El abogado del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales trata de cuestionar la imparcialidad de la jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, al sembrar dudas sobre la independencia del informe clave que esta ha reclamado a la Intervención General del Estado (IGAE) para determinar la legalidad o no de la actuación de los exresponsables del organismo federativo y del exjugador de fútbol Gerard Piqué. El exfutbolista del FC Barcelona pactó una comisión de 24 millones a cambio de conseguir que la RFEF trasladara la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí.
Las críticas del letrado del expresidente de la RFEF se producen después de que la jueza encargara un informe para conocer «el procedimiento legalmente correspondiente que la RFEF debía haber cumplido, especialmente desde el punto de vista económico, respecto a los acuerdos firmados por dicha Federación con Sela Sport Company Limited para la celebración en Arabia Saudí de la Supercopa de fútbol», según indica una providencia de 16 de julio, cuyo contenido critica abiertamente el letrado de Rubiales.
En sentido contrario, la providencia censurada por la defensa de Rubiales evidencia que la jueza al constatar que el informe no se había encargado a de forma correcta a los funcionarios responsables del caso, que están adcritos a la Fiscalía Anticorrupción, esta no solo reconocía «el error en cuanto al destinatario», sino que lo encargaba de nuevo al órgano correcto: «La IGAE como unidad de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción que ya ha emitido un informe en este procedimiento».
Un simple error
Sin embargo, este simple error en el destinatario, que la propia jueza ha enmendado en pocos días, es abiertamente atacado por el expresidente de la RFEF que llega a considerar que la decisión de Delia Rodrigo «no tiene desperdicio», pues considera que la instructora establece una diferencia entre la “IGAE del Ministerio de Economía” y la “IGAE como unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción”.
Y esta diferenciación «resulta extremadamente inquietante» para la defensa, que apunta «la probable posibilidad de que exista una IGAE proclive a las tesis y pretensiones del Ministerio Público (al menos en cuanto a su predisposición a “emitir informes jurídicos”) en contra de la imperatividad de las competencias de la propia IGAE (sin adscripción expresa), designada por ley a prestar el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia a través de la Subdirección General de Estudios y Coordinación», prosigue el escrito de Rubiales.
Por ello, el expresidente de la RFEF trata de presentar un simple error en la instrucción, pues la petición del informe no se entregó a los funcionarios encargados del tema, que son los adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, para sembrar la duda acerca de la imparcialidad de estos empleados públicos, pero también de la Fiscalía Anticorrupción y de la propia jueza.
Perjuicio para la RFEF
De forma reciente, la jueza defendió que la personación de la RFEF como acusación particular «es correcta», ya que los hechos investigados «ponen de relieve un posible perjuicio patrimonial» para esta entidad, según especifica un auto de 26 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, que mantiene a la RFEF como perjudicada.
En concreto, prosigue la jueza, el perjuicio se fija «en el importe de la comisión cobrada por el agente externo (“mercantil Kosmos Holding”) [la empresa del exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué] en la formalización del contrato para la celebración del evento de la Supercopa en Arabia Saudí», pues este dinero «no fue percibido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)».
