El PSOE de Madrid (PSOE-M) ha denunciado ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid el escándalo de los centros educativos que atañe a la región. Según las informaciones, que comenzó desvelando elDiario.es, la autonomía habría construido a través de contratos a dedo y fraccionados varios centros de Educación, sobre todo de Secundaria y, concretamente, de Formación Profesional (FP).

El Grupo Parlamentario Socialista considera el caso, que evidencia una vez más la gestión educativa de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso, muy “preocupante” y pide explicaciones a los responsables con carácter “muy urgente”. “Estamos en una dinámica muy negativa que hay que frenar y reconducir con diálogo, solvencia y responsabilidad”, señala el responsable de Educación de los socialistas madrileños, Esteban Álvarez.


Más Madrid también pide explicaciones

El conjunto de la izquierda ha unido fuerzas para que la Consejería de Educación aporte las explicaciones necesarias sobre el presunto levantamiento irregular de estos centros. Ya la semana pasada, Más Madrid quiso poner pie en pared contra el departamento de Viciana consiguiendo que la Junta de Portavoces debatiera la petición de un pleno extraordinario para abordar la situación. Además, la formación de Manuela Bergerot pidió que el responsable educativo compareciera de manera urgente para dar explicaciones e intentar aclarar un hecho que implica una nueva polémica para el equipo regional.

“Es fundamental que se celebre este pleno extraordinario para que Emilio Viciana dé la cara y explique cómo se ha permitido la construcción de centros de FP troceando facturas para eludir los controles sobre el dinero público”, emitía Bergerot.

Al menos siete centros con facturas troceadas

El departamento dirigido ahora por Emilio Viciana reformó hasta siete centros educativos sin someterlos a concurso y con facturas troceadas. La noticia veía la luz a principios de julio cuando se supo que el Ejecutivo de Madrid había construido la menos dos centros de FP sin contrato, fuera del presupuesto y sin expediente oficial ni control económico algunos. Uno de estos supuestos ya se envió a la Fiscalía, órgano que lo encuentra investigando por indicios de delito de corrupción. Ahora el PSOE lleva asimismo a la Justicia que los edificios que se levantaron a dedo y haciendo pasar obras millonarias por contratos menores podrían estar relacionados con un “delito continuado de prevaricación administrativa”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y si jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez


A principios de este mes se conocía que la Consejería de Educación levantó al menos dos centros sin contrato, fuera de presupuesto y sin expediente público, lo que en la práctica supondría el incumplimiento de la Ley 9/2017 de contratos del sector público. El objetivo de la Comunidad con el proceso denunciado parece evidente: hacer pasar obras millonarias por otras que no lo son a partir de varias facturas. El hecho obedece a una situación irregular, principalmente porque se refiere a reformas con un coste superior a los 40.000 euros más IVA y, por tanto, se tendrían que haber sacado a concurso.

En un primer momento el escándalo salpicaba a dos de los centros educativos más grandes de Madrid. El primer ejemplo obedecía al complejo escolar de Ciudad Escolar, donde se levantó un hospital escuela para que los alumnos de la rama de FP sanitaria pudieran hacer prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. La operación -después fraudulenta- se realizó en 2021 con la intención de que en caso de pandemia el lugar pudiera servir de hospital. Para ello, los directores del Ciudad Escolar y el instituto Hotel Escuela -que conforman el complejo- pusieron más de 700.000 euros de sus cuentas y dejaron a deber más de 1,6 millones de euros.

El caso se inició después de que un empresario denunciara que no le habían pagado la obra que hizo en este macrocomplejo. Después de enviar varios burofaxes a Educación y reunirse con un asesor de Ayuso para intentar que le pagaran lo que le debían, la propia consejería comenzó una investigación y dio traslado de la misma a la Fiscalía Provincial de Madrid ante los indicios de delito que constató.

En casi todas las Áreas Territoriales

En 2022 la Comunidad de Madrid llevó a cabo un modus operandi similar con la Escuela de Arte Alcalá para pagar, en esta ocasión, 1’2 millones de euros. Aquí se levantó un centro de diseño y arte también de FP después de demoler una planta de más de mil metros cuadrados. Dichos pagos se realizaron, también de forma fraccionada, desde el Instituto Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música y la propia Escuela de Arte. Pero la cosa no queda ahí, sino que este modus operandi se habría llevado a cabo en otros centros educativos de casi todas las Direcciones de Área Territorial (DAT).

 

 

 

 

 

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