«Un rey puede parecer decorativo pero es como una piedra angular: si se quita todo el edificio puede desmoronarse». La frase es de Stepháne Bern, quizás el periodista especializado en casas reales más famoso de Europa. Esa concepción de la institución monárquica, que a menudo se invoca por sus defensores para señalar su utilidad, no puede estar más alejada de la que tiene una parte de la izquierda española. Sin embargo, desde ese mismo ámbito se ha acusado a Sumar, principal referente electoral a la izquierda del PSOE en las últimas elecciones, de ser tibio en defensa de la república como forma de organización territorial. Pero Ernest Urtasun, ministro de Cultura, está intentando dar la vuelta a esa fama. Esta semana, el también portavoz de Sumar ha subrayado en varias ocasiones que el «plan de regeneración» que impulsa el Gobierno también elimina el delito de injurias a la Corona del Código Penal.
Aunque el plan no especifica tanto –no hay mención expresa a la monarquía–, desde Sumar se recuerda que varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo han condenado a España por dar al Jefe del Estado y a su familia una «protección reforzada» con respecto al resto de los ciudadanos, en virtud de los artículos 490 y 491 del Código Penal. Fueron sonadas las sentencias favorables a Arnaldo Otegi –que había sido condenado por llamar en 2003, cuando era portavoz de Batasuna, «jefe de los torturadores» al rey Juan Carlos- y a dos independentistas de Girona que quemaron en 2007 un retrato del Monarca. En ambos casos, la justicia europea consideró que los actos que habían sido condenados en primera instancia por el sistema español estaban protegidos por la libertad de expresión, e impuso indemnizaciones que tuvo que pagar el Estado.
Una «redacción homologable»
El PSOE se compromete ahora en el pacto a «abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal». Por ahora, en España las «calumnias o injurias» a la Corona se castigan con hasta dos años de cárcel.
Pero existen voces que alertan de que precisamente una supresión del delito de injurias a la Corona del Código Penal distinguiría a España de otras monarquías europeas, que son también democracias muy consolidadas. Además de en España, hay rey o reina en cinco países de la Unión Europea: Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y el gran ducado de Luxemburgo. El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo escribía hace cuatro años, cuando las sentencias de Estrasburgo pusieron sobre la mesa un replanteamiento de ese delito, que una modificación en esa dirección «nos alejaría de las monarquías parlamentarias, que protegen especialmente el honor del Rey». Es cierto en algunos casos.
Bélgica
La polémica sobre las injurias a la Corona en el Código Penal español provocó de manera indirecta la eliminación del delito equivalente del ordenamiento belga. El tribunal que debía decidir sobre la extradición del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtònyc, condenado por enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, consultó al Contitucional belga si ese castigo podía equivaler a un delito recogido en el Código Penal de ese país desde 1847. El Constitucional respondió que en realidad ese artículo decimonónico no era compatible con la protección a la libertad de expresión. «No satisface una necesidad social urgente y es desproporcionado con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey», añadía, para eliminar esa sanción. Hasta entonces, el Código Penal establecía que cualquiera que insultara al rey se exponía a una pena de prisión de seis meses a tres años, además de a una multa.
Países Bajos
Como en España, en Países Bajos ha habido un debate público sobre si abolir los delitos de lesa majestad, que muchos consideran arcaicos. Después de un arduo debate en 2018, y tras varios casos polémicos –como el de un periodista holandés de origen iraquí que en 2014 estuvo a punto de llegar a juicio por insultar al rey y a la reina–, el Congreso aprobó reducir drásticamente el tiempo de condena por ofender al Rey para equipararlo al castigo por ofender a cualquier otra persona; hasta entonces, la pena era de hasta cinco años de cárcel.
Dinamarca
El Código Penal danés sí establece una protección reforzada para los representantes de la monarquía, como España. En su artículo 115 el texto establece que cualquier persona que cometa un delito de ofensas o de difamación «contra el Rey o la persona autorizada por la Constitución a dirigir el Gobierno» se arriesga a una condena de «hasta el doble de las penas previstas» para quien las dirija a una persona ajena a la Corona. «Si cualquiera de los delitos antes mencionados se comete contra la reina, la reina viuda o el heredero al trono, la pena puede aumentarse hasta la mitad», añade el artículo. Eso significa que las ofensas contra el rey pueden provocar una condena de hasta cuatro años de cárcel.
Suecia
En el caso de Suecia, el Código Criminal establece, en su capítulo 18, que «una persona que cometa un delito […] que implique ofensa contra el rey u otro miembro de la Casa Real, o contra una persona que desempeñe las funciones de Jefe de Estado como regente» puede ser condenado a una pena de hasta seis años de prisión, lo que convierte a ese país en el territorio de la UE con las penas superiores al respecto.
Luxemburgo
En el Código Penal de Luxemburgo solo se hace mención genérica a las ofensas al gran duque cuando provienen de algún dirigente religioso. El artículo 268 se afirma: «Los ministros de cultos que, en discursos pronunciados o mediante lectura escrita, en el ejercicio de su ministerio, y en asamblea pública, o en escritos que contengan instrucciones pastorales, en cualquier forma, hayan atacado directamente al Gobierno, a la ley, a un decreto real o a cualquier otra autoridad pública, serán castigado con prisión de ocho días a tres meses y multa de 251 euros a 5.000 euros».
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