El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acude este martes en persona al Consejo de Asuntos Generales (CAG en sus siglas en inglés), que se celebra en Bruselas, para presentar y defender en persona la iniciativa española de modificar el reglamento 1/1958 del Consejo, que establece el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea y que incluye 24 lenguas oficiales. España propone revisarlo para incluir tres lenguas oficiales más –catalán, gallego y euskera– aunque las posibilidades de salir de la reunión este martes con un acuerdo bajo el brazo son prácticamente nulas dadas las dudas expresadas por numerosas delegaciones que antes de plantearse una decisión -que requiere la unanimidad- quieren examinar las implicaciones jurídicas, económicas, políticas y administrativas de la propuesta española.
La reunión del Consejo, en el que España está habitualmente representada por el secretario de estado para asuntos europeos que en esta ocasión presidirá la reunión, arrancará a las diez de la mañana con una presentación de la petición española como primer punto del orden del día y un debate posterior. “Estoy seguro de que tendremos una discusión interesante y productiva”, apuntan fuentes europeas. Fue el pasado 17 de agosto, en el marco de las negociaciones con los partidos catalanes de la Mesa del Congreso, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez solicitó oficialmente a la presidencia del Consejo, que este semestre ocupa España, la modificación del reglamento para incluir las lenguas españolas, que “gozan del estatuto oficial en España y reconocidas en tanto que lenguas cooficiales por el artículo 55.2 el Tratado de de la Unión Europea”.
24 lenguas oficiales
El régimen lingüístico de la UE reconoce actualmente 24 lenguas oficiales –alemán, francés, italiano, neerlandés, danés, inglés, griego, español, portuguesa, finlandés, sueco, checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés, polaco, búlgaro, irlandés, rumano y croata– cuyos costes son sufragados por el presupuesto de la UE. España considera que el catalán, euskera y gallego, que desde 2005 gozan de cierto reconocimiento a raíz de la batalla política que dio entonces José Luis Rodríguez Zapatero y que se plasmó en acuerdos administrativos con la mayoría de las instituciones europeas, cumplen los requisitos para entrar a formar parte de este exclusivo club de lenguas oficiales.
En el anexo del documento remitido al resto de delegaciones, España alega que “las cuatro lenguas en las que ha sido redactado el Tratado son reconocidas como lenguas oficiales cada una de ellas en uno o varios Estados miembros”, que con arreglo a lo previsto en el artículo 55.2, los Tratados han sido ya “traducidos al catalán, euskera y gallego” y que la copia certificada en las tres lenguas ha sido depositada en el Consejo, una posibilidad que han ejercicio pocos países pero que, según han explicado fuentes diplomáticas, sí ha hecho España.
España asume el coste
A estos argumentos España sumó un cuarto elemento durante la primera discusión preparatoria celebrada el pasado viernes por los 27 embajadores de la UE aunque no figura en el documento remitido al resto de gobiernos: la disposición de Madrid a asumir el coste que genere la inclusión de las tres lenguas en el régimen lingüístico oficial. Un compromiso que podría, según algunas de las fuentes diplomáticas consultadas, suavizar los reparos de algunas delegaciones pero que de momento no ha sido sustentada por cifras ni estimaciones concretas. En su día, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cifró en medio millón el coste anual para cada una de las tres lenguas.
Aunque no ha habido un portazo a la iniciativa española y son muchas las delegaciones que se han mostrado dispuestas a trabajar “constructivamente” y “abiertos” a examinar la cuestión, los obstáculos que afronta la petición española son muchos y por ello distintas fuentes diplomáticas descartan un acuerdo este martes. También hay delegaciones que se han quejado de la inusitada rapidez con que se ha presentado la iniciativa, que figura para adopción en el orden del día aunque solo ha sido discutida una vez a nivel de embajadores y sin preparación previa en ningún grupo de trabajo, lo que ha sorprendido a los diplomáticos europeos.
“Este expediente se tratará igual que el resto de expedientes de unanimidad. Esperamos que haya un debate constructivo en el que los Estados miembros compartan su opinión y a partir de ahí veremos. No podemos anticipar (lo que ocurrirá). En los expedientes como este, el tango se baila a Veintisiete”, aseguran fuentes europeas aludiendo al escollo que representa lograr la unanimidad.
El problema es que son muchas las delegaciones que han manifestado sus dudas ante la viabilidad de la propuesta. Empezando por Suecia y Finlandia, cuyos gobiernos expresaron públicamente sus reservas la semana pasada, y siguiendo por una quincena de países -desde Alemania hasta Francia, Austria o Polonia– que durante la reunión del pasado viernes se expresaron, con algunos matices, en términos similares: comprensión y apoyo al multilingüismo para que los ciudadanos puedan dirigirse a las instituciones en sus lenguas pero muchas dudas y necesidad de “tiempos” para examinar la cuestión desde el punto de vista jurídico, administrativo y presupuestario. «¿La solución llegará este año?. Es difícil de decir porque la discusión acaba de empezar”, auguran las fuentes consultadas.
