Justo el mismo día en que el Gobierno de Pedro Sánchez aplaza sine die la aprobación del techo de gasto con la esperanza de lograr el apoyo de Junts, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una nueva carta a la presidenta de la Eurocámara, la popular Roberta Metsola, en la que le pide «abordar personalmente» el uso del catalán en el Parlamento en un intento de contentar a Carles Puigdemont.
De hecho, el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE era uno de los «pagos adelantados» que había exigido el expresidente catalán (fugado en Bruselas desde octubre de 2017) a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo ya en agosto de 2023. Sin embargo, esta petición se ha acabado aparcando debido a la falta de apoyos entre los Estados miembros. La última vez que se debatió la petición española en el Consejo de Asuntos Generales fue el pasado mes de marzo.
Por ello, Albares opta ahora por ensayar una vía distinta y en teoría más fácil: firmar un acuerdo administrativo con el Parlamento Europeo para que el catalán, el gallego y el euskera puedan utilizarse en los plenos en Bruselas y en Estrasburgo. No obstante, la Mesa de la Eurocámara (que reúne a la presidenta y a los 14 vicepresidentes) ya ha rechazado esta posibilidad en el pasado y en los últimos meses ni siquiera había llevado el tema a votación por falta de apoyos suficientes.
[Albares apela ahora a la «identidad nacional española» para defender el catalán en la UE]
El ministro de Exteriores defiende en su nueva misiva que la legislatura que ahora comienza «constituye una ocasión privilegiada para dar un nuevo impulso a la suscripción de un acuerdo administrativo para el uso en el Parlamento del catalán, el euskera y el gallego«.
«Este es un asunto prioritario para mi país y un elemento esencial de la identidad nacional española, inherente a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales, cuyo respeto está igualmente protegido en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea», alega Albares.
En la carta, el ministro de Asuntos Exteriores destaca que «más de 20 millones de personas viven en territorios españoles donde se reconoce la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego». A su juicio, el uso de estas lenguas en la Eurocámara «resulta de gran importancia» para «continuar acercando las instituciones (de la UE) a los ciudadanos» y «fomentar su participación».
Albares argumenta además para defender su petición que el catalán cuenta con reconocimiento constitucional, es lengua de trabajo en el Congreso y el Senado, cuenta desde hace años (con el Gobierno de Zapatero) con acuerdos administrativos sobre su uso en otras instituciones de la UE, y además se ha depositado una copia certificada de los Tratados traducida a esta lengua.
«Por todo lo anterior, Señora Presidenta, le agradecería poder abordar personalmente la posibilidad de someter a la Mesa del Parlamento la decisión para concluir el mencionado acuerdo administrativo entre España y el Parlamento Europeo, que permita el uso en su sede del catalán, el euskera y el gallego», concluye la misiva de Albares.
El ministro de Exteriores envió otras cartas similares a Metsola en septiembre de 2022 y marzo de 2024 sin ningún resultado. Sin embargo, el Gobierno espera ahora que con el nuevo reparto de fuerzas en la Mesa de la Eurocámara en esta legislatura sea posible lograr la mayoría suficiente para el uso del catalán. En particular, Ciudadanos (que con el PP lideraba la oposición a esta medida) no ha obtenido ninguna representación, lo que podría cambiar el sentido del voto del grupo liberal, donde milita el PNV.
El mismo día en que Albares ha enviado su carta a Metsola, se ha celebrado en Bruselas la reunión mensual del Consejo de Asuntos Generales. Allí, el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE no figuraba en el orden del día y el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, no ha hecho ninguna mención al respecto.
La oficialidad plena del catalán en la UE requeriría el apoyo unánime de los 27 Estados miembros. Pero desde que Albares lanzó el debate en Bruselas en agosto de 2023 para ganarse el apoyo de Puigdemont, una gran mayoría de Gobiernos se han negado a dar este paso por las dudas legales, financieras y de impacto administrativo que genera la petición española. De ahí que el ministro de Exteriores pretenda ahora reactivar la vía alternativa del acuerdo con la Eurocámara.
