El director de Noticias 2, Vicente Vallés, analiza la decisión de Puigdemont de no apoyar el techo de gasto y el recurso contra la ley de amnistía presentado por el Supremo ante el Constitucional.
Un año después de las elecciones generales, esta semana se ha evidenciado en el Congreso que la mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez era solo eso: una mayoría parlamentaria para la investidura, pero no para la legislatura.
Puigdemont ha demostrado lo que ya se podía suponer: que Moncloa podrá gobernar solo si se lo permiten desde Waterloo. Y siempre será a cambio de algo. Hace unos meses, el pago a cambio de la investidura de Sánchez fue la ley de amnistía. Y esa ley no deja de provocar choques continuos en el ámbito político y en el judicial.
El nuevo episodio lo protagoniza el Tribunal Supremo, que es donde se juzgó a los líderes del proceso independentista: recurren la ley de amnistía ante el Constitucional. Y es importante detenerse en la terminología inequívoca de ese recurso, porque dice sin rodeos que el proceso independentista fue un golpe de Estado, y que la amnistía atenta contra el principio de igualdad de los españoles.
Pero Moncloa confía en que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional desmonte este recurso del Supremo, igual que ha desmontado la sentencia de los ERE fraudulentos del PSOE andaluz.
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