El Gobierno Sánchez parece dispuesto a aplicar una defensa preventiva en materia de información. En otra época se llamó a esto censura previa, ahora lo llaman regeneración. Lo ideó el presidente del Gobierno para protegerse y proteger a los suyos de las críticas, la fiscalización y el control. 

Con el pretexto de controlar el origen de los fondos con los que se financian los medios de comunicación e identificar a sus propietarios, pretende crear un registro de medios. No solo eso. El Gobierno prevé reformas en el Código Penal, la Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Régimen Electoral, la regulación de los Lobbies o la publicidad institucional.

Controlar desde el Ejecutivo el ejercicio libre de la información es una tentación que corre el riesgo de convertirse en realidad. El ministro de Cultura lo confirmó ayer, en compañía del “triministro” Bolaños, al apuntar la necesidad de “hacer política mediática”. Es decir, de convertir en materia de política interna la regulación del funcionamiento de los medios de comunicación.

España es una democracia, aunque sus instituciones están experimentando un grave desgaste a causa de las políticas intrusivas y colonizadoras del Gobierno de Sánchez, un presidente que quiere gobernar de manera caudillista y evitar lo que él considera intromisiones indebidas, léase críticas incómodas y controles y contrapesos molestos.

Habrá que recordarle a él, a su partido y a sus socios, que sin medios de comunicación auténticamente libres no puede haber verdadera democracia.

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