Hicieron falta dos meses y medio desde las elecciones catalanas y casi 10 horas de reunión a puerta cerrada marcada por la desconfianza y las presiones del exterior, pero ERC ha alcanzado un preacuerdo con el PSOE para investir al líder de los socialistas, Salvador Illa. El precio, que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos y salga del régimen común de financiación autonómica.
«Es un éxito político de primera magnitud. Es fundamental abrir un tiempo nuevo en Cataluña con Illa», se afanan fuentes de Moncloa sobre el principio de acuerdo. Un pacto con cesiones mutuas, pero que ERC pudo vender en solitario el lunes a última hora con el beneplácito de los socialistas. «Venimos de donde venimos», se justifican.
A cambio de su apoyo durante la investidura, los republicanos han pregonado que Cataluña tendrá un concierto económico propio, una consejería para el catalán, un consorcio para las inversiones y la creación de una convención de partidos para la resolución del conflicto político.
«¿Hay que hablar de financiación? Se habla. No es la primera vez y nadie dice que vaya a ser la última«, explicaban este lunes fuentes de Moncloa. Hace apenas dos semanas, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta María Jesús Montero se abrió al consorcio tributario que Illa proponía, pero rechazó la propuesta de una «financiación singular».
Conocido ya el acuerdo con ERC este lunes, fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este periódico quitan hierro al asunto y se remiten a que el pacto con los republicanos tiene más de compromiso que de contrato, por lo que tendría que pasar por el Congreso.
Entre otros, porque para reconocer el régimen especial de los catalanes —emulándolo al de vascos y navarros— hay que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), y eso requiere mayoría absoluta en el Congreso. Dicho de otro modo, el bloque de investidura al completo.
Ni Ferraz ni Moncloa han informado todavía a los territorios sobre las negociaciones ni tampoco sobre el preacuerdo, el cual no es bien visto por los barones por suponer un «privilegio» para la financiación catalana. Precisamente, la dirección del PSOE ha convocado este martes a la Ejecutiva Federal para calmar los ánimos y poner todo el foco en el PSC.
De hecho, fuentes tanto de Ferraz como de Moncloa llevan semanas recordando que las negociaciones con Esquerra se daban «a nivel de partidos políticos, no de gobiernos». «Las conversaciones empiezan con Salvador [Illa] y terminan con Salvador», deslizaba una voz autorizada de la Ejecutiva Federal.
Todavía quedan piezas por encajar en Cataluña, y fuentes parlamentarias socialistas apuntan a que la batalla del Congreso vendrá después. Primero, dicen, Sánchez tendrá que explicar ante los barones y los socios parlamentarios el contenido del acuerdo, convencerles y, llegado el caso, compensarles en relación con Esquerra. Con Junts será con quien lo tenga más difícil.
Soberanía fiscal
Colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat era una de las grandes prioridades de Pedro Sánchez para dar estabilidad a la legislatura, más aún cuando los socialistas salieron del último Pleno del Congreso con el rabo entre las piernas, sin aprobar la reforma de la Ley de Extranjería ni los objetivos de déficit. A cambio, ha cedido con el «concierto económico solidario».
La llamada soberanía fiscal era el gran escollo pendiente, y por eso ERC pidió desde el primer momento «la llave de la caja». Dicho de otro modo, que sea la propia Generalitat la que recaude todos los impuestos que se pagan en Cataluña, como en el País Vasco y Navarra.
Cabe recordar que en 2023, la recaudación tributaria superó los 53.500 millones en la región; casi la mitad, unos 23.000 millones, en concepto de IRPF. Así, si la Generalitat pasase a gestionar el 100% de los tributos, manejaría más de 50.000 millones de euros cada año, que supone el 19,7% de la recaudación tributaria de España.
Ahora, todo depende del voto de 8.700 militantes de ERC, que decidirán el viernes telemáticamente si apoyar o no el preacuerdo.
En medio de todo esto está la propia situación interna de los republicanos, inmersos en un proceso de refundación que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Será entonces cuando tengan que decidir entre la actual secretaria general, Marta Rovira, que es quien ha liderado la negociación con el PSOE; o su antiguo líder, Oriol Junqueras, que todavía no se ha pronunciado.
