La pieza del BBVA del caso Tándem continúa recibiendo escritos, tanto de acusación como de defensa. Uno de los últimos en presentar el suyo ha sido el exministro de Industria y Turismo con Zapatero, Migue Sebastián, quien solicita 18 años de cárcel para el que fuera expresidente del BBVA Francisco González, 20 años para el excomisario José Manuel Villarejo, 16 para el exconsejero delegado Ángel Cano, 12 para el exjefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano y ocho para Rafael Redondo, exempleado de la empresa montada por Villarejo Cenyt. Además, pide que sea la entidad bancaria la que asuma la responsabilidad civil de 260.000 euros que reclama por el espionaje que sufrió entre los años 2004 y 2005. Sebastián acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho activo y delito para constituir una organización criminal.
Según consta en el escrito, adelantado por el periódico Expansión, Miguel Sebastián habría sido una de las personas víctimas de la trama Villarejo dentro de un proyecto al que llamaron proyecto trampa que fue aprobado por el entonces presidente de BBVA francisco González. El motivo era la supuesta relación profesional que Sebastián mantenía con el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, quien por aquel entonces pretendía entrar dentro del accionariado de la entidad financiera, algo que González no quería bajo ningún concepto.
Explican que, «el modus operandi se basaba en un aparatoso espionaje, seguimiento, vigilancia, e interceptación de comunicaciones de sus integrantes, siendo una de las personas espiadas y objeto de una campaña de difamación, el Sr. Sebastián, responsable de la Oficina Económica del entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien supuestamente tenía que prestar su connivencia para fraguar la operación entre la constructora y el BBVA. El Sr. Sebastián había ostentado anteriormente la dirección del Servicio de Estudios Económicos del BBVA (1996-2003)».
El escrito de Sebastián
Así, dice el escrito que el exministro “fue objeto de una feroz actividad de espionaje pese a encontrarse bajo el paraguas del férreo sistema de seguridad que, como secretario de estado, le brindaban los servicios de protección y vigilancia de la Presidencia del Gobierno. Solo desde adentro, es decir, con la implicación de algunas personas pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado había sido posible ejecutar aquellas acciones que le comportaron un repentino y continuado vapuleo mediático; un grave perjuicio en su vida profesional; y, lo que es más importante, una intromisión en su esfera personal más íntima mediante la revelación pública de su condición sexual en contra de su voluntad (“outing”). En su caso, además, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intimidarlo para torcer su voluntad”.
Y asevera el abogado que “Gónzalez no puede alegar que desconocía la utilización de los métodos ilegales de intromisión en la intimidad, ni la financiación de campañas de descrédito”, y asegura que tanto el expresidente de BBVA como Ángel Cano eran “conocedores absolutos” de dicho contrato.
Un contrato de espionaje que se firmó para “difundir datos íntimos”, así como construir relatos ficticios sobre su vida privada, y se publicó su vida sentimental supuestamente tortuosa” con el único fin de “desestabilizarle y frustar la operativa de toma de control de Sacyr al BBVA”.
En cuanto a la relación entre el exministro Sebastián y Luis del Rivero, el primero declaró en su declaración como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que mantuvo una reunión informativa con del Rivero en el año 2004 por el tema de Sacyr-BBVA, lo que a juicio de Sebastián “sirvió de pretexto para el espionaje de Villarejo”. Pero también afirma el escrito que “Sebastián no tenía verdadera capacidad de influencia respecto de la entrada de la constructora en la entidad” bancaria.
