Los recursos económicos que recibe Cataluña han sido el gran tema de las negociaciones entre el partido socialista y Esquerra Republicana en los últimos meses. Si primero se hicieron concesiones para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados; ahora, los independentistas tienen el visto bueno del PSOE para que Cataluña recaude y gestione el 100% de los impuestos que ahora están cedidos por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a cambio de que Salvador Illa se convierta en president.
Este acuerdo, que deberán aprobar las bases de ERC el próximo viernes, tiene implicaciones económicas, pero también políticas y legislativas. Para poner en marcha el pacto entre ambas formaciones será necesario reformar las normas que regulan la financiación autonómica y esto tendrá consecuencias para el resto de comunidades autónomas, que ya han criticado el acuerdo singular para Cataluña.
Implicaciones a nivel económico
El acuerdo implica que sea la Generalitat quien «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña». El texto firmado por ambas formaciones hace mención a la «infrafinanciación» que se busca solventar creando un modelo de financiación singular para la región. De esta forma, Cataluña recaudaría todas los impuestos del sistema tributario y la Generalitat pagaría una tasa de «solidaridad» al Estado por los servicios e inversiones que éste le preste.
En la actualidad es el Gobierno quién devuelve a cada comunidad autónoma lo que recauda en cada uno de los territorios a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Cataluña es una de las regiones que realiza una aportación neta de recursos al sistema, como la Comunidad de Madrid y la de Baleares. El motivo es que los ciudadanos y las empresas de estas regiones generan más ingresos tributarios, hay mayor actividad económica, más consumo.
El sistema de solidaridad implica que haya regiones en las que las aportaciones de la financiación autonómica son mayores que las que se realizan a la caja común. En el caso de Cataluña, la diferencia entre lo que aporta al Estado y lo que recibe es lo que se ha bautizado por parte de los partidos independentistas como «déficit fiscal». Sin embargo, no es una cuantía fácil de calcular porque tener en cuenta todas las inversiones y gastos que realiza el Ejecutivo español en cada uno de los territorios es una tarea complicada, incluso para analistas e investigadores expertos.
Además, las CCAA reciben otras aportaciones a través de otros fondos de financiación, por lo que las cifras van más allá de lo que pueden recaudar por los impuestos que la AEAT tiene parcialmente cedidos a las administraciones autonómicas.
Que a partir de 2025 sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) quien recaude, gestione e inspeccione todos los impuestos tendrá consecuencias para el resto del sistema. Como explicó el economista experto en financiación autonómica Ángel de la Fuente en un análisis publicado a principios de este año, «una financiación a la carta» para Cataluña podría comportar que ciertas comunidades «se queden básicamente sin recursos».
En la misma línea se han expresado los inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que han advertido que el acuerdo tendrá consecuencias para «los que menos recursos tienen» porque consideran que será más difícil atajar el fraude fiscal si se trocean las competencias de inspección entre la AEAT y la ATC.
Desde la Generalitat, defienden que la recaudación íntegra de impuestos supondría prácticamente duplicar los ingresos tributarios hasta los 52.000 millones euros. Sin embargo, de esa cifra habría que restar lo que Cataluña aportaría al Estado, alrededor de 4.700 millones de euros, como publicó este periódico.
Implicaciones a nivel político
La principal implicación política del acuerdo es que se desbloquearía la situación en Cataluña y el socialista Salvador Illa tendría los votos necesarios para convertirse en president de la Generalitat. Pero crear un modelo de financiación autonómica diferencial para los catalanes tendría ecos en el resto del país. De hecho, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha criticado el acuerdo y ha dicho que «los que estamos en política, desde la izquierda, para combatir la desigualdad, no podemos dedicarnos a ampararla. Y mucho menos, a protegerla».
«El acuerdo de Sánchez con ERC es un mazazo al principio de solidaridad y un ataque frontal a Andalucía», le ha recordado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al Gobierno, en una publicación en X.
El Gobierno, que se abrió a condonar la deuda autonómica de las comunidades que así lo solicitasen, tendrá que explicar muy bien al resto de regiones por qué a Cataluña se le otorga ahora una singularidad en la financiación que no está reconocida en la Constitución; es más, que implica cambios normativos que tienen que contar con el apoyo del Congreso de los Diputados.
El pacto entre ERC y el PSC también implica romper los puentes que quedaban entre los de Raquel Sans y Junts, porque el acuerdo implica el mantenimiento de los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio, así como cerrar la puerta a deflactar el IRPF, todas estas medidas que figuraban en el programa electoral que lideró Carles Puigdemont en las elecciones catalanas.
Implicaciones a nivel legislativo
A nivel legislativo, el acuerdo supone el «impulso de las modificaciones que correspondan de la LOFCA, de la Ley de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley de cesión de tributos en Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos», según consta en el texto.
Para las modificaciones de leyes estatales el Gobierno necesitará el apoyo de la mayoría de investidura, de todos los socios de Sánchez, como publicó este periódico. Desde Junts hasta todos los componentes de Sumar. Como se explicaba anteriormente, el acuerdo incluye asuntos fiscales -Sucesiones, deflactación del IRPF- con los que esta formación no está de acuerdo. Por otra parte, Compromís ya dijo este martes que se opondrá al modelo catalán si no se aborda el problema valenciano, y Chunta Aragonesista avisó de que votará en contra de una financiación singular para Cataluña.
Es decir, el acuerdo firmado entre PSC y ERC deberá tener en cuenta también los apoyos que tenga el mismo en el Congreso de los Diputados, porque será allí donde se deberán modificar las leyes necesarias para que Cataluña pueda gestionar y recaudar el 100% de sus impuestos.
