La cesión de impuestos del Estado a la Generalitat de Catalunya empezará el próximo año, según recoge el acuerdo que han firmado Esquerra Republicana y el PSC. “El primer tributo en que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF”, explica el texto firmado por ambas formaciones. No obstante, no es el único impuesto que se menciona expresamente.
Ambos partidos han acordado que el IVA que pagan las pequeñas y medias empresas (pymes) y el que se derive de los alquileres turísticos tras la aplicación de una directiva europea también pase a manos de la Generalitat durante el próximo año. Se trata de dos tasas relevantes para el gobierno autonómico, tanto por el peso de las pymes, que son más de medio millón en la región, como por la importancia del turismo en la economía catalana.
Es imposible calcular qué parte del IVA que se recauda en Cataluña pertenece a las declaraciones de las pymes o cuánto podría recaudar la Generalitat a través de los alojamientos turísticos. Según cálculos del economista Ángel de la Fuente, investigador de Fedea, el Estado recauda alrededor de 9.600 millones de euros por este impuesto en la región. Por IRPF, los ingresos superan los 12.600 millones de euros.
El texto fija que el trabajo para traspasar estos impuestos se desarrollará en dos comisiones. La primera, la comisión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno sobre el modelo de financiación; la segunda, una comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat.
Este segundo grupo de trabajo será el encargado de traspasar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la “gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la disponibilidad de todos los impuestos soportados en Cataluña”. De esta misma comisión saldrá el “despliegue calendarizado del nuevo modelo de financiación”, así como “el impulso de las modificaciones que corresponsal de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades autónomas y de la Ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarias”.
Como publicó este periódico, PSC y ERC también han acordado mantener los tramos del IRPF de forma estable, sin deflactarlos, es decir, sin reducirlos para evitar una pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. Los dos partidos han pactado mantener los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, un movimiento que distancia a ERC de Junts, que había incluido la eliminación de estos dos tributos en su programa electoral en los últimos comicios.
El acuerdo no menciona otros impuestos que ahora tienen un tramo estatal y un tramo autonómico como el impuesto de Sociedades, ni tampoco entra en la recaudación del impuesto sobre el valor añadido, más allá del que se recaude a través de las pequeñas y medianas empresas o los alquileres turísticos. Los dos partidos son conscientes de que cambiar la ley de financiación autonómica llevará tiempo y que no cuentan con el apoyo necesario, por el momento, en el Congreso de los Diputados.
Traspaso a la ATC
Además, es necesario un traspaso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la ATC. El documento firmado por ambos partidos recoge que será necesario “el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos”. En la actualidad, estos medios pertenecen a la AEAT y aunque la ATC ha ido incrementando progresivamente su plantilla, para asumir las nuevas funciones habrá que contar con más personal. Entre 2013 y 2023 los recursos humanos se han casi triplicado en Cataluña, pasando de los más de 300 hace una década con los 852 que había a finales de 2023, según la memoria anual de la ATC.
En el texto se hace referencia a la experiencia del organismo: “La ATC, creada en 2007 y en funcionamiento desde el 2008, cuenta con más de 16 años de experiencia que lo avalan para asumir nuevas competencias tributarias”. Sin embargo, desde la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han manifestado su preocupación sobre el traspaso de personal de la AEAT a la ATC. Este es además uno de los motivos por los que habrían amenazado con llevar la “independencia fiscal” de Cataluña a los tribunales.
