- “Borrar delitos” para que Sánchez siga en Moncloa
- La Constitución, contra a “leyes penales singulares”
- Recusación de Conde-Pumpido, Campo y Laura Díez
- Recursos de las autonomías del PP “en cascada”
El Partido Popular ha registrado este jueves su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo para perdonar una década del proceso independentista catalán y ha pedido la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional alegando que debe ser «imparcial» e «independiente» a la hora de analizar esta norma.
En concreto, el PP busca apartar de la deliberación de la Ley de Amnistía a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.
Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha indicado que presentar este recurso –que firman diputados y senadores del Grupo Popular– era «necesario» y una «obligación moral» del Partido Popular, ya que, según ha dicho ya es el «único partido de Estado que queda en el arco parlamentario de nuestro país».
El PP ha difundido un mensaje confirmando el registro de su recurso al TC minutos antes de que el Rey Felipe VI abra a partir de las 12.00 horas el año judicial 2024-2025 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS), el primero con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado tras pasar casi seis años con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre PP y PSOE.
“Borrar delitos” para que Sánchez siga en Moncloa
En una declaración grabada, Gamarra ha indicado que este recurso plasma las «infracciones y vulneraciones» de la Carta Magna» en las que incurre la Ley de Amnistía, una norma que, según ha dicho, busca «borrar delitos cometidos» para que Sánchez pueda mantenerse en el poder «entregando el privilegio de la impunidad y destruyendo el principio de igualdad de los españoles ante la ley».
Gamarra ha asegurado que desde el Partido Popular siempre se ha defendido que la amnistía era «inconstitucional», «injusta» e «inmoral» porque, según ha dicho, su única premisa era «otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del Gobierno de España».
Es más, ha indicado que la Ley de Amnistía es «expresamente inconstitucional» porque es «arbitraria» y supone una «autoamnistía», ya que ha sido impulsada por los mismos que se benefician de ella, algo que también es contrario al ordenamiento jurídico europeo.
La Constitución, contra a “leyes penales singulares”
Gamarra ha recordado que en el debate constitucional los padres de la Carta Magna expresamente «excluyeron la posibilidad de una amnistía». «Esto lo que hace es que no tenga cabida en el marco de la Constitución Española la ley aprobada», ha resaltado.
La norma, ha proseguido, es contraria a principios básicos del Estado de Derecho, a la separación de poderes, al principio de jurisdicción y al principio de tutela judicial efectiva que recoge la Constitución. De la misma manera, ha dicho que es contraria a «leyes penales singulares» e «indultos generales» que recoge en sus artículos, 17, 25 y 62.
Asimismo, la ‘número dos’ del PP ha subrayado que la Ley de Amnistía es contraria «al artículo 14 que recoge el principio de la igualdad de todos los españoles ante la ley y, por tanto, prohíbe cualquier tipo de discriminación».
Gamarra ha explicado que el PP recurre no solo la inconstitucionalidad de cualquier amnistía en España, sino de «manera subsidiaria artículos» de la norma. «Ello nos lleva a pedir la inconstitucionalidad y la nulidad de manera subsidiaria del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2024 y también de apartados del artículo 2, del 4, del 7, del 8, del 10, del 11 y del 13», ha relatado.
Recusación de Conde-Pumpido, Campo y Laura Díez
Tras subrayar que el TC debe ser «imparcial e independiente» a la hora de conocer la inconstitucionalidad de esta Ley de Amnistía, ha avanzado también la recusación de tres magistrados: Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez.
Gamarra ha justificado la recusación de Pumpido recordando que «él mismo se apartó, ya con carácter previo, y así se recoge en un auto del Tribunal Constitucional –en el auto 48 del año 2021–, de conocer de aquellas causas que estén vinculadas con el procedimiento del procés». Según ha agregado, él dijo que lo hacía para «garantizar la imparcialidad y la independencia del Tribunal Constitucional y que, por tanto, no pudiera ser cuestionado por los españoles».
En el caso de Campo y Díaz, ha dicho que estos magistrados fueron nombrados «a propuesta del Gobierno» y han tenido «una clara dependencia jerárquica» tanto del presidente del Gobierno como del ministro que ha negociado la ley recusada.
Gamarra ha afirmado que el PP está cumpliendo con su palabra dada a los españoles, a los que les prometió «dar la batalla» contra la amnistía en todos los frentes: político, social y judicial. De hecho, ha aludido a las movilizaciones en la calle que han liderado en los últimos meses contra la amnistía. «Les dijimos a los españoles que no les íbamos a fallar y esta es una muestra más de que defendemos la igualdad», ha aseverado.
Recursos de las autonomías del PP “en cascada”
Las CCAA gobernadas por el PP también tienen previsto recurrir la Ley de Amnistía y el plazo para hacerlo finaliza el próximo 11 de septiembre. Fuentes ‘populares’ han señalado a Europa Press que esos recursos se registrarán a partir de ahora «en cascada».
En el caso de Castilla y León, su consejero de Presidencia, Gonzalo Gago, señaló a finales de agosto que «lo más previsible es que sea el día 10» de septiembre y se mostró convencido del éxito de su recurso por vulnerar hasta 14 artículos de la Constitución. Otras autonomías consultadas por Europa Press también han apuntado al 9 o 10 de septiembre como fecha probable para ese registro.
