«Vayan a buscar ‘panzas'» a los barrios marginales. Esa fue la propuesta que la entonces jueza de Familia de Pilar (ciudad de la provincia argentina de Buenos Aires, a 54 kilómetros al noroeste de la capital) identificada como Alejandra C. V., hoy de 64 años, habría realizado a dos trabajadoras sociales del juzgado de Familia del que era titular y cuya finalidad era que localizasen en barrios deprimidos de ese municipio mujeres en situación de vulnerabilidad que estuviesen embarazadas para hacerse con sus hijos y poder ‘vendérselos’ a matrimonios adinerados.
Es solo una de las múltiples acusaciones que pesan sobre la exjueza, que residía en València hasta su detención, practicada el pasado lunes por agentes de la Policía Nacional, y que llevaron a un jurado integrado por magistrados a expulsarla definitivamente de la carrera judicial en septiembre de 2017, dos años después de que fuera denunciada por el colegio de abogados de Pilar y por la Fiscalía de esa zona del país.
En este momento, y desde hace apenas una semana, cuando concluyó la investigación abierta una vez que la destitución la dejó sin el aforamiento del que gozan los jueces en Argentina, pesaba sobre ella una orden internacional de detención por «cohecho activo y falsedad ideológica en documento público», las dos acusaciones por la vía penal que la esperan en su país. En virtud de esa orden emitida a través de Interpol, agentes de la unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de València la localizaron y arrestaron en una calle del valenciano distrito de Extramurs, a primera hora de la tarde de este lunes.
Menores desprotegidos y expedientes de violencia
La ahora detenida en València fue durante seis años la titular del Juzgado de Familia número 1 de Pilar y, como tal, no solo se encargaba de tramitar judicialmente los expedientes de adopción, si no que además veía casos de violencia machista, de violencia doméstica y era responsable de dilucidar y seguir los expedientes de tutela de menores en acogida o en desamparo, entre otras funciones inherentes a su cargo.
Pues bien, además de favorecer a parejas adineradas, que casi siempre llegaban de la mano de un abogado amigo suyo, en los procesos de adopción, alterando la documentación para priorizar sus casos o favoreciendo, presuntamente a cambio de regalos y dinero, el acceso a determinados recién nacidos, obligaba a los funcionarios de su juzgado a suplantarla para dar salida a los asuntos mientras ella estaba «de viaje cultural», los sometía a un acoso laboral que dejó medio juzgado en situación de baja psicológica (varios de ellos en tratamiento) o les obligaba a asumir sus funciones en juicios, interrogatorios y otras diligencias de obligado cumplimiento por el juez. Lo recoge con todo lujo de detalles la extensa sentencia por la que fue destituida.
600 resoluciones firmadas ‘en diferido’
Entre otras irregularidades que quedaron probadas en aquel juicio de 2017 con un jurado técnico especial, se le achaca, por ejemplo, la firma ‘en diferido’ de 600 resoluciones judiciales, incluidas, obviamente, sentencias e incluso mandamientos de entrada y registro con presencia policial, mientras estaba fuera del país, ya que viajaba con frecuencia a Uruguay, Chile o Estados Unidos, entre otros. En contadas ocasiones pedía permisos oficiales; en la inmensa mayoría, no, simplemente se iba. Sin embargo, dejaba ordenado a sus funcionarios, declararon estos y dio por bueno el jurado, que los expedientes continuasen la tramitación y ella los firmaba a su regreso, pero alterando la fecha, claro está. La situación llegó a ser «tan caótica», dice la sentencia, que incluso había resoluciones y providencias firmadas en domingo, es decir, en día no laboral.
Para darle aspecto de legalidad, obligaba a los funcionarios a falsificar su fichaje, lo que quedó al descubierto en la investigación al cruzar los datos de sus salidas del país y su falsa presencia en el juzgado. Todos los trabajadores judiciales afirmaron haberlo hecho «por terror» a la jueza. «Si no lo hubiera hecho, hoy no estaría acá», llegó a declarar una de ellas ante el jurado de magustrados que la destituyó.
Es más, según la sentencia, incluso le hacían consultas telefónicas cuando no estaba en el juzgado, que era en numerosas ocasiones (estuviera o no de viaje), y ella ordenaba qué y cómo resolver los asuntos judiciales, que después firmaba a su vuelta. En ocasiones, eso llegó a suceder incluso estando encerrada en su despacho, pero sin atender sus funciones, momentos en los que nadie podía molestarla, declararon.
Acoso a los funcionarios
La situación llegó a generar tal situación de estrés en buena parte de los trabajadores, que muchos acabaron de baja. Una de las funcionarias, por ejemplo, que sufrió un aborto en pleno juzgado, no pudo ser llevada por una compañera al hospital porque la jueza lo impidió, dio por probado ese jurado, y a otra «la escondíamos en la cocina», declararon sus compañeros, ya que estaba muerta de miedo porque si se cruzaba con la jueza, esta le gritaba e insultaba porque se había quedado embarazada.
En cuanto a su falta de diligencia y mala praxis profesional, el listado también es largo. Se dio por probado, por ejemplo, «el hostigamiento» en su despacho a una de esas madres de quienes obtenían los niños en adopción para que aceptara entregar su bebé, o un expediente en los que la progenitora biológica era obligada a compartir abogado (el amigo de la jueza, por supuesto) con los futuros padres u otro en el que dos hermanas lograron adoptar sendos bebés con apenas unos días de diferencia y en un tiempo record, saltándose toda la lista de espera.
El expediente perdido de un menor
Un caso especialmente sangrante es el de una causa sobre un menor tutelado para su protección tras protagonizar un intento de suicidio que estuvo un año perdida y sin control de ningún tipo. Ese chico estuvo tan desatendido y descontrolado que lo estuvieron trasladando de centro en centro por razones desconocidas y con tal frecuencia que, cuando cumplió la mayoría de edad y se toparon con su expediente, nadie del juzgado sabía en qué centro se encontraba en ese momento.
El juez obliga a llevarla físicamente a Madrid
El juez de Instrucción central 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en funciones de guardia, ordenó que la detenida fuese llevada físicamente a su presencia tras rechazar que la comparecencia se pudiese hacer por videoconferencia, lo que habría ahorrado el viaje de ida y vuelta a Madrid en un coche oficial de la Policía Nacional y las dietas de los dos agentes implicados en el traslado. La Audiencia Nacional es el órgano judicial competente para atender y tramitar, si lo considera oportuno, las órdenes internacionales de detención a efectos de extradición.
