La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este sábado políticas para «una migración ordenada, con flujos reglados, contratos en origen a ser posible y el desarrollo de los países» emisores; acusando al PP de estar «comprando el discurso de la ultraderecha» en esta materia.
María Jesús Montero ha participado este sábado en Sevilla en la reunión de la Interparlamentaria socialista andaluza de inicio del curso político; marco en el que ha lamentado las críticas del PP a las posiciones sobre inmigración trasladadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su gira africana; en la cual el presidente ha defendido la expulsión de migrantes irregulares como «mensaje desincentivador» ante las mafias y ha apostado por programas de migración circular para una llegada ordenada de migrantes a España para trabajar de forma temporal.
Tras acusar el PP a Sánchez de un «cambio de postura» hacia las posiciones tradicionalmente defendidas por los populares» y apoyar la regulación de los 500.000 migrantes en situación irregular que viven en España prevista en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuya tramitación fue aprobada en el Congreso de los Diputados en abril; Montero ha asegurado que el PSOE siempre ha apostado por una «mirada humana» del problema de la inmigración, abogando por «promover la cooperación al desarrollo y unas reglas claras para una inmigración ordenada».
Tenemos a un PP que como siempre ejerce de agorero de siniestros que nunca llegan.
Vamos a combatir a la peor oposición que ha tenido España pero también vamos a hacer POLÍTICA con mayúsculas para trabajar por lo más importante, el bienestar de las y los ciudadanos.@mjmonteroc… pic.twitter.com/l8qLAbg5Ff
— PSOE (@PSOE) August 31, 2024
Así, Montero ha señalado la necesidad de políticas para «una migración ordenada, con flujos reglados, contratos en origen a ser posible y el desarrollo de los países» emisores; en paralelo al «rechazo a las mafias que se enriquecen poniendo en riesgo la vida de la gente».
Montero ha lamentado las acusaciones del PP a Sánchez sobre un posible «efecto llamada», avisando de que los populares están «comprando el discurso de la ultraderecha», cuando se trata de personas que viajan a España «huyendo del hambre y la miseria» en sus países de origen.
El auge de los bulos racistas en España
En los últimos años, España ha experimentado un preocupante aumento en la difusión de bulos racistas a través de las redes sociales. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre el impacto de la desinformación y el odio en la sociedad, así como sobre las medidas necesarias para combatirlo.
Uno de los casos más recientes y emblemáticos fue el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. Tras el trágico suceso, se difundieron numerosos mensajes en redes sociales que aseguraban falsamente que el autor del crimen era de origen magrebí. Estos bulos racistas no solo desinformaron a la población, sino que también fomentaron un clima de odio y xenofobia.
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha reportado un aumento significativo en los casos de discurso de odio racista en redes sociales. En 2023, se notificaron más de 2.600 casos, y en lo que va de 2024, ya se han registrado más de 2.000. La mayoría de estos mensajes de odio están dirigidos a menores migrantes, lo que agrava aún más la situación.
Las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter (ahora X), TikTok, Instagram y YouTube han sido señaladas como los principales canales de difusión de estos mensajes. Aunque estas plataformas han tomado medidas para eliminar contenido de odio, la efectividad varía. TikTok, por ejemplo, ha retirado el 77.7% del contenido notificado, mientras que Twitter solo ha eliminado el 31.5%.
El aumento de los bulos racistas ha llevado a la Fiscalía a investigar si la difusión de estos mensajes puede considerarse un delito de incitación al odio. Según el Código Penal español, la incitación al odio está tipificada en el artículo 510, y puede conllevar penas de prisión. Sin embargo, la desinformación en sí misma no está penalizada, lo que complica la lucha contra estos bulos.
