Edmundo González Urrutia llamó al fiscal general Tarek William Saab a «ensanchar el campo de la política democrática» en lugar perseguirlo judicialmente por presuntos delitos electorales cometidos a partir del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro fue proclamando de manera oficial aunque sin datos fehacientes el ganador de los comicios presidenciales.
La carta del candidato de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), sobre quien pesa una orden de captura por negarse a comparecer ante la fiscalía, se conoce tras el encuentro que tuvieron en la noche del miércoles su abogado, José Vicente Haro, y el propio Saab. «Quiero hacer mención a las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz», se señala en la comunicación divulgada luego a través de X.
De acuerdo con González Urrutia, su presentación ante el fiscal a cargo de la investigación ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al validar la victoria de Maduro, «solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política». El exdiplomático ha sido acusado de los delitos de «usurpación de funciones», «asociación, sabotaje, conspiración«, «forjamiento de documentos públicos» e «instigación a la desobediencia de las leyes». Su proceder, aseguró sin embargo, siempre estuvo apegado a «la legalidad»
Riesgo de mayor conflictividad
Su carta esta vez no ha sido dirigida a la sociedad sino al propio Saab. Las acciones en su contra, señaló el exdiplomático, «no hacen, sino incrementar el riesgo de la alteración del orden público, de la puesta en peligro de la seguridad personal y del quiebre de la convivencia pacífica que todos deseamos preservar«.
González Urrutia rechaza haber usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) al haber cuestionado los resultados oficiales. Remarcó al respecto que «el sistema y la normativa electoral de Venezuela contemplan como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a testigos acreditados en las mesas de votación», algo que no ha sucedido y, para la PUD, desencadenó la crisis, las protestas y la posterior represión estatal.
El abanderado de la principal fuerza opositora insistió en la necesidad de una «verificación imparcial» de las actas electorales, un reclamo que ha sido formulado por Brasil, Colombia, Estados Unidos y la UE, con distintos énfasis. Esa solicitud nunca fue aceptada por las instancias estatales ni por el Palacio de Miraflores.
La PUD asegura que González Urrutia ha obtenido el 67% de los votos, un número que el madurismo ha desacreditado. El Gobierno le reprocha a la oposición no haber entregado las pruebas de su triunfo frente al TSJ después de que el presidente presentó ante esa instancia un recurso de amparo para que dirimiera la controversia.
