Esta semana, la revista estadounidense Newsweek ha publicado un contundente artículo en el que advierte sobre la preocupante situación que atraviesan las democracias de varios países, incluyendo España, debido al exceso de poder de sus tribunales supremos. En el artículo, titulado «El Supremo se ha descontrolado», el medio pone en el punto de mira a estos tribunales que, según ellos, están adoptando posiciones políticas e imponiendo visiones particulares, lo que pone en riesgo el equilibrio de poder y la gobernanza democrática.
En un análisis que abarca tanto a Estados Unidos como a España y Brasil, Newsweek critica duramente a estos tribunales por sobrepasar sus roles tradicionales. En el caso específico de España, el artículo señala que la reciente actuación del Tribunal Supremo español representa un ejemplo claro de esta «amenaza significativa para el tejido democrático de la nación».
La revista destaca la «negativa del Tribunal Supremo a aceptar la legislación aprobada por el parlamento que otorga amnistía a los políticos catalanes que buscan la independencia» como una manifestación de este exceso judicial. A diferencia del caso estadounidense, donde el tribunal amplió el poder del ejecutivo, en España, el Tribunal Supremo está desafiando directamente la soberanía legislativa, lo que Newsweek describe como una «subversión de una decisión legislativa soberana con tintes de nacionalismo español».
La revista también señala que este tipo de acciones por parte del Tribunal Supremo «socavan el proceso democrático, donde los funcionarios electos se supone que representan la voluntad del pueblo». Este artículo es un claro toque de atención a las autoridades españolas, resaltando que cuando el poder judicial interfiere en decisiones legislativas, no solo se erosiona la credibilidad del sistema, sino que también «representa una amenaza significativa para el tejido democrático de la nación».
Newsweek concluye que España «no es precisamente conocida por respetar los deseos de su población, particularmente cuando se trata de catalanes o vascos».
El artículo, firmado por Raphael Tsavkko Garcia puede leerse en abierto.
🚨Ojo con esto👇🏻
⭕️ La revista estadounidense Newsweek alerta del golpe togado que está sufriendo la democracia española
▪️En el tumultuoso escenario político de España, el Tribunal Supremo ha decidido desafiar al poder legislativo de una manera que ha levantado cejas en el… pic.twitter.com/ybpMmoHYIx
— Nenedenadie (@nenedenadie) August 8, 2024
Nueva ofensiva judicial
Precisamente, este viernes se ha conocido que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado formalmente explicaciones a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior tras la reciente fuga del expresident de Cataluña, Carles Puigdemont. En dos providencias separadas, Llarena ha exigido detalles precisos sobre «los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial», además de solicitar información sobre el operativo «inicialmente aprobado» y las órdenes emitidas para su detención en la frontera.
Asimismo, Llarena ha requerido que se identifique a “los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue”. El objetivo es claro: el magistrado busca esclarecer quiénes fueron los responsables de planificar la captura de Puigdemont, quiénes dirigían las órdenes en el terreno y qué errores facilitaron su escape.
Estas solicitudes surgen poco después de que se filtrara a la prensa conservadora que el Supremo tiene la intención de «iniciar otra batalla judicial por la huída de Puigdemont.» Desde el alto tribunal, no esconden su «indignación» por el reciente periplo de Puigdemont por las calles de Barcelona, y ya se está considerando la posibilidad de responsabilidades penales por este incumplimiento, señalando incluso a altos cargos del Ministerio del Interior.
Según fuentes con una línea editorial conservadora, se estaría contemplando la comisión de un delito de desobediencia, derivado de ignorar una orden judicial directa. Además, se habla de la omisión del deber de perseguir delitos, en referencia al delito de malversación agravada que se atribuye a Puigdemont, el cual no está cubierto por la amnistía.
En este contexto, es importante recordar que en los últimos meses, el Tribunal Supremo ha adoptado decisiones polémicas respecto al caso Puigdemont, en el marco de la ley de amnistía. El tribunal ha concluido que el delito de malversación que se le imputa no ha sido perdonado por la nueva normativa. De hecho, Pablo Llarena decidió recientemente mantener abierta la causa contra Puigdemont por dicho delito y mantener vigente su orden nacional de detención dentro de las fronteras españolas. Todo esto mientras se espera el desarrollo de la causa conocida como la ‘trama rusa’, en la que el juez Joaquín Aguirre también ha denegado la aplicación de la amnistía.
