Más de 5.500 menores no acompañados han llegado al archipiélago canario, que solo tiene capacidad de acogida para 2.000. Se trata de niños y adolescentes que se encuentran ahora bajo la tutela del Gobierno canario, pero es la magnitud de estas cifras la que ha provocado que se haya declarado una situación de emergencia humanitaria. Se han tenido que crear 80 centros de emergencia en las islas pero aun así no hay capacidad para responder con todas las garantías del sistema de protección a la infancia.
“Lo que me preocupa es que el debate público se está contaminando mucho con una politización que criminaliza a estos niños y niñas, cuando el foco debería estar en cómo garantizamos la protección de la infancia”, explica a EL PERIÓDICO Catalina Perazzo, directora de incidencia política y pública de Save the Children en España.
“Estamos viendo una falta de planes de contingencia”, apunta y acusa una falta de voluntad política, ya que puede haber falta de recursos en Canarias pero no en España en su conjunto, ni en Europa. Como estado firmante de la Convención de Derechos del Niño, España tiene la responsabilidad de proteger a todos los niños y niñas que están en su territorio y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Para ello, pide ir más allá de la repetida “solidaridad” y apela a una “corresponsabilidad” entre estados miembros y comunidades autónomas.
La seguridad de los niños
“Los menores migrantes son especialmente vulnerables a violaciones de los derechos humanos, como la discriminación, la explotación y la violencia”, explica a este diario Ally Dunhill, directora de Política, Defensa y Comunicación de Eurochild, la mayor red de organizaciones que trabajan con y para la infancia en Europa, que cuenta con 211 miembros de 42 países europeos.
Los niños representan el 15% de las víctimas de trata denunciadas en la UE, según cifras oficiales. En 2022, las víctimas de trata de seres humanos aumentaron un 41%, hasta superar las 10.000 personas (menores y adultas). “A menudo se instrumentaliza la migración y se presenta como una cuestión de seguridad”, mientras que “se invisibiliza al niño”, que es en realidad la primera víctima de la vulneración de sus derechos, sujetos a tráfico de personas y abusos de toda clase.
“El Pacto Migratorio puede poner en peligro a la infancia”, añade, y señala que la detención de niños en las fronteras exteriores y la aceleración de los procesos de evaluación de las necesidades de protección en las fronteras aumenta la probabilidad de no detectar algún riesgo para la seguridad del niño.
Para evitar esto, es necesario un enfoque de infancia, que consista en la escucha de los niños y las niñas para identificar si son potenciales solicitantes de asilo, si tienen familiares en Europa o si están cerca de cumplir la mayoría de edad, y valorar si necesitan atención con su salud mental, con tal de planear los siguientes pasos.
Pacto migratorio
El debate entre comunidades autónomas se repite a nivel europeo: el recientemente aprobado el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo ha sido criticado desde el inicio por no resolver unos de los mayores retos europeos: la relocalización de los migrantes entre los diferentes estados miembro. La ambigüedad de algunos pasajes de este pacto deja la ventana abierta a que los estados miembros aterricen medidas concretas en sus planes nacionales, que deberán presentar ante la Comisión Europea en diciembre. Este paso preocupa por quedar a merced del color político de cada país.
El Pacto no resuelve importantes deficiencias estructurales como la responsabilidad del primer país de llegada (devoluciones en caliente), la reubicación obligatoria (la inexistencia de ‘cuotas’ por país miembro) o los desiguales niveles de aplicación del sistema europeo común de asilo. La consecuencia es que, a falta de una regulación, los menores migrantes quedan expuestos a mayores riesgos para su integridad física, mental, y el acceso a derechos básicos como salud y educación.
Según las organizaciones humanitarias, dejando en una situación particularmente vulnerable a aquellos que huyen de la guerra, el hambre y la muerte, en busca de un futuro en la UE, y de socavar su derecho de asilo, exponiéndolos al riesgo de detención, devolución y desamparo en las fronteras.
La esperanza es que “hay soluciones posibles”, según Perazzo, de Save the Children. “Tenemos el conocimiento experto, casi científico, que lo demuestra y confío en que quienes tienen que tomar las decisiones miren las evidencias”, concluye.
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