Un año atrás se estrenaba en los cines de Buenos Aires ‘Argentina, 1985’. La trama del juicio por delitos de lesa humanidad contra los excomandates de la última dictadura militar (1976-83) volvía a las pantallas con toda su carnadura. Buena parte del público se estremeció. Pero 12 meses es mucho tiempo en un país atravesado por múltiples crisis. Los consensos sobre la naturaleza de aquella represión que provocó miles de desaparecidos corren ahora peligro de erosionarse si las encuestas aciertan y el ultraderechista Javier Milei gana las presidenciales del 22 de octubre en la primera vuelta. Su compañera de fórmula, Victoria Villarruel quiere hacer honor a su nombre y lograr lo que parecía imposible: el triunfo político de una corriente revisionista que no solo impugna lo actuado por los tribunales sino el propio veredicto de la historia. De llegar al Gobierno, Villarruel manejará el área de Defensa.
La abogada Villarruel tiene 48 años y es diputada desde diciembre de 2021. Habla pausado, sin ademanes. Sin embargo, asusta a muchos. Días atrás encabezó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires un homenaje a las víctimas de las organizaciones guerrilleras que operaron en Argentina en los años setenta y que, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, estaban política y militarmente derrotadas. En ese escenario, Villarruel calificó de «ser despreciable» a Estela Carlotto, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que ha recuperado 133 hijos de desaparecidos que habían sido apropiados.
Antes de sumarse a la ola que surfea Milei ante la perplejidad de parte de la sociedad, Villarruel era una activista aquejada por un trastorno de déficit de atención. Ella, señala la revista ‘Crisis’, «hizo crecer el alcance de los discursos favorables» al régimen militar. Para tal fin -añade la publicación-, «escribió dos libros, dio decenas de conferencias, fue a innumerables programas de televisión, recorrió colegios y produjo con esmero los contenidos de sus redes sociales». Y ahora cree estar cerca de una «victoria» que es personal y coorporativa.
Linaje militar
Lleva en las venas sangre castrense. Su padre, oficial del Ejército, participaba en el momento de su nacimiento en el conocido como Operativo Independencia en la norteña provincia de Tucumán. Se trató de algo más que una acción contrainsurgente para repeler a un foco guerrillero: fue un laboratorio de la represión que alcanzó escala nacional tras el derrocamiento de la presidenta Isabel Perón. El teniente coronel Eduardo Villarruel recibió condecoraciones y nunca fue objeto de investigaciones judiciales. Participó de la guerra con Gran Bretaña por la posesión de las islas Malvinas, en 1982. La derrota en el Atlántico aceleró la salida de los militares del poder. Su lealtad con la dictadura se puso no obstante a prueba en 1987 cuando, en plena transición democrática, no solo se negó a realizar el juramento que obliga a los uniformados a defender la Constitución Nacional. Conminó a sus subalternos a acompañarlo en ese gesto que le costó su carrera.
El tío de la diputada es el oficial de inteligencia Ernesto Villarruel. Ocho años atrás fue imputado por el papel que desempeñó en el centro clandestino de detención El Vesubio. El juez Daniel Rafecas ordenó su arresto y se dio a la fuga. Lo detuvieron en 2015 cuando se hacía pasar por inspector sanitario. Un año más tarde lo internaron en un psiquiátrico, donde se le diagnosticó Alzheimer. Rafecas lo apartó de la causa por la que habría sido condenado.
El abolengo militar también tiene su rama materna. Un abuelo almirante al que la diputada le agradece un papel formativo. Es en nombre de ese álbum familiar y los «valores» que le transmitieron que Victoria Villarruel se ha convertido desde muy joven en una portavoz de los defensores de la gestión del país durante los años más dolorosos.
Visita al exdictador Videla
Cuando Argentina comenzó a transitar la senda institucional, el difícil momento que se cuenta en la película de Santiago Mitre que protagonizó Ricardo Darín, existían en este país organizaciones que aglutinaban a exmilitares, esposas, hijos y familiares de uniformados fallecidos y que hacían una defensa a libro cerrado de la cruzada represiva. Después de anularse las leyes de impunidad que blindaban a los responsables de hechos atroces, se pasó a la petición de una «memoria completa» sobre lo sucedido en los setenta.
La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) desempeñó ya entonces un papel crucial en ese giro. Lo hizo primero como integrante de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), conformada por exrepresores. Luego fue parte de Jóvenes por la Verdad, un grupo que llegó a visitar al exdictador Jorge Videla. Su apellido fue a su vez descubierto en un cuaderno que llevaba el comisario de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, uno de los símbolos del horror, mientras era juzgado.
Agenda ultraconservadora
La autora de ‘Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70’, ha asegurado durante muchos años que en Argentina hubo una «guerra» simétrica entre el Estado y los grupos armados que, en sus días de apogeo, llegaron a tener escasos centenares de adeptos. «En un contexto de guerra es legal matar al enemigo», escribió en 2005. Ahora reconoce que se cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, pero no formaban parte de un plan sistemático, como quedó probado en el juicio de 1985. Cuestiona por lo tanto la legitimidad de los 319 juicios con 1.146 condenas a represores llevados a cabo desde hace 17 años.
«Me tildan de genocida, me tildan de facha, de negacionista, los mismos que justifican los crímenes del comunismo en todo el mundo. Por eso, sin importarme las etiquetas y sin tenerle miedo a los motes: si robarse todo en nombre de los pobres es ser de izquierda, soy de derecha. Si usurpar tierras al Estado y a la gente es de izquierda, soy de derecha. Si defender la impunidad del terrorismo es de izquierda, señores, soy de derecha», proclama Villarruel. No solo quiere reescribir la historia, de llegar al Gobierno. Se propone impulsar la anulación de la ley que ha despenalizado el aborto y las políticas de igualdad de género.
Villarruel ha instalado en el lenguaje público palabras que no se habían escuchado durante décadas. Hasta Patricia Bullrich, la exguerrillera que, después de varias transfiguraciones pasó convertirse en la candidata presidencial de la coalición derechista Juntos por el Cambio, se ha visto obligada a hacer propio parte de su lenguaje. Bullrich dijo que, si llega a ganar las elecciones, promoverá una «salida justa» de los milita
