La sección VII de la Audiencia Provincial con sede en Elche acogía ayer la primera sesión -de dos- en la que se juzga, por presunta prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios, a dos exconcejales del PP en el Ayuntamiento de Crevillent –Pedro García y Manuel Moya-, al coordinador del Patronato de Deportes –Francisco Serna- y a su hijo -Cayetano Serna-, propietario de la empresa Totsport Crevi SL, con la que el Consistorio contrató los servicios de monitores de deporte para escolares entre 2014 y 2018. Esta actividad se realizaba en diez colegios crevillentinos y en uno de los institutos de Secundaria.
La Fiscalía mantiene que la adjudicación del contrato fue fraudulenta -«Francisco Serna benefició los intereses empresariales de Tot Sport Crevi»- y que, además, «durante la ejecución del contrato y hasta que cesó por jubilación en 2016, prosiguió en este mendaz comportamiento en fraude del erario público, puesto que no se determinó de forma expresa el total de horas del servicio». En este asunto concreto, el fiscal mantiene que se pagaron de más cerca de 27.000 euros por el descuadre de las horas.
A su vez, la acusación señala que «no se verificó si efectivamente se estaban cumpliendo las horas comprometidas por el adjudicatario» y que Francisco Serna firmaba las facturas de la empresa de su hijo como «responsable técnico o gestor». De este modo, el responsable del Patronato «contando con el auxilio de su hijo estuvo gestionando indirectamente los intereses empresariales de la mercantil Totsport Crevi, realizando cuantas actuaciones estaban en su ámbito, como coordinador de Deportes, para que esta mercantil lograra la contratación de la licitación y propiciando la no comprobación real de los servicios y horarios que la empresa estaba obligada a prestar, ocasionando fraude al Ayuntamiento, lo cual pudo realizarlo gracias al comportamiento, tanto activo como omisivo, del resto de los acusados implicados en sus respectivos casos», es decir, los exediles.
Un momento del juicio celebrado ayer por la Sección VII de la Audiencia Provincial con sede en Elche / PILAR CORTÉS
Declaraciones
Todos las acusaciones fueron negadas durante la vista, que preside el magistrado Joaquín Orellana. Los cuatro acusados se declararon «inocentes» de todos los cargos. Y tres de ellos se negaron a contestar las preguntas del fiscal, atendiendo únicamente a las cuestiones de sus abogados defensores.
El único que sí atendió a la Fiscalía fue el exconcejal Manuel Moya, que fue edil de Deportes de 2016 a 2019. Estuvo algo más de una hora declarando y negando ante la sala que existieran las irregularidades denunciadas en su día por los representantes de Compromís, partido entonces de la oposición. Moya aludió hasta en dos ocasiones a que la causa se convirtió «en una denuncia más política que contra el coordinador de Deportes y su hijo. El servicio se prestó siempre correctamente. Así nos lo hacían saber los directores de los colegios, los profesores de Educación Física y los padres. Nunca hubo una sola queja al respecto. Y tanto la contratación como la fiscalización de las facturas la hacían, como corresponde, los funcionarios municipales», sentenció Moya en varias ocasiones.
Acerca del control que ejercía como edil sobre el coordinador de Deportes -padre del beneficiario del contrato-, Moya recordó que en 2005 -entonces ya había relación de Cayetano Serna con el Ayuntamiento a través de otra empresa y otros contratos– se celebró al respecto una junta de gobierno local, tras la denuncia del portavoz de Compromís -entonces Esquerra Unida- José Manuel Penalva y después alcalde de Crevillent-. En aquel momento se acordó que la situación siguiera igual pero que al existir relación familiar entre coordinador y empresa debía ser el concejal del área quien supervisara el servicio y lo avalara. «Y así hicimos siempre», concluía Moya.
Antes que él prestaba declaración el edil de Deportes anterior, que ya había dicho lo mismo. Pedro García relató que el servicio se comenzó a prestar porque «varios padres nos lo demandaron y nos pareció interesante tener una oferta de deportes más variados, como baloncesto, pelota…». García aseguró que «fueron los técnicos municipales los que iniciaron el procedimiento para contratar a una empresa externa. La oposición política siempre demandaba que se invitara a empresas crevillentinas. Y así hicimos. Fueron los técnicos los que enviaron un email a las dos únicas mercantiles que había en la localidad -una de ellas la investigada- y a una tercera. Después, no hubo ni una queja sobre el servicio».
Los acusados en el banquillo, ayer en el palacio de Justicia de Elche / PILAR CORTÉS
«Los técnicos decidían»
El primero en declarar fue Francisco Serna. Aseveró que «siempre me apoyé en los técnicos municipales. Ellos eran quienes decidían. El pliego de contratación lo hice yo por la organización del servicio, pero fue la técnica de contratación la que lo revisó e hicimos todos los cambios según sus indicaciones. También fijó, junto al interventor, el presupuesto». Serna negó haber enviado el email invitando a su hijo. Y durante la prestación «siempre conté con el aval del concejal de Deportes. No estuve en la mesa de contratación ni hubiera estado si me lo hubieran pedido. Mantuve reuniones con directores y profesores de Educación Física para realizar el seguimiento de la actividad. Todo funcionaba correctamente».
Por su parte, el hijo de Serna y responsable de la empresa señaló que «al recibir el email para invitarme lo consideré. Yo no conocía a la funcionaria que me lo envió. No estuve por el Ayuntamiento cuando se realizó el proceso de contratación. Como joven motivado, cuando el instituto nos solicitó el servicio, se lo prestamos, aunque no entrara en el pliego de condiciones. ¿Quién me iba a decir a mi cómo iba a acabar la cosa después? Contraté a personal por encima de la cualificación necesaria. El servicio empezó bien y con los años fue mejorando. Y terminó perfectamente. Nadie me dijo nunca que tuvieran queja. De hecho, solicité la devolución de la garantía a la finalización del contrato y me la devolvieron».
Ayer también declararon algunos testigos. La mayoría funcionarios municipales, pero también el exalcalde de Crevillent José Manuel Penalva y el que fuera concejal de Deportes en el mandato anterior y miembro de Compromís, Marcelino Jiménez.
La sesión continuará el próximo miércoles, cuando los abogados defensores, la Fiscalía y el letrado de la acusación presenten sus conclusiones. Antes habrá otras testificales y la intervención de varios peritos. El fiscal anticorrupción pide para el coordinador del Patronato una pena de 5 años de cárcel e inhabilitación de cargo público de 10 años y como técnico de 4, así como una multa de 6.000 euros. Para su hijo solicita 3 años y 8 meses de cárcel y que se le prohiba contratar con entes públicos durante 3 años y 6 meses, así como multa de 5.500 euros. Para los dos exediles solicita 3 años y tres meses de prisión y 12 años y 6 meses de inhabilitación.
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