España no reconoce la victoria de la oposición democrática en las elecciones presidenciales de Venezuela, del pasado domingo 28 de julio. Si el Partido Popular buscaba ese paso en la comparecencia del ministro José Manuel Albares, no lo halló. Aunque, en realidad, el que buscaba el titular contrario.
Desde ahora, los populares pueden decir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rehusado dar por ganadores a quienes han mostrado más del 83% de las actas oficiales, que les dan una ventaja abrumadora de más de 40 puntos, insalvable con el resto de las actas, que guarda el régimen de Nicolás Maduro bajo siete llaves.
Pero si España no lo hace es, según el ministro, por «responsabilidad», tratando de mediar, y buscando que la solución llegue «a través de un diálogo entre venezolanos». Albares ejerció más de diplomático que de político en su comparecencia en la comisión de Exteriores de la Cámara Alta.
Y eso, en el caso de un país en que se ha demostrado, ya por más de dos décadas, que «cualquier diálogo emprendido por el chavismo y el madurismo sólo sirve para ganar tiempo y, después, engañar», no le valió al PP. Su portavoz, la senadora Alicia García, arremetió duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, contra su ministro de Exteriores y contra el que parece «ejercer ese cargo» cuando se trata de Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero.
La mayoría absoluta del PP en el Senado forzó una comparecencia de Albares en la comisión de Exteriores del Senado en pleno agosto. La urgencia de la crisis democrática en Venezuela era un motivo lógico, y los deseos expresados por Gobierno y oposición durante la sesión, los mismos: libertad y democracia en el país caribeño. Ambas partes se mostraron dispuestas al acuerdo. Pero salieron de la Cámara Alta igual de enfrentadas.
Porque, a pesar de esas premisas compartidas, lo que falta entre el Ejecutivo y la oposición es confianza en que lo que dice el otro es verdad. Y sobre todo, en que lo dice de buena fe.
Albares ofreció un «pacto por la democracia en Venezuela» a la portavoz del PP, pidiéndole como respuesta «un sí o un no». Y ella le contestó que era muy sencillo ese pacto «si el Gobierno de España reconoce la victoria incontestable de Edmundo González frente al dictador Maduro, como dicen las actas conocidas».
También ella reclamó al ministro un «sí o un no» a su exigencia de que «España reconozca la incontestable victoria de la oposición democrática» y el «pucherazo» de Maduro. «En ese caso, el pacto será muy fácil».
«Bulos» y «desaparecidos»
Pero Albares no dejó de acusar al PP de «esparcir bulos, mentiras y medias verdades». Ni tampoco la senadora García abandonó su discurso: «¿Qué le debe Sánchez al dictador Maduro? ¿Hay algún interés oculto? ¿Dónde está Zapatero, que si no fuera porque sabemos que ha estado del lado del régimen, nos estaríamos preocupando por si es uno más de los desaparecidos?».
El papel del expresidente del Gobierno en la crisis de Venezuela, como ya anticipó este periódico, fue uno de los argumentos de peso de la oposición en la comparecencia de Albares. Tanto que la portavoz popular llegó a pedirle al jefe de la diplomacia española que no se ofendiera si decía en sede parlamentaria «que el verdadero ministro de Exteriores, en este caso, no parece usted, sino Zapatero«.
Albares se limitó a agradecer al expresidente su labor de mediación y a asegurar que el Gobierno «apoya» su trabajo en el país caribeño.
Pero también añadió que «la oposición también está agradecida a los trabajos de este Gobierno». Explicó que en la tarde de este lunes, víspera de su comparecencia, habló por teléfono con María Corina Machado, líder de la Unidad Popular, y con González, candidato opositor. También lo hizo con su homólogo venezolano, el canciller Yván Gil, «como llevamos haciendo desde siempre».
Reproches cruzados
Porque el ministro aseguró que «no es lo mismo ser útil en una crisis, como hace el Gobierno, que utilizar la crisis para ganarse unas fotos y unos titulares», que es lo que le achaca al PP.
Para España, para su Gobierno, los populares se están aprovechando de la crisis de Venezuela para su rédito político, y utilizando a la oposición democrática en su beneficio. Recordó que ha sido su Gobierno el que arbitró medidas para facilitar la entrada, residencia y trabajo de «más de 100.000 venezolanos» en España desde que, en 2018, Sánchez llegó al Gobierno.
Y añadió que fue «el primer» ministro europeo «y de los primeros del mundo» que, «en la misma mañana del 29 de julio», el día siguiente a las elecciones, exigió «la publicación de las actas oficiales» para darle credibilidad al proceso electoral.
Eso sí, Albares no cambió su enfoque sobre la misión de parlamentarios que viajaron a Caracas y fueron detenidos y expulsados en el mismo aeropuerto de Maiquetía, sin permitirles ejercer su labor de «acompañamiento» a la oposición en la jornada de las elecciones.
Para el Gobierno, el PP se extralimitó e hizo «el ridículo», porque sabían «de antemano» que no podrían entrar.
La senadora popular le respondió que, en las semanas previas, su Gobierno se puso «del lado del dictador».
Y llegó a acusar a Albares de haber dado «órdenes» al embajador de España en Venezuela para que no fuera al aeropuerto para ponerse al servicio «de unos compatriotas a los que se les estaba impidiendo la libertad de movimientos en un país que no exige visado» a los españoles para entrar en él. «El embajador nos dijo que vendría, pero quien lo hizo fue el cónsul, ¿por qué?».
Este diario ya informó de los cruces de cartas, emails y reproches entre el Senado y Exteriores, cuando la Cámara Alta comunicó al Gobierno que se había aprobado esta misión «a petición y por invitación de la señora Machado y el señor González».
Lo cierto es que la misión trataba de ser de «observación», pero el régimen de Maduro la denegó en esos términos, a pesar del acuerdo de Barbados que suscribió un año antes, comprometiéndose a facilitar la observancia internacional de las elecciones.
A esto, Albares sólo respondió con argumentos políticos, y no técnicos. Si acaso, reprochó «ciertos incumplimientos» del régimen venezolano, «que ya hemos denunciado y seguimos denunciando».
Según el ministro, España está «liderando con responsabilidad» la posición de la UE en este asunto. Y de hecho, esgrimió la nota conjunta firmada la semana pasada por el presidente Sánchez, junto con sus homólogos de Francia, Italia, Alemania… pero la portavoz del PP insistió en su versión de que «la voz de España no escucha, alta y clara, en defensa de la democracia y los derechos humanos, como sí se ha escuchado la de otros países»
Para el Gobierno de España, en todo caso, cualquier gesto por su parte deberá llegar de forma consensuada con otros socios, porque «esto no es una carrera verbal», lo que confirmaba que aparcaba, al menos de momento, un hipotético aval al triunfo opositor.