Los profesionales que cotizan a las mutualidades que han de gestionar su futura pensión de jubilación, como es el caso de abogados, arquitectos, médicos e ingenieros, entre otros, confían plenamente, de forma mayoritaria, en estas entidades para afrontar su situación una vez finalizada su etapa profesional, según indica un estudio del Instituto de Coordenadas de gobernanza y economía aplicada.
No obstante, esperan que ante posibles futuras normativas impulsadas desde la Administración no se vean lesionados sus derechos y se mantengan para las nuevas generaciones las mismas opciones que tuvieron ellos al elegir estar en su mutualidad.
En la actualidad, un grupo minoritario, integrado por abogados y procuradores, reclaman una llamada “pasarela” al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Por lo tanto, los profesionales apuestan por mantener la alternatividad y de pertenecer a sus mutualidades, tal y como, muchas de ellas han destacado en sus últimas asambleas de mutualistas celebradas y piden establecer un convenio especial que defina los términos de una adscripción al RETA sin que se perjudiquen sus intereses.
Incluso la “pasarela” podría suponer un menoscabo para el sistema público, en tanto que demandan que no se tengan en cuenta la cuantía de sus cotizaciones para el cálculo de su pensión, sino solo los años en los que realizaron aportaciones, alejándose así de las exigencias que la Seguridad Social impone a todos sus cotizantes.
El Instituto de Coordenadas de gobernanza y economía aplicada ha realizado un estudio sobre esta situación. Tras el trabajo de análisis, el vicepresidente del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, considera que “el mutualismo alternativo está en su mejor momento histórico y tiene mucho que aportar a los profesionales autónomos en especial y a la sociedad en general, no existiendo demanda real en el colectivo para la supresión del sistema en 2027, como se ha anunciado”.
Gran parte de los mutualistas entrevistados por el Instituto Coordenadas defienden la alternatividad como un sistema que funciona, y lamentan que un eventual fin de la posibilidad de optar al comienzo de la carrera profesional merme sus propios derechos o los de las futuras generaciones.
A diferencia de lo que sucede con las compañías aseguradoras, son los mutualistas asegurados los que definen las prestaciones en su forma y cuantía. Estas mutualidades se han debido autogestionar desde su creación, y están en un momento idóneo para afrontar el futuro: son entidades con elevados ratios de solvencia, adaptadas como el RETA a los nuevos modelos de cotización según ingresos reales que permiten a los mutualistas alternativos maximizar sus pensiones y con un modelo de capitalización individual con múltiples ventajas para diseñar el futuro de cada profesional una vez finalice su actividad laboral.
Por lo tanto, los profesionales apuestan por mantener la alternatividad de pertenecer a sus mutualidades, tal y como, muchas de ellas han destacado en sus últimas asambleas de mutualistas celebradas y establecer un convenio especial que defina los términos de una adscripción al RETA sin que se perjudiquen sus intereses.
Entre los mutualistas entrevistados existe el temor generalizado de que ante las presiones ejercidas por un grupo minoritario de abogados y procuradores, se concluya con la supresión del carácter alternativo de las mutualidades que durante más de 100 años han sido las responsables de las prestaciones sociales de sus profesionales, sin subvenciones, financiadas íntegramente por sus mutualistas, y descargando a los sistemas públicos, privando a los profesionales actuales y futuros de un modelo que se ha mostrado plenamente efectivo y garantizado.
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