Casi 292.800 personas están en las listas de espera para acceder a las prestaciones o servicios de dependencia. Muchas no llegan a tiempo. Solo durante el primer semestre de 2024, cada 15 minutos falleció una persona en el laberinto burocrático de la ley, una cifra que ascendió a 40.447 personas en 2023. Los presupuestos no llegaron a tiempo para ellas.
El Plan de Choque en Dependencia (2020-2023) establecía entre sus objetivos prioritarios reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes e introducir mejoras en los servicios y prestaciones que garanticen la atención adecuada de las personas dependientes. Fruto del mismo, el Gobierno de España incrementó su aportación para la dependencia en un 138%.
Sin embargo, como ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales este lunes, el incremento de las comunidades autónomas se ha limitado a un 9%. Además, continúa habiendo bastante desigualdad entre ellas. Por ejemplo, la entidad recalca que los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Aragón hicieron caja con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, Castilla y León disminuyó en 34,7 millones de euros el gasto en la atención a personas de dependencia durante el Plan de Choque; 6,4 millones Galicia y 3,2 millones Aragón, lo que supuso un alivio para «las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención» a esta población.
Recortes en Galicia
Para la asociación fueron «especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Galicia«. Aseguran que es la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%) frente al 23% de media nacional, además de ser la que menos porcentaje aporta (59%).
Por lo general, a día de hoy la aportación para dependencia del Gobierno de España en 2023 alcanza el 29% (3.292) frente al 71% (8.230 millones) de las comunidades. En menor porcentaje siguen a Galicia La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%), frente al País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunidad Valenciana (78%), que son las cuatro comunidades que más invierten en este servicio social.
«Se mantiene la acusada desigualdad territorial, siendo las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros), mientras a la cola continúan Murcia (1.504 euros) Canarias (1.248 euros) y Galicia (1.073 euros)», recalcan.
«En el año que cumple la mayoría de edad la Ley de Dependencia hay que denunciar el incumplimiento de las administraciones públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y 105029593. Ello exige que se preste atención a esta política con amplitud de miras, sentido de Estado y respeto a la ley», concluyen.
