Raquel Sans, la portavoz de Esquerra Republicana, no puso una coma de más cuando anunció el lunes por la noche el acuerdo con los socialistas y habló de un «concierto económico» similar al vasco, de una vuelta de tuerca a la inmersión lingüística y de una «Convención Nacional» para resucitar el procés… de otra forma.
Las veinticinco páginas del «Acuerdo de investidura entre el Partit del Socialistes de Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya» dado a conocer por ERC este mediodía confirman, negro sobre blanco, unos compromisos a los que muchos en el PSOE no daban crédito. Es más, su lectura ha intranquilizado más de lo que ya estaban a barones y militantes de base, tal y como ha podido constatar EL ESPAÑOL.
El PSC ha decidido aplazar cualquier valoración sobre este asunto al viernes, día 3, una vez se hayan pronunciado las bases de ERC. Emiliano García-Page no esperará tanto: el presidente de Castilla-La Mancha tiene previsto hacer una declaración institucional este mismo miércoles.
Tanto el Gobierno como Ferraz se felicitan hoy por el acuerdo sin entrar a valorar la letra pequeña. Una letra pequeña que confirma, en efecto, los peores presagios de no pocos socialistas. No es de extrañar la mala acogida -al menos por el momento- que el acuerdo firmado por Salvador Illa con ERC ha tenido en los medios afines al Gobierno.
Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, al dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, se ha mostrado satisfecha: «Los ciudadanos nos piden acuerdo, nos piden negociación. Este pacto es una victoria de la política útil». «Llegar a un acuerdo tan importante es triunfo de la buena política», ha añadido.
El PSOE, por su parte, tras la reunión de su Ejecutiva Federal, ha emitido un escueta resolución en la que afirma: «El PSOE respalda plenamente este preacuerdo y se compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación».
Lo firmado por el PSC
El pacto no sólo asume sacar a Cataluña del régimen común de financiación de las comunidades autónomas, sino que compra el relato del «conflicto político», de la «persecución» de las ideas y del «choque de soberanía» entra España y Cataluña.
Por tanto, si se cumple lo suscrito, habrá una Hacienda catalana que gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará, y que además tendrá «capacidad normativa». Incluso la «solidaridad» catalana con el resto de España estará condicionada a que las comunidades autónomas más desfavorecidas «lleven a cabo un esfuerzo fiscal» similar al que haga la Generalitat.
Este compromiso desmiente todo lo dicho en las últimas semanas por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y por la portavoz del PSOE, Esther Peña, que se negaban a hablar de «concierto» y que aseguraban que la «financiación singular» era compatible con el sistema multilateral de financiación de las comunidades autónomas.
En realidad, no hay una «reforma» del sistema, sino un cambio de modelo basado en la bilateralidad con Cataluña.
Pero el documento también garantiza la profundización en la inmersión lingüística que alcanzará hasta «las actividades extraescolares». El nuevo sistema supondrá no respetar el 25% de castellano en las aulas dictado por los Tribunales.
Con esa finalidad, se aprobará un «Pacto Nacional por la Lengua» en los cien primeros días del Gobierno de Illa. Tendrá un presupuesto, para arrancar ese ejercicio, de «200 millones de euros».
El acuerdo también contempla el referéndum pactado. Aunque no menciona la palabra, lo describe perfectamente: «Construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la sociedad catalana sobre el futuro de Cataluña. Este consenso nos debe permitir avanzar en la vía del diálogo y la negociación con el Estado para dar forma a un acuerdo que sea refrendado por la ciudadanía de Cataluña«.
Se incluye también la presencia independiente de Cataluña en organismos internacionales, desde la ONU a la UNESCO o EUROPOL, y «se consolidará y ampliará» la red de embajadas. También hay un compromiso de «promover» el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, que podrían así competir con España.
