El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una ‘cumbre’ de presidentes autonómicos del PP y de las ciudades de Ceuta y de Melilla en septiembre con el objeto de analizar la soberanía fiscal catalana pactada entre el ejecutivo y ERC para conseguir su voto a favor de Salvador Illa. Investido ya éste como presidente de la Generalitat y con su gobierno nombrado, aún se desconoce el detalle de este pacto y la supuesta cuota de solidaridad que le acompaña. Nadie, empezando por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado el mecanismo exacto por el cual Cataluña se va a quedar con todos los impuestos que se recaudan en su territorio y limitar la solidaridad interterritorial.
Por ello Feijóo ha anunciado este lunes, en la que era su primera entrevista desde que fue operado de desprendimiento de retina, una reunión de sus barones territoriales, sin descartar el PP que, una vez celebrada la misma, intentar atrarse a aquellos presidentes autonómicos socialistas que se han mostrado muy críticos con el pacto fiscal catalán, en concreto el castellano-manchego Emiliano García Page y el asturiano Adrián Barbón, que fuera uno de los fieles a Pedro Sánchez. De momento, Génova mantiene silencio respecto a si ya ha habido contactos preliminares con estos barones socialistas, aunque cabe recordar que Feijóo y Page mantuvieron una buena relación en la época en que el primero era presidente de la Xunta gallega.
Feijóo defendió ayer en Cope que, ante un desafío de estas características, pues afecta a la solidaridad interterritorial y conduce a un modelo menos redistributivo y de la renta y de la riqueza, convoca «a los presidentes socialistas que están y a los que no están». «Los dirigentes del Partido Socialista que quieran mantener una biografía política coherente con la propia trazabilidad del PSOE están llamados a que esto no se apruebe en el Congreso de los Diputados» cuando pase por la Cámara Baja la reforma de la LOFCA.
De momento, los populares, a pesar de pedir, infructuosamente, una comparecencia extraordinaria de Montero, han presentado este lunes en el registro de Congreso una moción consecuencia de interperlación para que el Gobierno dé «cuenta de los compromisos adquiridos» con ERC.
Para empezar, el PP insta al Ejecutivo a garantizar «que la multilateralidad y transparencia serán los principios sobre los que se fundamentará el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica», sin negociaciones bilaterales por entender que «debe ser un proyecto de todos». Proponen, asimismo, iniciar la negociación de la reforma del sistema de financiación con la convocatoria de la Conferencia de Presidentes -que llevan reclamando, también infructuosamente, desde finales del año pasado por distintos motivos- así como del Consejo de política Fiscal y Financiera (CPFF). Fue en este foro, donde Montero trasladó su oposición al concierto económico catalán, y así quiso que quedara recogido en acta.
Montero trasladó en el CPFF su oposición al concierto económico catalán y así quiso que quedara recogido en acta.
El tercer paso es cuantificar -con base en distintos pronunciamientos previos de la ministra de Hacienda- la cantidad y fórmula del incremento de los fondos destinados a las comunidades «para conocimiento previo y garantizar que nadie pierde y todos ganan», de modo que quede asegurada la suficiencia financiera y la prestación de los servicios en condiciones de igualdad en todo el territorio. Mientras llega esa nueva financiación, de una enorme complejidad y caducada desde 2014, esto es, diez años, proponen los populares crear «un fondo transitorio de apoyo a las comunidades».
Además de tener en cuenta la singularidad de Canarias y de Baleares por su insularidad y de Ceuta y Melilla, en el norte de África,
insisten en la necesidad de modificar el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotar a las comunidades de mayor capacidad de decisión. Actualmente, basta con el Gobierno consiga el apoyo de un territorio para que salga adelante el acuerdo. Esta petición, ya la cursaron los socialistas gobernando el popular Mariano Rajoy.
La reforma de la financiación -que deja fuera al País Vasco y a Navarra- debe basarse, a juicio del PP, «en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales». Otro punto que destacan de su moción es la necesidad de «tener en cuenta, dentro de los diferentes cálculos, la ponderación de variables como la dispersión, despoblación, envejecimiento retodemo gráfico y prestación de servicios», que suele ser el caballo de batalla en función de la casuística de cada territorio.
Cogobernanza de los fondos europeos
Proponen incluir dentro del sistema de financiación una nueva cogobernanza de los fondos europeos , analizar los existentes y el cumplimiento de los fines para los que están previstos. Especialmente llamativos son los dos últimos puntos, que pretenden blindar, por un lado, las rebajas fiscales de comunidades como Madrid o Andalucía, esto es, «asegurar el respeto de las capacidades normativas de las comunidades autónomas evitando intromisiones en sus competencias» y, por último establecer una cláusula de respeto a las comunidades autónomas, de tal manera que «una decisión unilateral del gobierno con repercusión en las comunidades» lleve automáticamente adherida la financiación necesaria.
Este es el gran melón de la actual legislatura, y la soberanía fiscal catalana ha caído como un gran jarro de agua fría, no sólo en el PP, como primer partido de la oposición, sino en el seno del PSOE -que todavía no ha conseguido cerrar este debate- y en el Grupo Plurinacional de Sumar, con posiciones muy divergentes.
