sumar, asegurando que el Gobierno sólo podría aprobar algo así una vez que la directiva saliera adelante. Desde las filas de Díaz no tardaron en replicar que la actual Directiva Europea sobre el IVA ya lo permite en el «sector hotelero o en sectores que tengan una función similar» (art. 135.2). De alcanzarse un acuerdo, la puesta en marcha podría acelerarse.
La reforma del IVA fue una de las medidas que Yolanda Díaz presentó hace dos semanas en su plan de presupuestos para 2025, donde incluía una amplia batería destinadas a regular el mercado de la vivienda. Algunas de sus medidas más llamativas, como la prohibición de comprar viviendas en zonas tensionadas, ya han sido descartada por el ala socialista del Gobierno en la negociación, según fuentes próximas.
Sociedades inmobiliarias
La segunda pata por la que camina el acuerdo son las sociedades destinadas al alquiler inmobiliario, tanto las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) como las entidades destinadas al arrendamiento de viviendas (Edav), sociedades que tienen en propiedad un mínimo de ocho viviendas en alquiler. Estos dos tipos de figuras tienen régimen fiscal específico con bonificaciones fiscales y con menos impuestos que los que tributan las personas físicas a través de las rentas del trabajo (IRPF).
Las Edav tienen un régimen especial en Hacienda que bonifica el 40% del Impuesto de Sociedades de los ingresos derivados del arrendamiento, una cifra que en 2022 ya se redujo significativamente (desde el 85%). En el caso de las socimis, no tributan impuesto de sociedades y tienen además una bonificación del 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de viviendas destinadas al alquiler. Unos beneficios fiscales que PSOE y Sumar planean ahora reducir para aumentar la recaudación y al mismo tiempo desincentivar este tipo de sociedades.
Las socimis sí están obligadas a repartir la mayoría de sus beneficios en dividendos entre sus accionistas, que sí tributan por sus beneficios, aunque con un nivel impositivo (19%) muy inferior al que se paga en IRPF. En las negociaciones, Sumar y PSOE han acercado ya posturas para acordar una armonización fiscal entre ambas rentas para aumentar la presión sobre los rendimientos inmobiliarios e igualar el nivel impositivo a las rentas del trabajo.
El PSOE ve «margen»
Desde la parte socialista del Gobierno no cierran la puerta a estas propuestas en fiscalidad e incluso avanzan que “hay margen”, pero sí advierten que deben adaptarse a la realidad parlamentaria. Concretamente, mencionan a Junts y PNV, formaciones más reacias a las subidas de impuestos, para insistir en que las reformas fiscales deben contar con “capacidad de consenso”. Esta es la razón, precisamente, por lo que desde Hacienda ya se desmarcaron de la propuesta de Sumar para eliminar la exención del IVA a la educación y sanidad privada.
Las mismas reticencias que reconocen en Moncloa a la hora de reformar los impuestos extraordinarios a la banca o las energéticas. Su intención es tratar de hacerlos permanentes, aun con cambios para permitir deducciones a las compañías por las inversiones en transición energética que realicen. A diferencia del IVA, PSOE y Sumar sí pactaron en el programa de Gobierno la revisión de los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas “con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”, a finales de año.
En paralelo, el Ministerio de Vivienda está trabajando en un reglamento para limitar el alquiler de temporada, aunque la norma no se prevé que esté lista hasta bien entrado el próximo año. En Sumar se reservan su apoyo a las medidas sobre vivienda impulsadas por el ala socialista a que el Gobierno apruebe las medidas acordadas, ya sea vía presupuestos, o en caso de que decaigan, por la vía del decreto o el proyecto de ley.
