Visto bueno desde Bruselas. La Comisión Europea ha avalado este jueves el veto del Gobierno español a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Magyar Vagon sobre el 100% del capital de Talgo. En una rueda de prensa, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni ha evitado poner objeciones al rechazo anunciado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros tras asegurar que es una decisión que recae enteramente en los Estados. Dalboni ha añadido que la situación podría terminar dirimiéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
«Las medidas deben estar justificas y ser proporcionales al objetivo que persiguen«, ha apuntado Dalboni. Durante su intervención ha indicado que las autoridades españolas no estaban obligadas a informar previamente a la Comisión Europea de su decisión y ha recordado que los tratados de la UE permiten restringir libertades de mercado único, tales como el libre movimiento de capitales o de establecerse, si se alegan motivos de seguridad pública.
El Ejecutivo español justificó su veto por motivos de «seguridad nacional» y de «orden público» con el objetivo de «proteger los intereses de España». Pocos minutos más tarde, el consorcio húngaro reaccionó anunciando el inicio de «todas las acciones legales a su alcance, tanto en España como la Unión Europea» para defender su oferta, que, a su juicio, cumple con todos los requisitos legales vigentes. En este sentido, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha asegurado que la Comisión Europea aún no ha recibido noticias de la compañía y que este tipo de decisiones podrían ser supervisadas en última instancia por el TJUE.
Si Magyar Vagon finalmente opta por acudir a los tribunales europeos por vulnerar el derecho comunitario, en concreto la libre circulación de capitales, el plazo de revisión de la denuncia se extendería durante doce meses hasta que la Comisión Europea decida si cabe abrir un procedimiento formal de infracción contra el país en cuestión.
