Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial comenzarán a tomar las riendas del órgano de gobierno del los jueces este lunes con un Pleno que abordará temas ordinarios pero de carácter urgente -como son jubilaciones o llamamientos a jueces sustitutos-, pero sin haber logrado aún llegar a un consenso entre los bloques conservador y progresista que les permita designar presidente o presidenta de la institución. Por esta razón, decisiones de calado más político, como podría ser la adopción de una postura institucional de amparo al Tribunal Supremo, tras los últimos ataques desde Junts y el propio Gobierno, quedan aún fuera del radio de sus decisiones.
Así lo señalan a este diario fuentes del órgano, que reconocen que hasta que no se designe la Presidencia el Consejo tiene muy limitadas sus facultades. «Seguimos con máximo interés todas las noticias y referencias que afectan directa o indirectamente a ámbitos judiciales, pero no hemos recibido peticiones de amparo de ninguno de los afectados», señalan desde el bloque progresista.
Tanto desde este sector como desde el conservador se asegura que, desde que fracasó el segundo intento de nombrar presidente en el Pleno del pasado 5 de agosto -cada bloque de diez vocales defiende a sus propios candidatos- se han producido encuentros oficiosos, sin que se haya avanzado mucho en realidad. Sobre la oportunidad de aprovechar el encuentro del próximo lunes, las mismas fuentes reconocen que no es el momento de volver a discutirlo cuando no estarán todos los vocales en Madrid, pues muchos participarán en el Pleno desde sus destinos vacacionales.
Actuación limitada
Por ello también queda descartado no abordar nada que no tenga carácter de urgencia o cuyo aplazamiento pueda suponer un menoscabo para los intereses y derechos de miembros de la carrera, en virtud de un informe solicitado al Gabinete Técnico sobre las posibilidades reales de actuación que tiene por el momento el nuevo Consejo, que PP y PSOE tardaron más de cinco años en renovar.
Dicho informe incide en el «carácter justificado» que debe tener de la adopción por el Pleno, por razones de urgencia y con carácter excepcional, de acuerdos respecto de actos reglados como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios. Otras cuestiones rebasarían esta justificación de actuar sin aún presidente o presidenta.
Antes del 5 de septiembre
«La idea es llegar a un acuerdo antes de la apertura de Tribunales», señala a este periódico uno de los vocales, que asegura que por su parte descarta sorpresas para este lunes. «Salvo que me sorprendan a mí también», agrega. Los plazos que se dan los nuevos locales son, en todo caso perentorios, pues el acto en el que el Rey Felipe VI abrirá el Año Judicial ha sido convocado para el próximo 5 de septiembre.
Desde el sector más cercano al Gobierno de Pedro Sánchez son menos optimistas, y acusan a los diez vocales conservadores de estar cerrados en torno a su candidato Pablo Lucas, al que además pretenden vender como progresista, según esta parte, para forzar su aceptación por el bloque contrario. Desde este sector se pretende que la nueva presidenta del Consejo, que lo será también del Tribunal Supremo, sea una mujer por primera vez en la historia de nuestra democracia.
«Una institución de tanta importancia como el Consejo General del Poder no puede estar sine die dirigida por hombres y por sensibilidad conservadora, como hasta la fecha. De 44 años, 37 ha estado en manos de la derecha y ello le resta legitimidad democrática. Las instituciones tienen que alternar en su sensibilidad, si no no sirven a la ciudadanía», indican desde este sector.
En su última reunión, la del pasado 5 de agosto, el órgano de gobierno de los jueces reinició o el proceso de elección con los siete candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso, la favorita entre las filas progresistas, pero no llegó a consenso alguno. En el primer encuentro, tanto Teso como Lucas habían empatado. El órgano debe ser capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quintos –12 votos– para elegir al que será su presidente los próximos cinco años.
