Más de una semana ha transcurrido desde que huyera la exprimera ministra, Sheikh Hasina, y el nuevo gobierno de Bangladés se afana en borrar su huella de las instituciones y mitigar la violencia sufrida por la minoría hindú. «La ley y el orden son prioritarios para que la gente pueda sentarse tranquilamente o acudir al trabajo», ha aclarado Muhammad Yunus, Nobel de la Paz y líder del Ejecutivo interino.
Desde que Hasina subió el helicóptero el pasado domingo, a los estudiantes que habían forzado su marcha les inquietaba que el ministro de Justicia, Obaidul Hassan, allanara su regreso. La inquietud se ha disipado. Miles de ellos se juntaron frente al Tribunal Supremo para exigir su salida y pocas horas después enviaba su carta de dimisión al presidente del país, Mohammed Shahabuddin. La justicia es una de tantas instituciones pervertidas tras décadas de deriva autoritaria. El nuevo Gobierno anula estos días las sentencias con aroma político. Ha liberado a Khaleda Zia, presidenta del Partido Nacionalista de Bangladés y némesis de Hasina durante décadas, condenada a arresto domiciliario por presunta corrupción.
Nadie sufrió más los embates judiciales que Yunus, también enfrentado a Hasina, sobre el que se amontonaban un centenar de cargos. Este ha recordado que el poder judicial había renunciado a su independencia y obedecía a «autoridades superiores». «En teoría, Hassan era el ministro de Justicia; en la práctica, era sólo el verdugo», ha justificado. También han dimitido cinco altos magistrados y el gobernador del Banco Central después de recibir el ultimátum de los estudiantes.
Recuperar la paz social
Al nuevo Gobierno, con una abultada presencia de líderes de las protestas, le urge ahora recuperar la paz social. La policía se declaró en huelga después de que docenas de agentes murieran en los enfrentamientos con estudiantes que dejaron casi 300 fallecidos en cinco semanas. En ese vacío ha florecido el pillaje y el vandalismo. Muchos negocios siguen cerrados y los vecinos patrullan en sus barrios con palos y cuchillos. La delincuencia común convive con la venganza hacia todo lo relacionado con el viejo régimen, tanto afiliados a la Liga Awami de la lideresa depuesta como a la minoría hindú.
Muchos en Bangladés, de mayoría musulmana, han mirado con desconfianza a ese 8% por la presunta protección que recibían del anterior Gobierno secular. Las turbas han atacado sus viviendas y negocios sin apenas resistencia de las autoridades y resucitado viejos miedos. No son nuevos sus sufrimientos: ya fueron perseguidos tras la guerra de independencia contra Pakistán en 1971 y décadas después con el auge del integrismo islámico. Son ahora los hindúes los que se manifiestan para exigir protección a un Gobierno que ha calificado los ataques de «crueles» y prometido castigos a los culpables pero que está lejos de frenarlos.
La violencia inquieta a la vecina India. El nacionalismo hindú estimulado por su primer ministro, Narendra Modi, exagera estos días el contexto hablando de pogromo o de genocidio. Es otro elemento de fricción que se acumula al rencor que muchos bangladesíes le guardan a Calcuta por haber dado refugio a Hasina.
Esta huyó tras semanas de protestas contra una ley que reservaba un cupo del empleo público a los familiares de los héroes de la guerra de la independencia. Cuando fue retirada, los jóvenes siguieron en las calles para reclamar justicia por la mortandad y la dimisión inmediata del Gobierno. Estados Unidos negó ayer su implicación en el movimiento respondiendo a lo que había sugerido el entorno de Hasina. «Cualquier rumor que apunte en esa dirección es simplemente falso», ha afirmado la Casa Blanca.
