La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha cambiado significativamente la forma en que se resuelven los conflictos familiares entre personas de ambos lados del canal, afectando aspectos como el divorcio, la custodia de los hijos y la manutención. Antes del Brexit, todo era más sencillo gracias a un marco legal europeo que permitía que las decisiones judiciales se reconocieran automáticamente entre países. Sin embargo, desde enero de 2021, esto ha cambiado.

Cambios legales después del Brexit

Antes del Brexit, las decisiones judiciales en temas familiares, como la custodia de menores o la pensión alimenticia, se reconocían automáticamente entre los países de la Unión Europea gracias al Reglamento Bruselas II bis. Este facilitaba, por ejemplo, que una orden de custodia emitida en España fuera reconocida sin trámites adicionales en el Reino Unido. Ahora, con la salida del Reino Unido de este sistema, las familias que enfrentan disputas transfronterizas deben recurrir a convenios internacionales como las Convenciones de La Haya de 1970 y 2007. Aunque estos convenios son útiles, no cubren todos los aspectos que antes abarcaba el Reglamento Bruselas II bis, lo que significa que las familias pueden enfrentarse a procesos más largos y costosos.

La mediación: una herramienta clave

En este nuevo contexto, la mediación ha cobrado mayor relevancia como una forma de resolver conflictos familiares de manera más rápida y menos costosa. 

A través de la mediación, las partes pueden negociar y llegar a acuerdos amigables, evitando los largos y caros procesos judiciales.

Lo más destacable de los acuerdos de mediación es que la mayoría de ellos se cumplen voluntariamente. Esto se debe a que, a diferencia de las resoluciones judiciales impuestas, estos acuerdos nacen de la voluntad de las partes y del consenso mutuo, lo que fomenta un mayor compromiso para su cumplimiento.

El CEDR Mediation Audit de 2022 indica que el Reino Unido gestionó aproximadamente 17,000 casos de mediación civil y comercial, de los cuales el 92% fueron exitosamente cumplidos sin la necesidad de recurrir a la ejecución judicial. 

Esto demuestra la efectividad de la mediación, aunque en los casos donde fue necesario ejecutar los acuerdos, los procedimientos pueden ser más complejos desde la salida del Reino Unido de la UE.

Reconocimiento de acuerdos de mediación

Una de las grandes complicaciones que ha surgido tras el Brexit es el proceso de reconocimiento de los acuerdos alcanzados en mediación cuando involucran a dos jurisdicciones, como Reino Unido y un país de la Unión Europea, por ejemplo, España.

Antes del Brexit, los acuerdos resultantes de mediación, cuando se formalizaban en un tribunal de un país miembro de la UE, podían ejecutarse automáticamente en otro país de la UE. Sin embargo, ahora los acuerdos alcanzados en mediación en España, por ejemplo, no se reconocen automáticamente en el Reino Unido.

En el Reino Unido, si una parte no cumple con los términos de un acuerdo de mediación que ha sido formalmente reconocido por un tribunal, la parte afectada puede solicitar su ejecución judicial. Así, para que un acuerdo de mediación sea ejecutable en el Reino Unido, las partes deben someterlo a un proceso judicial de reconocimiento ante un tribunal británico.

El tribunal evaluará el acuerdo y, si se considera justo y en consonancia con las leyes británicas, emitirá una orden de ejecución, lo que obligará a la otra parte a cumplir con los términos acordados.

En algunos casos, esto puede llevar a que se modifiquen los términos del acuerdo si no se ajustan a los criterios legales del Reino Unido, lo que añade incertidumbre y posibles retrasos.

Diferencias entre los sistemas legales de España y Reino Unido

Como consecuencia de lo anterior es fundamental comprender las principales diferencias entre los sistemas legales de España y Reino Unido en materia de derecho de familia, ya que estas diferencias pueden afectar la viabilidad y el reconocimiento de los acuerdos alcanzados en mediación.

1. Manutención de menores:

– España: Los tribunales españoles suelen calcular la pensión alimenticia basándose en los ingresos y necesidades del menor, manteniendo cierta flexibilidad. Se considera el bienestar económico del progenitor y su capacidad de pago.

– Reino Unido: El sistema es mucho más rígido. El Child Maintenance Service (CMS) establece la manutención utilizando fórmulas basadas en los ingresos brutos del progenitor que no tiene la custodia, dejando menos espacio para adaptaciones personalizadas.
 

2. Custodia de menores:

– España: Existe una tendencia clara hacia la custodia compartida, en la que ambos progenitores comparten las responsabilidades del cuidado y la educación de los hijos.
– Reino Unido: Aunque también se fomenta la participación activa de ambos padres, los tribunales suelen otorgar la custodia a uno de ellos, mientras que el otro tiene derecho a visitas.
 

3. Régimen de visitas:

– España: El régimen de visitas suele ser más flexible, adaptándose a las circunstancias de cada familia y caso particular.

– Reino Unido: Los tribunales británicos tienden a estructurar el régimen de visitas de manera más estricta, con horarios fijos y una planificación más formalizada.

4. Enfoque sobre el interés superior del menor:

– España: El criterio del «interés superior del menor» se aplica de manera más flexible, confiando en la discreción del juez y en los principios generales del derecho familiar.

– Reino Unido: Aquí, el principio del bienestar del menor está más reglamentado. Los jueces siguen una lista detallada de factores llamada «Welfare Checklist», que asegura que se consideren sistemáticamente todos los aspectos del bienestar del niño antes de tomar una decisión.

Conclusión

El Brexit ha fragmentado el marco legal en las disputas familiares transfronterizas entre el Reino Unido y la Unión Europea. 

A pesar de las nuevas barreras, la mediación sigue siendo una herramienta eficaz para evitar litigios largos y costosos. 

Aunque los acuerdos de mediación suelen cumplirse voluntariamente debido a su naturaleza consensuada, cuando es necesario, existen mecanismos legales para garantizar su ejecución.

El reconocimiento de los acuerdos de mediación entre ambas jurisdicciones requiere una planificación cuidadosa y asesoramiento legal especializado para asegurar que estos acuerdos puedan ser reconocidos y ejecutados en ambos países. Con una correcta preparación, las familias pueden beneficiarse de la mediación como un medio efectivo para resolver sus disputas, minimizando los riesgos y complicaciones derivados de los procedimientos judiciales transfronterizos.

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